Vamos a suponer, para empezar, que cualquier ciudadano podría señalarle al Gobernador que se está excediendo de una forma especialmente ilegítima en el uso del avión oficial, en el de las oficinas del Estado, en el del tiempo de trabajo propio y de sus funcionarios, en el de la imagen de la Provincia de Salta (que no es de él, así como tampoco de su partido) o en el de la comunicación oficial, que los salteños mantienen con su dinero para enterarse de los actos de gobierno, no de los «diagnósticos» megalómanos y electoralistas del Gobernador.
En primer lugar, lo tendría difícil cualquier ciudadano cuya subsistencia material dependiera de un sueldo del gobierno. Por ejemplo, los empleados públicos y los funcionarios de cualquier rango. ¿Quién podría decirle al Gobernador que está muy mal y que viola la ley el hecho de que cubra una pared de la Casa de Salta en Buenos Aires con una bandera de su partido político y que realice allí mismo un acto partidista? ¿Quién será el osado ciudadano que se animará a decirle que los tuits y retuits de #AlternativaFederal que publica el perfil oficial de Twitter del Ministerio de Seguridad de Salta son un verdadero insulto a los ciudadanos e indignos de cualquier gobierno? El empleado o funcionario que sufriera un ataque de sentido común en este aspecto, y su familia, corren serio riesgo de no comer mañana.
La idea de unos salteños postrados de rodillas ante la inevitabilidad de la candidatura presidencial del Gobernador (del gaucho que a caballo conquistará el sillón de Rivadavia) y la antidemocrática presunción de que toda Salta la apoya (nadie ha votado eso, que se sepa), son pensamientos sin dudas atractivos, pero para cualquier mentalidad totalitaria. Desde luego no para los pocos espíritus auténticamente demócratas que en Salta vagan errantes como almas en pena.
Los motivos de la cobardía cívica son un poco menos justificables en otra categoría de ciudadanos que son los legisladores provinciales, de cualquier partido que sean, que acostumbran a mirar para otro lado y a considerar «natural» que los bienes y recursos del Estado, que deberían ser neutrales y mantenerse a buen recaudo de las pujas electorales, se utilicen con descaro para finalidades que no están contempladas ni en la Constitución ni en las leyes.
En todo este tiempo (y hablamos de los últimos cuatro años), ninguna de las cámaras de la Legislatura de Salta se ha preocupado por alumbrar una declaración de reprobación a este comportamiento, que daña a una parte importante de los ciudadanos de Salta, incluidas aquellas personas decentes que, por algún motivo, simpatizan con el Gobernador pero que no comparten sus discutibles métodos.
Curiosamente, la cobardía tiene mejor de defensa cuando se trata del Poder Judicial, puesto que quienes lo ejercen no pueden efectuar declaraciones generales de condena sobre comportamientos que violan las leyes y solo pueden tomar decisiones cuando alguien les somete alguna controversia para que conozcan de ella y la resuelvan. Pero aunque algo como esto ocurriera en Salta, ¿a alguien se le puede ocurrir que unos jueces y unos tribunales como los que tenemos se animaría a señalarle algún incumplimiento al Gobernador de la Provincia, por más manifiesto y dañino que fuese?
Nuestros jueces son tanto o más cobardes que nuestros legisladores. Igual que nuestros fiscales, dirigidos ahora por un «valiente» que solo muestras las uñas cuando se trata de defender al gobierno y a sí mismo. Y hablo de cobardía, no como un vicio general y comprensivo de cualquier actitud o contingencia de la vida, sino de un temor o una pusilanimidad específicamente políticos. Y no sé qué es peor.
Solo quedan para estudiar a los políticos de la oposición y a los medios de prensa, que en cualquier país del mundo en donde se respetan los principios democráticos son los primeros interesados en denunciar con energía los excesos y abusos del poder.
En este grupo tan particular suceden cosas un poco extrañas, y muchas de estas rarezas están relacionadas con la virtual inexistencia de los partidos políticos.
Cuando las elecciones se acercan, los dirigentes políticos no saben muy bien -son incapaces de calcular- quiénes serán sus futuros aliados, y es por esta razón que prefieren moverse con cautela y no atacar abiertamente a sus contrarios. Si sacudimos mucho el escenario, nos arriesgamos a quedarnos solos y aquí lo que se necesitan son laderos y votos, en cantidad.
Muchos de estos dirigentes son perfectamente conscientes de que el Gobernador de la Provincia, cuando abusa manifiestamente de su poder, no solo los está dañando a ellos y a la libre competencia electoral, sino que les está metiendo la mano en el bolsillo a todos los salteños, para que sean estos los que paguen su campaña nacional, sea que simpaticen con él o no. Hay aquí una cuestión de responsabilidad política que excede con creces la sensibilidad individual de cada dirigente. Reaccionar es una conducta obligada.
El daño que esta actitud del Gobernador provoca en el conjunto de la ciudadanía salteña es tan grande, que no hay justificación ninguna para que los dirigentes políticos opositores guarden silencio, en nombre de la cautela o de la estrategia electoral. No hay ningún interés, ni partidario, ni sectorial, ni personal que justifique el silencio y mucho menos la complicidad frente a un atropello al sentido común, que además no se está perpetrando con sigilo sino con un enorme desparpajo y desprecio hacia los demás.
En los últimos meses, ningún político de la oposición se ha manifestado ni siquiera preocupado por la utilización de los recursos del Estado o de la imagen de la Provincia de Salta, por la manipulación de la imagen de Güemes, por la instrumentalización del turismo o la banalización de la cultura. Este vacío solo se explica por dos cosas: o por la cobardía cívica a la que hacía referencia un poco más arriba, o por la creencia generalizada de que es «normal» que quien ejerza el poder considere los bienes públicos de su propiedad y pueda disponer de ellos como si se tratara de un dominus puramente privado.
Y en lo que se refiere a los medios de prensa, la explicación de su silencio cómplice debe volver al punto de partida: la práctica totalidad de estos medios y de las personas que en ellos trabajan dependen para sobrevivir de un sueldo del gobierno.
Aquel sujeto que faltando algo menos de seis meses para concluir un larguísimo y tedioso ejercicio de doce años de poder omnímodo ha mandado a la Legislatura un proyecto de ley de «Estado abierto» (para que el transparente no sea él, pudiendo haberlo sido desde 2007), es el mismo que se ha encargado los doce años anteriores de diseñar prolijamente una red clientelar de medios y de periodistas para que estos hagan y digan lo que solo a él conviene, y para silenciar todo aquello que puede perjudicarle.
Es lo que se podría llamar «la cobardía del choripán vacío».
