La alta representación del Estado salteño: Una farsa antidemocrática

  • La prueba más consistente de la decadencia de las instituciones políticas de la Provincia de Salta la ha aportado esta fotografía, que documenta la reunión mantenida recientemente entre el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social con seis altos representantes de la Provincia de Salta, entre los que solo había peronistas; es decir, miembros de un solo sector político.
  • Todos peronistas

El gobierno de Salta puede estar representado por peronistas. De hecho, así se lo permiten las últimas elecciones celebradas en el territorio.


Pero el Estado provincial salteño -que es bien diferente al gobierno- jamás puede estar representado solo por peronistas, ni por personas que pertenecen a un mismo partido político, bajo ninguna circunstancia.

En virtud de mandato constitucional, la máxima representación del Estado es ejercida de forma exclusiva por el Gobernador de la Provincia, a quien, cuando actúa en su calidad de representante de la Provincia de Salta, le está rigurosamente vedado ejercer como el líder de una fracción política. El Gobernador es siempre el representante del conjunto, por más que al mismo tiempo sea el líder de una parcialidad. Saber distinguir entre estos roles y no confundirlos interesadamente y en su propio provecho forma parte de los deberes más elementales de un buen gobernante.

Cuando el Gobernador se vale de su potestad representativa para sacar ventajas personales o sectoriales en la lid electoral o en el combate político, lo que está haciendo es incumplir la Constitución. Cuando confunde las decisiones de gobierno con las del Estado, no solo está mezclando las cosas sino que está abusando claramente de los poderes limitados que le han sido confiados.

Una forma de abusar es aprovechar el poder de representar al Estado para hacer campaña proselitista en su favor, como si su candidatura a Presidente hubiese sido previamente plebiscitada en Salta y detrás de ella se encontrara la totalidad de la población, o el Estado provincial en su conjunto. Pero otra forma de exceder los límites de lo razonable es llevar a una reunión «de Estado» a cinco señores que no representan ni de lejos la variedad ni el pluralismo de la sociedad salteña.

¿Qué pueden pensar las feministas salteñas, que son muchas y muy influyentes, al ver sentada en una reunión, en representación de toda la Provincia de Salta, a la senadora Cristina Fiore Viñuales uno de los exponentes más destacados de la misoginia provinciana?

¿Cómo deberían reaccionar los pobres y desvalidos de Salta al ver que en representación suya se sientan millonarios indolentes y rapaces como Romero o los hermanos Urtubey?

¿Cuál es el sentimiento que tienen que experimentar las víctimas de agresiones sexuales en Salta al ver que en representación suya acude el senador Rodolfo Urtubey, que se hizo más o menos célebre al sostener en un debate público la existencia de «violaciones sin violencia»?

Las decisiones «de Estado», incluidas las reuniones, exigen la concurrencia de todos los sectores políticos y de todas las corrientes de opinión, debidamente institucionalizadas. El que los tres senadores nacionales por Salta pertenezcan a un mismo partido político y compartan -bien que a su manera- ideología y estrategias de acción, habla muy mal de ellos mismos y de la institución a la que pertenecen.

Lo peor de todo esto es que si el Gobernador de Salta se hubiera llevado a la misma reunión a los siete diputados nacionales por Salta y a los veintitrés senadores provinciales (en un 95 por cien, peronistas), la situación habría sido igual o incluso más grave.