El siguiente artículo fue escrito y publicado a mediados de agosto de 2012, bajo el título de "Salta retrocede". A más de dos años de la publicación original, obviamente ya no son 56 meses sino 82 los que han transcurrido desde que Juan Manuel Urtubey asumiera el gobierno de Salta, en medio de promesas solemnes de ruptura con el pasado autoritario, de austeridad republicana y de progreso con justicia social. Desde agosto de 2012 a la fecha, pocas cosas se han corregido. Salta ha seguido retrocediendo y algunos problemas se han agravado. De allí que las reflexiones que contiene este artículo mantengan su vigencia y, si se me permite la inmodestia, su utilidad (LCF).
Bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey, la Provincia de Salta ha experimentado, en solo 56 meses, un retroceso global que muchos salteños aún se empeñan en negar, pero que muchos otros comienzan lentamente a percibir.
Se trata de un retroceso que afecta primordialmente a las libertades públicas, pero que tiene manifestaciones no menos importantes en los terrenos político, social y medioambiental.
Desde luego, no es el gobierno el único responsable de este apreciable retroceso, ni sus errores las únicas causas.
Pero lo que parece fuera de cualquier discusión ahora es que por lo menos dos factores han contribuido de manera notable a hacer más visible este proceso:
1) la renuncia del gobierno a acometer las transformaciones políticas y económicas más necesarias y fundamentales; y
2) la constatación de que el Gobernador de Salta está más empeñado en el continuo incremento de su poder (y que no le importan los medios para conseguirlo) que dispuesto a servir, de forma eficaz y desinteresada, a sus conciudadanos.
No es fácil decir que la Provincia de Salta está hoy peor que hace diez años sin tomar algunos riesgos. Uno de ellos, lógicamente, es el de equivocar el enfoque y el pronóstico; otro, el de provocar el desencanto y hasta la irritación o el enfado de una elite dirigente que, tras décadas de fracasos acumulados, valora hoy al ligero repunte de algunos indicadores económicos como la confirmación, si acaso muy tardía, de la bondad y pertinencia de las viejas recetas de «desarrollo hacia adentro».
Otros riesgos van desde la incomprensión y el rechazo hasta el silencioso desdén, que es el arma favorita de los políticos prácticos que normalmente aborrecen a los políticos teóricos. Ninguna de estas actitudes parece sin embargo suficiente para dar la razón a quienes, aun frente a unas evidencias más que preocupantes, se empeñan en seguir viendo a Salta como una nave impulsada por viento de cola o, como algún arriesgado optimista dijo por ahí, como «un gigante dormido».
Ni el desdén ni el rechazo, así como tampoco el «rodillo mayoritario», pueden evitar que otras elites dirigentes y otras usinas de pensamiento comiencen a extraer de la realidad conclusiones no tan optimistas acerca de nuestro presente y, especialmente, de nuestro futuro.
Falta de respuestas a problemas fundamentales
Urtubey no ha sabido dar respuestas a tres de los problemas políticos más graves que arrastra la Provincia de Salta desde la década de los años treinta del siglo pasado:1) el de la inserción de Salta en el mundo;
2) el de la cohesión de su territorio; y
3) el de la relación entre el Estado y la sociedad.
Sobre la primera de estas cuestiones, parece muy evidente que el Gobernador se ha dado prematuramente por vencido en la batalla por librar a Salta de su secular destino periférico, y que, al contrario, ha dado todos los pasos necesarios para facilitar y profundizar el avance del centralismo político y económico del gobierno federal en detrimento de las autonomías provinciales.
La capacidad de autogobierno de Salta se ha reducido a mínimos históricos y, aunque ello no fuese del todo malo, sí es cierto que la influencia de Salta y de los salteños en la política nacional -notable en otras épocas- ha caído de forma estrepitosa.
De igual modo es confusa y errática la política del gobierno en materia de integración a nivel regional e internacional. El gobierno no ha acompañado de manera adecuada y provechosa los esfuerzos aperturistas de algunos agentes económicos privados que comercian con el mundo, del mismo modo que carece de un discurso coherente que permita conocer cuáles son sus preferencias internacionales, no solo en materia comercial sino también en materia cultural y política. De hecho, el «aparato exterior» del gobierno de Salta es tan insignificante y escasamente operativo, que su falta de peso político deja traslucir por sí sola la gran dispersión mental que impera en esta importante materia.
En lo que se refiere a la cohesión territorial, a pesar de algunos tímidos intentos por diferenciarse de su antecesor, el actual gobierno de Salta ha sido incapaz de construir nuevas relaciones entre los diferentes espacios y de superar las asimetrías territoriales que provocan desigualdad y atraso.
Si la distribución de la población y la estructura económica de finales del siglo pasado en Salta eran ya inadecuadas para fomentar un desarrollo equilibrado, las políticas puestas en práctica por este gobierno -fragmentarias y descoordinadas- solo han servido para acentuar la preponderancia de los centros urbanos y la concentración de la riqueza, en desmedro de enormes áreas localizadas en la Puna y en el Chaco salteño, en donde los niveles de pobreza y de inequidad son alarmantes.
Sobre el tercer punto, parece muy claro también que el Gobernador ha renunciado al empeño -declarado en su primera campaña electoral- de acabar de forma convincente con las desigualdades sociales, y que, por comodidad o por imposición de una línea política distante de los desafíos locales, ha preferido basar su «modelo social» en la universalización de los subsidios de fidelización de la pobreza, cuya sostenibilidad económico-financiera a corto plazo, así como su legitimidad moral, se encuentran hoy en muy serio entredicho.
Las políticas de «inclusión», más pregonadas que practicadas en la realidad, han conseguido discretos resultados cuantitativos en la batalla contra la marginación social, pero no han logrado modificar en lo sustancial el complejo mapa de la pobreza en nuestra Provincia. Un mapa cuya endiablada cartografía aparece desde hace años vinculada de forma estrecha con los equilibrios electorales y con el sostén popular de los gobiernos, elementos ambos que los "políticos prácticos" se resisten numantinamente a modificar.
Crisis del estatismo
El Gobernador probablemente no ha reparado en que el mantenimiento a flote de este modelo de relación entre el Estado y la sociedad exige ciertas condiciones que resultan inasumibles para nuestra democracia, como el recorte de las libertades públicas, el incremento de los mecanismos represivos del Estado (policías, fiscales, controles, intervencionismo judicial y administrativo), la asfixia de la autonomía de los agentes económicos y sociales, la criminalización de la protesta social o el refuerzo de los mecanismos de obediencia y consenso a través de la maquinaria del partido único.Paradójicamente, este incremento del estatismo y del intervencionismo en la vida social no se ha traducido en una mayor eficacia del aparato administrativo del Estado, como así tampoco en la mejora de la eficacia judicial o de la calidad de nuestros procesos legislativos.
Al contrario, por razones que van desde la falta de coherencia de las políticas públicas hasta la ausencia de liderazgo y de capacidad técnica de los ministros, el actual gobierno ha reducido de forma sustantiva la eficacia de un Estado, reconvertido si acaso en una maquinaria para «cometidos clientelares», a contramano de la neutralidad que debe presidir sus actuaciones.
En los últimos años, el activismo gubernamental -por llamarlo de algún modo- se ha focalizado en tres cuestiones que parecen absorber las energías de los gestores públicos:
1) la batalla retrospectiva contra las violaciones a los Derechos Humanos;
2) la propaganda ideológica y dogmática; y
3) el refuerzo de la imagen excluyente del líder.
Ausentes de la agenda pública se hallan asuntos tan trascendentes para el futuro de los salteños como la tutela del medioambiente, la apertura de la información pública, la definición de estándares de «buen gobierno», el refuerzo de la responsabilidad de los gestores públicos, las nuevas formas de interacción de las administraciones públicas con el mercado y con las organizaciones privadas de la sociedad civil, las políticas de transparencia, de rendición de cuentas o de control ciudadano que apunten a la confluencia entre la eficiencia y la participación democrática; y, en general, las respuestas debidas a los nuevos desafíos que emergen de una sociedad cada vez más crítica, exigente y participativa.
Ausencia de oposición y falta de reformas políticas
Después de 56 meses, el Gobernador de Salta ha demostrado un talento poco común a la hora de anular toda oposición política y de ahogar el disenso social.Apoyado en un sistema electoral perverso y beneficiado por la aguda crisis de representatividad que ha hecho desaparecer a los partidos políticos como expresiones del pluralismo social, el gobierno intenta ahora controlar también la opinión libre a través de la distribución inequitativa y discrecional de los recursos de la publicidad oficial y de la intervención activa y distorsiva en las redes sociales.
Salvo que el Gobernador se dé cuenta a tiempo de que transita por el camino equivocado y de que su proyección como líder nacional no es más importante que el futuro de Salta y el de los salteños, en los 40 meses que restan para la conclusión de su mandato veremos más de lo mismo.
La batalla por la sucesión presidencial en 2015 y las tensiones entre los diferentes barones territoriales será la que determine la agenda política salteña de los próximos meses. Cualquiera sea la postura que adopte el Gobernador de la Provincia en relación con los líderes que asoman para un posible reemplazo presidencial, parece claro que la Provincia de Salta y sus habitantes pagarán un precio muy alto por esta operación. Ambas cosas se antojan injustas y desproporcionadas.
La situación comienza a ponerse seria, porque algunos líderes locales -como el Intendente de la ciudad de Salta- que son capaces de exhibir una gestión pública eficiente y comprometida, se preguntan ya si es conveniente seguir apostando ciegamente a estas políticas personalistas que ya han reducido la eficacia del Estado, anulado a los partidos y neutralizado a la política, y que amenazan ahora la futura disponibilidad de recursos; o si, en cambio, ha llegado el momento de dejar de lado los proyectos personales de poder para ponerse a trabajar en serio por la igualdad, la cohesión y la justicia social en Salta.
Mientras tanto, el Gobernador de Salta sigue desdeñando las observaciones de los políticos teóricos y considerando que las ideas huecas de estos no representan peligro alguno para sus ambiciones de poder.
El desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses puede que le dé la razón a esos políticos teóricos que piensan que Juan Manuel Urtubey es en realidad el abanderado de un proyecto conservador y autoritario que marcha a contramano de las nuevas demandas de empoderamiento ciudadano y de participación democrática.