Juan Manuel Urtubey lanzó su candidatura a Presidente de la Nación en los primeros días del año, aunque su campaña proselitista lleva meses instalada en otros lugares del país, en abierto desafío a la ley que regula la duración de aquellas.
Urtubey, por su parte, ha dicho que no piensa pedir licencia -mucho menos renunciar- a su cargo de Gobernador de Salta, salvo durante el periodo legal de campaña previsto por la normativa electoral vigente.
Sin embargo, los especialistas sostienen que su violación a la ley (que en el fondo revela un desprecio a las reglas del juego que organizan la limpia competencia electoral) impide al Gobernador de Salta ampararse en la misma norma violada para pedir luego licencia de su cargo.
Los mismos especialistas sostienen que si Urtubey ha decidido libremente hacer campaña fuera de la ley (es decir, colocarse fuera de la legalidad vigente), su deber es renunciar ya mismo a su cargo y afrontar los desafíos de su campaña despojado de todos los atributos y privilegios de que disfruta como Gobernador de Salta, entre ellos el uso de las aeronaves del Estado y la posibilidad de visitar ciudades y pueblos llevando en su carpeta unos engañosos convenios turísticos para justificar el descarado uso de los recursos del Estado salteño.
A pesar de que los electores de la Provincia de Salta no han sido consultados en ningún momento sobre la candidatura presidencial de Urtubey, y que el propio Partido Justicialista de Salta, que él preside, no se ha pronunciado al respecto, ni se prevé que lo haga, habida cuenta de que Urtubey competirá por la presidencia fuera del partido, se ha instalado la idea de que Salta apoya la candidatura presidencial de Urtubey como un bloque sin fisuras.
Pero esta es más una ilusión que una realidad, ya que en estos momentos más de la mitad de los salteños recelan abiertamente de la postulación de Urtubey, a pesar de lo cual el Gobernador ha puesto a todo su gabinete a trabajar en su campaña personal, como si en vez de ser empleados del Estado lo fuesen del candidato presidencial y la mayoría de los empleados del Estado actúe bajo la impresión de que la candidatura de Urtubey ha sido plebiscitada en Salta, lo cual no es cierto en modo alguno.
Temerosos del daño que Urtubey podría llegar a hacerles si se convierte en Presidente de la Nación, miles de salteños con cierta capacidad de influencia, que no están de acuerdo con su candidatura, callan por miedo a perder su trabajo, el de sus mujeres o la posibilidad de educar a sus hijos. Esta situación debería llenar de vergüenza a Urtubey, pero mucho más a los que por comodidad o temor guardan silencio y actúan como cómplices de la violación de la ley y el engaño al Estado.
Las fuerzas políticas que se oponen a Urtubey -en su mayoría de izquierda- no se han pronunciado aún exigiendo la inmediata renuncia del Gobernador a su cargo. Tampoco se espera que lo hagan inmediatamente, ya que la Legislatura está en receso y los principales líderes políticos de vacaciones.
Pero la situación no admite demoras ni cabildeos. O se está de acuerdo en que Urtubey haga campaña como «el candidato de Salta», permitiéndole usar el nombre de la Provincia y los recursos públicos a cuya formación contribuyen todos los salteños, o se manifiesta públicamente y de forma inmediata la condena incondicional a estas prácticas ilegales, dejando en claro que Urtubey es candidato a título personal, y jamás de la Provincia de Salta.