El exministro de Gobierno de Urtubey y antiguo encargado de bruñir su imagen pública, Juan Pablo Rodríguez Messina, ha saltado hoy a las portadas de los medios digitales, tras la publicación de los detalles del contrato de la vivienda que el gobierno provincial le paga en la ciudad de Buenos Aires, para que el exfuncionario haga turismo en esta ciudad, según se desprende de los propios términos del contrato.
El albergue transitorio que los siempre generosos ciudadanos de Salta pagan al señor Rodríguez por sus invalorables servicios en la Casa de Salta en Buenos Aires, cuesta un poco más de 10.000 dólares estadounidenses por año.
Bien es verdad que el arrendamiento de la vivienda ha sido ajustado solo por el plazo de seis meses, pero el propio contrato establece una suerte de «derecho preferente» del señor Rodríguez a reconducir el arrendamiento, por uno o varios periodos similares.
Cuidadosamente amparado en disposiciones legales y reglamentarias que autorizan un gasto de tal naturaleza, el decreto 1429/2018, firmado por el gobernador Urtubey, dice que la contratación directa de la vivienda con «fines turísticos» del señor Rodríguez está justificada en la previsión del inciso h) del artículo 13 de la ley provincial 6838, que instituye el sistema de contrataciones de la Provincia de Salta.
Esta disposición legal autoriza al gobierno a proceder a una contratación directa «cuando existan probadas razones de urgencia o de emergencia». Sin embargo, a pesar de haber mentado al inciso h), el prolijo decreto que autoriza la contratación no razona ni da por probadas (ni siquiera menciona que existan) las razones de urgencia o de emergencia que el propio decreto invoca a través del amparo legal escogido.
Puestos a imaginar, al gobierno le urgía proporcionar un albergue transitorio al señor Rodríguez ante el riesgo de que se convirtiera en un homeless en la capital de la República; es decir, ante el peligro que suponía para la razón de Estado, que tan conspicuo hombre de la política salteña tuviera que dormir en un caño.
Probablemente, la emergencia a la que elípticamente alude el decreto se halle configurada en el «deseo aberrante» del beneficiario de la contratación de utilizar la «bifera» con que su apartamento se encuentra equipado, o quizá secarse la humedad porteña con uno de esos cuatro toallones que han sido incluidos en el inventario.
Razón tienen los que dicen que Urtubey le ha proporcionado a Rodríguez un auténtico «refuerzo estival», al pagar del bolsillo de todos los salteños la vivienda de una persona cuyo sueldo alcanza y sobra para conseguir en el mercado una vivienda bastante decente. ¿O es que a Rodríguez -como a su jefe- tampoco le alcanza el sueldo? Quizá estemos ante una pandemia de insuficiencia salarial y no nos hemos dado cuenta.
No habrá primas de fin de año para empleados públicos, ni mayores recursos para que policías, maestros, médicos y enfermeros puedan trabajar en unas mínimas condiciones de dignidad y de eficiencia, pero sí para aplacar los furores turísticos de un exministro, que ya venía disfrutando de una beca bastante cuantiosa y muy mal ganada, pero que ahora -descubrimos- también goza de lo que se llama «pensión completa».