La información oficial del gobierno menciona que, durante el anuncio, Urtubey ha estado acompañado de miembros de su gabinete (cuya presencia se entiende lógica), pero, en párrafo separado informa lo siguiente: «También participaron el diputado nacional Pablo Kosiner y la senadora del departamento La Caldera, Silvina Abilés».
Se desconoce qué responsabilidad tienen tanto Kosiner como Abilés en la formulación y ejecución del mencionado plan gubernamental, de modo tal que su presencia en un anuncio tan importante solo se explica porque el primero, además de ser diputado nacional en la actualidad, es candidato a un tercer mandato para el mismo cargo, y porque la segunda, además de ser senadora por La Caldera, es candidata a senadora nacional por el partido de Urtubey.
Si Abilés y Kosiner hubieran asistido al acto como simples simpatizantes del gobierno, podrían incluso haberse colocado en la primera fila, como efectivamente lo hicieron, sin apenas levantar sospechas de electoralismo. Sin embargo, al haberse destacado en un párrafo aparte de la información oficial su presencia en dicho acto, no quedan dudas de que la intención de Urtubey no era solo de mostrarlos en la foto sino de destacar su presencia con nombres y apellidos.
A todo esto, los argumentos con los que Urtubey ha justificado una intervención que el Estado pudo haber puesto en marcha muchísimo antes, son típicamente electoralistas. “Frente a esta crisis no hay tiempo de ver quién tiene la culpa; debemos hacernos cargo y estar del lado de quienes más sufren”, ha dicho el Gobernador de la Provincia.
Sin embargo, no poco tiempo ha dedicado el Gobernador y candidato a cargar las tintas sobre el gobierno del presidente Mauricio Macri a quien por activa y por pasiva ha responsabilizado de la aguda crisis económica y social que se vive en Salta. Lo ha vuelto a hacer hace pocos días, con ocasión de la inauguración de unos colegios en el Norte, en donde ha dicho que, a pesar de la crisis, “Salta tiene una agenda distinta”.
La esencia del plan alimentario provincial ha sido resumida por Urtubey con unas cuidadosas palabras: «es un programa solidario que apunta a atender las necesidades alimentarias de quienes menos tienen, en el contexto de esta grave crisis económica que vive el país». Urtubey no habla en consecuencia de la grave crisis económica que vive Salta y que tiene unos claros matices distintivos que denuncian la inercia y la ineficacia del gobierno provincial.
En el mismo discurso, y poco después de decir que no tenía tiempo «para ver quién tiene la culpa», Urtubey ha dicho que el llamado Plan Alimentario Salteño es la respuesta de su gobierno «frente al incumplimiento por parte del Gobierno nacional de algunas de sus obligaciones con la Provincia, afectando especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad».
Si bien Urtubey no ha dicho a qué se debe la vulnerabilidad de la que habla, ha dicho que va a destinar 350 millones de pesos para hacer posible que 139 escuelas abran sus puertas también los fines de semana y que en los 112 centros de primera infancia los niños puedan comer los sábados y domingos. También ha prometido duplicar las «partidas» (se entiende por estas las ayudas que el gobierno concede) de comedores, clubes y hogares de ancianos.
Uno de los puntos más altos del plan, es el refuerzo de los llamados cuerpos infantiles de policía, unas organizaciones celulares cuya plena compatibilidad con las normas internacionales que protegen los derechos de los niños se encuentra en serio entredicho. Del anuncio de Urtubey se desprende que, además de cachiporras, uniformes azules y entrenamiento marcial, los niños que acudan a estas brigadas también serán provistos de un choripán.
Finalmente ha dicho que tiene previsto «implementar» módulos alimentarios «para 14.000 familias de pueblos originarios», a los que felizmente ahora se les está tratando con el mismo mimo conservacionistas que a las menguadas poblaciones de yaguareté.
El plan de Urtubey no permite distinguir la situación excepcional de la normalidad, por cuanto, luego de anunciar el refuerzo de las partidas presupuestarias destinadas a la comida de los niños pobres, el gobierno ha anunciado su voluntad de «cubrir la falta de entrega regular de medicamentos oncológicos y básicos por parte del Gobierno Nacional, garantizando su total provisión y se reforzará la asistencia permanente en localidades vulnerables». Es decir, que si no estuviese el hambre de por medio, los medicamentos oncológicos serían una especie de privilegio para los ricos que viven en las ciudades más importantes.
Otra vez, «sin echar culpas», la falta de estos medicamentos es responsabilidad del pérfido e insensible gobierno nacional, y tiene que ser el gobernador Urtubey quien se ponga el hambre y el cáncer al hombro para que Salta pueda respirar en esta situación de «crisis generalizada».
Finalmente, aunque Urtubey se ha llenado la boca calificando a su plan alimentario como «solidario», no se sabe muy bien en qué sentido fluye la solidaridad, puesto que al mismo tiempo que ha anunciado refuerzos presupuestarios, el Gobernador también ha anunciado una rebaja de impuestos en forma de «bono fiscal» para que las empresas y contribuyentes locales obligados a pagar tributos provinciales no tengan que hacerlo (o paguen menos). De modo y manera que al plan alimentario de Urtubey lo van a pagar, o bien el gobierno nacional (que según el Gobernador es la causa de todos los males), o el próximo Gobernador, a quien le van a faltar los recursos fiscales generosamente «perdonados» por Urtubey en el tramo final de su mandato.
Si esto no es proselitismo, pues que venga Dios y lo vea.