La horrorosa herencia social de los gobiernos de Juan Manuel Urtubey

  • La calidad de las democracias contemporáneas se mide por tres indicadores muy difíciles de eludir: 1) el nivel de disfrute de las libertades individuales y los derechos políticos; 2) la eficiencia de las políticas sociales (en especial, la reducción de la pobreza); y 3) la inserción de un territorio o de una comunidad política en el mundo.
  • Fracasos inocultables

Aquel gobierno que no haya alcanzado una buena nota en alguno de estos tres campos ha fracasado.


Este es el caso de los tres gobiernos consecutivos de Juan Manuel Urtubey en Salta, que tienen como signo particular el haber fracasado de forma coral y sincrónica en las tres dimensiones fundamentales de la democracia.

Las libertades fundamentales y los derechos políticos

En el primer terreno, el desastre ha sido absoluto. El número de policías casi se ha triplicado en pocos años en Salta, así como se han multiplicado varias veces la capacidad operativa y los medios de despliegue de una fuerza que, sin ninguna garantía democrática, se ha convertido en monstruosa e ingobernable. Tanto, que supera en número a las fuerzas homólogas de cualquier democracia avanzada del mundo.

El crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Policía ha traído aparejado, como es lógico suponer, el aumento de los procedimientos represivos, entendiendo por tales no tanto la intervención por la fuerza desnuda, sino el aumento brutal de las denuncias y de los trámites que ponen en entredicho la libertad ambulatoria de los ciudadanos, unos de los derechos humanos más fundamentales de todos los que se conocen.

Bajo el gobierno de Urtubey ha visto la luz el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, que de ser lo que fue en su día -el estatuto de la libertad personal de los salteños- se ha convertido en una herramienta inquisitorial puesta en manos de los fiscales, que desbordan en número y en dinámica a los escasos y poco activos jueces de garantías.

Uno de los resultados de esta exitosa política de reducción programada de las libertades cívicas, es la sobrepoblación de las cárceles de la Provincia (admitida expresamente por el propio gobierno) y el colapso de la jurisdicción especializada.

Pero en donde se ha visto retroceder con más intensidad y nitidez los derechos fundamentales es en el campo de los derechos políticos, en donde, de la noche a la mañana y con una escasa resistencia por parte de los afectados, se ha visto cómo se cercenaba el derecho al secreto del sufragio, mediante la imposición de una herramienta de voto, desechada en casi el todo el mundo civilizado por su opacidad y la escasa confianza que genera, que de ningún modo garantiza que el contenido de nuestro voto no sea conocido indebidamente por terceros.

Si tuviésemos en cuenta solo estos datos, se podría decir sin temor al error que la democracia de Salta es hoy mucho más pobre de lo que lo era en diciembre de 2007, cuando Urtubey se hizo con el control del poder.

La pobreza

Los dos pilares que apuntalan las políticas sociales del gobierno provincial de Salta (la educación y la salud públicas) han sufrido recortes diversos y un alarmante descenso de sus niveles de calidad y eficiencia.

Estos fenómenos se han producido en un contexto de expansión demográfica y de crecimiento de la pobreza, con la aparición de nuevos y cada vez más numerosos sectores sociales extremadamente vulnerables y dependientes de la ayuda pública.

Pero la pobreza en Salta tiene componentes ligeramente diferentes a la de otras zonas del país. La estructura demográfica y los hábitos sociales determinan que en Salta quienes sufren la pobreza con mayor intensidad son los niños y las mujeres, por ese orden. El gobierno de Urtubey dice haber tomado nota de estas características especiales y ha volcado una serie de recursos (escasamente coordinados y mal gestionados) para atender las necesidades más urgentes de la infancia amenazada y del mundo femenino.

En doce años de gobierno, se debería haber hecho mucho más de lo que se ha intentado y muchísimo más de lo que se ha conseguido. El naufragio de las políticas de protección de las mujeres y de los niños salteños ha redundado en una mayor indefensión, como lo ponen de manifiesto las recientes cifras difundidas por UNICEF y la Universidad Católica Argentina.

En el primero de los casos, y a pesar de que el capítulo local de la organización internacional ha venido siendo utilizado con cierto descaro por el gobierno provincial para hacer propaganda de sus magníficas políticas de protección a la infancia, UNICEF ha confirmado que el 42% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina vive en la actualidad por debajo de la llamada línea de pobreza. Alrededor de 400.000 malviven en la indigencia más absoluta.

Si tenemos en cuenta otros indicadores que miden la pobreza por territorios, los niños y las mujeres de Salta son incluso más pobres que sus homólogos de otras partes del país. En Salta, la contabilidad social oculta un enorme déficit en materia de educación, empleo, vivienda, agua, saneamiento y acceso a los servicios de salud pública, que el gobierno provincial se resiste a revelar, confiado en que los ciudadanos le darán por aprobado el examen económico con el cuento de las cuentas públicas saneadas y las finanzas en equilibrio.

La base del fracaso de las políticas de lucha contra la pobreza del gobierno de Urtubey se encuentra en la dispersión y nula eficacia de dos políticas fundamentales: la de empleo y la de redistribución del ingreso a través de mecanismos fiscales.

No es que Urtubey haya olvidado estas dos grandes áreas de política sustantiva, sino que ha hecho con ellas lo que convenía a sus intereses personales de concentración del poder y no a los intereses generales de cohesión social y reducción de las desigualdades.

Por «política de empleo» Urtubey ha entendido la inflación de puestos de trabajos improductivos en la Administración del Estado, que es la que se encuentra bajo su mando directo y de la que es la máxima autoridad. En pocos años, el número de agentes del Estado se ha incrementado de manera dramática, sin que los servicios públicos o la eficiencia burocrática hayan crecido de forma correlativa. El aumento descontrolado del empleo público ha servido para crear una casta alrededor del poder, dócil a sus mandatos y fiel a sus consignas electorales, y al mismo tiempo para solucionar pequeños problemas de subsistencia.

La política fiscal, en vez de estar orientada al fomento de la actividad económica y el empleo privado productivo, ha estado encaminada a lograr pagar la factura de los elevados sueldos de los nuevos empleados públicos. Que exista o no equilibrio es una cuestión que para nada modera ni disimula los efectos perversos de una política suicida, que significa pan para hoy y hambre para mañana.

Esta forma de entender el desafío social de Salta ha hecho que la lucha contra la pobreza en esta Provincia sea -además de ineficiente- carísima o imposible de asumir.

Si a ello se le suma el paternalismo y la demagogia (el Gobernador de la Provincia inaugurando escuelas nuevas o reparadas con una bajísima calidad de construcción, u hospitales en donde sobrarán los enfermos y faltarán medios para atenderlos) el panorama en materia de lucha contra la pobreza en Salta es desolador.

La cohesión del territorio y la inserción en el mundo

Durante los doce años de gobierno de Juan Manuel Urtubey, Salta y los salteños se han vuelto cada vez más dependientes de otros territorios para poder subsistir.

Salta es hoy una yuxtaposición de comunidades locales mal cohesionadas y peor coordinadas, simplemente porque Urtubey ha preferido concentrar los esfuerzos y los recursos del Estado en apuntalar su poder personal y desechado en consecuencia la posibilidad de desarrollar administraciones locales fuertes, con capacidad real para incidir en las condiciones de bienestar y en la estructura de oportunidades de los ciudadanos.

Las operaciones políticas y electorales de corto plazo han tomado el relevo de la racionalidad política y administrativa que hubiera permitido aportar importantes dosis de integralidad en los planteamientos y de eficacia en los resultados.

A pesar de su creciente dependencia -especialmente de los territorios del sur del país- Salta está hoy más aislada de lo que lo estuvo a finales de 2007 y su influencia en las políticas nacionales es hoy sustantivamente menor, como lo demuestra la paupérrima (en términos intelectuales y políticos) representación parlamentaria de Salta en el Congreso Nacional.

Salta hoy depende mucho más de lo que se pueda decidir en Buenos Aires, porque no ha logrado erigirse en un protagonista importante en la región a la que pertenece. Muchos municipios piensan que la integración regional y a escala mundial es la única ventana de oportunidad para cubrir sus déficits históricos y para dotarse de infraestructuras, equipamientos y servicios de alto nivel.

La falta de políticas serias y razonables de inserción de Salta en la región y en el mundo está impidiendo, de hecho, que las políticas locales crezcan en dimensión y en complejidad, propiciando una suerte de vasallaje administrativo de largo alcance, en vez de una cooperación cada vez más intensa con otras administraciones, especialmente con las extranjeras.

Hace 25 años, cuando Internet daba sus primeros pasos, la comunicación plural en Salta pugnaba por exportar al mundo su variedad. Hoy, tras veintitrés años de gobierno monocolor, el mensaje que Salta trasmite al mundo a través de la web y de las redes sociales es rehén de los intereses monolíticos del poder, comunica una idea plana y monovalente de Salta que ralentiza su economía y empobrece su cultura.

En breve conclusión

Tras doce años de gobierno de Urtubey, Salta está irreconocible, pero en el peor de los sentidos posible.

La situación no es solo muy mala si miramos la realidad en términos absolutos, sino que es peor incluso cuando la evaluamos a través de un prisma comparativo.

Durante los largos años de gobierno de Juan Manuel Urtubey, la Provincia de Salta ha perdido oportunidades irrepetibles, en beneficio de otros territorios que han logrado aprovechar la coyuntura política para sacar ventaja.

Con los Kirchner o con Macri -ambos aliados del Gobernador de la Provincia- Salta no ha podido salir de su encierro. Y si no ha podido no ha sido por la miopía o el olvido del gobierno federal, sino porque el gobierno local ha adoptado un rumbo claramente personalista, centrado en la figura de Urtubey, que solo quería gobernar Salta para proyectar su imagen como candidato a presidir el país.

La operación ha costado a Salta décadas de atraso y supone para el hombre o la mujer que consiga ganar las próximas elecciones una herencia desastrosa, que será muy difícil de superar para varias generaciones de salteños.