Hace poco más de un mes y en el curso de una conferencia de prensa -lo que no es frecuente en el mundo judicial- el juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo Castellanos, anunció la dimisión a su cargo, con efectos diferidos al 11 de mayo de 2019.
Tanto su decisión de renunciar (cuando aún le quedaba un año más de mandato) como los argumentos empleados para justificar su alejamiento del cargo, trajeron un alivio momentáneo a esa enorme olla a presión en que se ha convertido el Poder Judicial de Salta desde finales del año 2015.
Si solo hubiese posibilidad de subrayar dos de aquellos argumentos, me inclinaría por señalar a los siguientes: 1) la necesidad republicana de renovación de las más altas magistraturas del Estado, y 2) la aspiración del renunciante (una persona que ha alcanzado sin dudas la cúspide de su madurez personal y jurídica) de dedicar su tiempo futuro a lo que se podría llamar con más precisión en inglés como new endeavours.
El contenido moral de la dimisión de Abel Cornejo podría haber quedado como una lección para las futuras generaciones de salteños, pero alguien se ha encargado de quitarle al gesto del ya casi exjuez todo su significado moral y político.
Ese alguien no es otro que el gobernador Juan Manuel Urtubey, que con su decisión de intercambiar los puestos que desempeñan Cornejo y López Viñals ha demostrado una vez más su capacidad de hacer añicos el Estado de Derecho, en nombre del poder democrático, ejercido en este caso, no en interés ni en nombre de la mayoría social, sino en nombre y en interés del propio gobernante.
Urtubey necesita hoy, más que ser Presidente, edificar una impunidad a largo plazo. Y si para su casi imposible elección como Presidente está dispuesto a vender su alma al diablo, habría que pensar qué no está dispuesto a hacer para blindarse frente a los ataques que recibirá en el futuro, cuando deje de ser Gobernador de Salta.
Para empezar, Urtubey ha degradado a Abel Cornejo (probablemente con la aquiescencia de este), pero no ha vacilado en manosear el prestigio del todavía juez de la Corte de una forma realmente vil y despreciable. Si después del 11 de mayo, como estaba previsto, Cornejo recuperaba su libertad de elegir como ciudadano, seguramente hubiera encontrado un número bastante interesante de puertas abiertas para coronar su larga carrera pública del modo más digno y presentable posible.
Pero Urtubey no tolera que haya en Salta personas que den lecciones de moral a la sociedad y es por ello que se abocó a la tarea de quitarle, tanto al gesto como al mensaje enviado por Cornejo al mundo de la política, su más prístino significado. Lo que la palabra «renovación» significaba para Cornejo no inquieta a Urtubey, porque lo suyo no es la renovación sino el poder perpetuo, que para él ocupa un escalón más alto en su peculiar escala de prioridades.
De repente, el «futuro abierto» de Cornejo se cerró de un portazo, y ahora uno de nuestros mejores juristas estará condenado a jubilarse como el jefe de los fiscales de Salta, que tampoco son -y permítanme decirlo, sin ánimo de ofender a nadie- los integrantes del Comité Noruego para el Premio Nobel de la Paz. Es decir, que por la santa voluntad de Urtubey, y solo por sus necesidades coyunturales de impunidad (que son bastante comprensibles, por cierto) Cornejo seguirá envuelto en ese mundo de aires mefíticos, sin apenas cambiar su lugar de trabajo, sus rituales y su estilo literario.
La degradación humana y profesional de Abel Cornejo (que se puede entender como un «servicio a la patria») se complementa con la correlativa promoción de Pablo López Viñals, otro buen jurista al que la docilidad al poder ha hecho un enorme daño personal. Probablemente López Viñals esté mejor preparado que cualquiera de los compañeros que encontrará ya sentados en el tribunal del que pasará a formar parte, y mucho mejor que todos los candidatos que se insinúan para reemplazar a los que este año les caduca el mandato. Pero sentarse en la Corte como resultado de una operación de blindaje tan descarada es también una forma de rebajar la cuantía del premio.
En resumen, dos trayectorias respetables han sido severamente dañadas por una ambición de poder que ya se ha demostrado que no tiene límites y que no los tendrá en la medida en que las personas y las instituciones sigan siendo manipuladas para fines tan poco respetables como el de asegurar la incolumidad de una sola persona.
Los dos -Cornejo y López Viñals- todavía pueden renunciar a la designación propuesta y dejar a salvo su honor. El que lo hagan o no dirá mucho del futuro que aguarda a los salteños, de la calidad de la justicia, así como de su independencia y su imparcialidad, y del lugar que verdaderamente ocupan en nuestra sociedad los valores morales sobre los que supuestamente se asienta nuestra convivencia.
En definitiva, que estamos frente a una ocasión quizá irrepetible para que en Salta, de una vez, caigan las máscaras y cada uno se revele al prójimo como lo que realmente es.