La reacción cívica contra la perpetuación en los cargos públicos electivos obedece a dos razones fundamentales:
1) La necesidad de evitar que la política se «profesionalice», en el sentido de que se convierta en una actividad habitual que procure para quien la ejerce los medios materiales necesarios para su sustento; o se «cartelice», a fin de evitar la mutua competencia e impedir que unos pocos regulen el acceso y la salida en el mundo de la política.
2) La necesidad de evitar la concentración del poder, que es una consecuencia casi inevitable del largo ejercicio de una potestad pública.
Por estas razones, en los sistemas constitucionales -entendiendo por tales aquellos que se organizan sobre el principio del poder político limitado- todos los cargos públicos, sean o no electivos, deben estar sometidos a una razonable periodicidad.
Especialmente cuando se trata de cargos con responsabilidad ejecutiva o cargos en las asambleas parlamentarias.
Por supuesto que es bueno reaccionar contra la eternización de los intendentes municipales, que en la Provincia de Salta no tienen un límite legal para sus reelecciones.
Pero tan distorsiva de la convivencia, tan dañina para la democracia, es la reelección indefinida de los intendentes municipales, como la repetición de diputados y senadores nacionales y provinciales.
Es decir, quien se queja de que los intendentes municipales llevan décadas ejerciendo el mismo cargo y acumulando un poder excesivo y contraproducente no puede defender al mismo tiempo que senadores y diputados que llevan siendo reelegidos un tiempo similar permanezcan en sus cargos, como si eso fuera lo mejor que nos podría pasar.
Apuntar contra los intendentes y tolerar que los diputados y senadores repitan mandatos a su antojo da a entender que la crítica a la eternización de los primeros obedece exclusivamente a que ellos -los intendentes- han elegido otro candidato a Gobernador.
Si la postura contra las reelecciones indefinidas es consistente y sincera, también debería tener en cuenta que algunos personajes, como Juan Carlos Romero, Santiago Godoy o Pablo Kosiner llevan décadas enteras ejerciendo este tipo de cargos, sin que en ninguno de los tres casos haya sido notable su contribución al progreso de la República Argentina o de la Provincia de Salta.