Que Salta sea -como dice Urtubey- un paraíso terrenal en donde la corrupción política no existe más que en la imaginación de los opositores al gobierno es algo de lo que se debe dudar muy seriamente. Si Salta fuera de verdad un enclave territorial exento de corrupción, ya habría salido en los diarios más importantes como un caso único en el mundo.
El Gobernador de la Provincia ha hecho de esta ficticia ausencia de corrupción uno de los principales reclamos de su campaña proselitista nacional. Pero los últimos datos de la realidad no lo ayudan.
Hay que tener presente que el hecho de que el Gobernador en persona no tenga denuncias en su contra por hechos de corrupción o de enriquecimiento ilícito -algo que habrá que ver, cuando en Salta hayan jueces y fiscales independientes- no quiere decir sin más que Salta se encuentre inmunizada contra este tipo de conductas y que el entorno más cercano del Gobernador no se haya beneficiado de la economía opaca.
En la memoria de todos, las cuantiosas subvenciones que Urtubey concede a la fundación que dirige su exsuegro, y las transferencias de dinero a la organización que preside el exnochero Jorge Rojas. Ambas organizaciones son clave en la campaña proselitista nacional del Gobernador de Salta.
En las últimas semanas ha comenzado a destaparse el caso de las facturas falsas y otra serie de presuntos actos ilícitos que involucra a un importante empresario salteño que mantiene estrechos vínculos con el gobierno y que es un conocido contratista de la obra pública.
Hoy mismo se ha conocido que otro aliado del gobierno de Urtubey, el exobispo de Orán Gustavo Zanchetta ha sido denunciado por la presunta apropiación indebida del dinero de unas subvenciones pagadas por el gobierno provincial para la impartición de cursos de enseñanza de religión.
Si bien los dos hechos se encuentran bajo investigación judicial y respecto de los denunciados rige la más esplendorosa de las presunciones de inocencia, algunas de las conclusiones provisionales de la investigación permiten afirmar ya mismo que, más allá de las responsabilidades individuales que pueden llegar a declararse en sede judicial, existen en Salta amplios espacios para el despliegue de conductas corruptas, que no solo transitan un empresario avaricioso o un obispo de mano ágil, sino que podrían estar siendo pavimentados (quizá por falta de controles adecuados o por falta de voluntad de ponerlos en práctica) por el propio gobierno provincial.
De lo que se trata, en ambos casos, es de la apropiación de dinero público para fines ajenos a los que motivaron en su día su desembolso por parte del Estado. Quien se haya beneficiado es lo que menos debería preocupar ahora. El que alguien se preocupe más en señalar a los posibles beneficiarios directos de la maniobra que en destapar los circuitos que han favorecido el beneficio indebido, lo que intenta es desviar la atención, no con otro objeto de eximir al gobierno y a sus funcionarios de cualquier responsabilidad; especialmente aquella que se deriva de la llamada culpa in vigilando.
Lo que de verdad inquieta es que ese dinero que sale de las arcas públicas se pueda malversar con una facilidad tal que la sola desaparición de algunos documentos haga prácticamente imposible la reconstrucción de las conductas presuntamente delictivas.
Hoy, la sociedad de Salta necesita conocer más la verdad que condenar a los culpables directos. Y el conocimiento de la verdad molesta e inquieta a algunas personas, que son las que ahora mismo están tirando balones afuera con estos asuntos.
A algunos les preocupa su supervivencia, porque no conocen otra forma de vivir que reptando en la economía sumergida, bordeando la ley y engañando a sus semejantes. Pero a otros les preocupa porque si se llegara al fondo de los asuntos y se supiera la verdad, el candidato a Presidente ya no podría jamás volver a enarbolar como bandera la virginidad de su gobierno, y la suya personal, en materia de corrupción.