La huelga que los trabajadores de la enseñanza pública de Salta iniciaron a finales del pasado mes de marzo ha llegado a su fin. Los huelguistas, reunidos en acalorada asamblea, como a lo largo de todo el conflicto, acordaron por mayoría volver al trabajo, después de la última oferta realizada por el gobierno, que no contemplaba aumentos sobre las cantidades ya concedidas por decreto para todos los trabajadores públicos. La discusión y la posterior votación del abandono de la huelga se realizaron en un clima de tensión y de violencia verbal que por momentos rozó el enfrentamiento físico directo.
Así pues, al cabo de 37 días sin impartir clases, los maestros de Salta regresan a las aulas, con la seguridad de que el gobierno les pagará su salario íntegro, como si hubiesen trabajado, bajo la ridícula condición de que presenten un plan de 'recuperación de contenidos', cuyo efectivo cumplimiento el gobierno no está en condiciones de controlar.
Si bien es dudoso que los docentes hayan ganado el pulso que han mantenido con el gobierno (sus reivindicaciones salariales han sido solo parcialmente satisfechas; emergen de la huelga mucho más divididos que antes y con una imagen pública deteriorada por hechos de violencia) el gran perdedor de este conflicto ha sido, sin dudas, el gobierno de Salta.
En primer lugar, porque los docentes vuelven a las aulas sin que el gobierno haya acertado a cerrar el conflicto de una forma convincente y duradera. Los principales obstáculos para el desarrollo transparente de la carrera docente no han sido eliminados, y cualquier chispa (como un mínimo desfase de la inflación) puede volver a encender un enorme fuego, de imprevisibles consecuencias políticas y sociales.
En segundo lugar, porque el gobierno ha sentado un precedente nefasto al acceder a las pretensiones de los docentes de que los días de huelga les sean pagados como si se hubiese trabajado, una actitud insólita y antijurídica que abre la puerta a futuras huelgas gratuitas en las que los trabajadores pueden causar un enorme daño sin exponerse a sufrir las consecuencias que toda huelga trae aparejadas para los trabajadores, entre las que destaca nítidamente la pérdida de su salario.
Derrota política
La derrota del gobierno no solo es patente en el terreno técnico de las relaciones laborales sino también -y quizá mucho más evidente- en la arena política.Los bisoños funcionarios de Urtubey, que no habían visto una huelga ni por televisión, acaban de descubrir que la izquierda radical no es solo una expresión lírica que conquista votos y coloca concejales en las municipalidades sino que es capaz de ejercer una oposición frontal, con capacidad de bloqueo, a la que este gobierno no está ni por asomo acostumbrado.
A pesar de los excesos en las protestas y de la radicalización de las posturas en la negociación, el conflicto docente ha demostrado que la «democracia armonicista» de Urtubey, basada en una despiadada política de aniquilación del disenso y en la compra o destrucción de los partidos políticos potencialmente opositores, se le ha vuelto en contra a su inventor y en el momento menos conveniente para sus intereses y aspiraciones electorales.
El hecho de que el Partido Obrero -aun con todos sus notorios defectos- sea capaz de echarle un órdago de semejante magnitud al gobierno y consiga hacer que se tambalee, es, sin dudas, la mejor noticia de los últimos tiempos para la democracia de Salta, urgida como quizá ninguna otra de señales claras que indiquen el final de la omnipotencia del gobierno y de la impunidad de los gobernantes.