En cualquier democracia social de Derecho, como la que -según la Constitución- impera en la Provincia de Salta, una de las notas fundamentales y definitorias de los derechos sociales es su universalidad.
Hablamos de un principio rector que no solo debe servir para su interpretación, sino también, y muy especialmente, para su aplicación, pues se trata de una manifestación del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos recogido en nuestras constituciones y en diversos instrumentos internacionales.
En virtud de este principio fundamental, el Estado ha de procurar llegar con sus servicios, de la forma más homogénea e igualitaria posible, a todos los rincones de su territorio. Es decir, que por muchas dificultades que se encuentren -por ejemplo los difíciles accesos o las inclemencias atmosféricas- el Estado está obligado a derribar barreras y a construir puentes para procurar que las personas que viven bajo su jurisdicción alcancen, todas, los niveles mínimos de una vida digna, y que cada uno disfrute de las oportunidades que le permitan diseñar y cumplir su proyecto de vida.
Ninguno de estos objetivos se consigue creando, manteniendo y fomentando un sistema de asistencia sanitaria paralelo, destinado a aborígenes, como desde hace años hace el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Da igual que se cuide más o menos la salud de los aborígenes. El problema existe y subsistirá mientras se trate de una atención diferente, no justificada en motivos objetivos ni razonables como lo son la etnia o el domicilio.
Si nuestro sistema sanitario es pobre -en recursos o en calidad- debe serlo igual para todos. Con más razón, si es abundante en recursos o especialmente eficiente, debe serlo exactamente igual en todos los lugares y para todas las personas.
En principio, no parece mal que a un colectivo de personas se atienda de una manera especial cuando acuden al hospital público. El problema estriba en hacer de sus problemas o de sus características distintivas una categoría fija; es decir, en asegurarse que aquella especialidad, que todos deseamos que fuese transitoria, no desparezca nunca y que la igualdad jamás sea posible.
Esto es precisamente lo que propugna Urtubey con sus operativos de «refuerzo estival» y «refuerzo invernal»: Asignar a los aborígenes salteños a sus orígenes, para que se instalen en el estatus inamovible de aborígenes y eviten convertirse en ciudadanos, en plenitud de derechos y de obligaciones.
De nada vale, pues, que el gobierno saque pecho por la cantidad de agentes sanitarios a los que manda a ver si personas que viven casi en los árboles (en una economía de auténtica subsistencia, sin caminos, sin comunicaciones, sin energía y muchas veces sin agua) están tosiendo o si tienen diarrea. Curarlos de sus dolencias es una obligación, es cierto, pero también lo es ocuparse de que disfruten sus derechos en condiciones de auténtica igualdad, y con una calidad aproximadamente igual durante todo el año.
Esto último no se logrará nunca, porque al gobierno le interesa de vez en cuando decir que hace algo «por los más vulnerables» pero no se interesa ni se interesará jamás en decir que determinado colectivo ha dejado de ser vulnerable, porque justamente es eso lo que no entra dentro de los cálculos del gobierno.
Al gobierno, antes de exigirle que atienda a personas residentes en «zonas alejadas y de difícil acceso» debemos preguntarle por qué esas personas viven en la lejanía y por qué sus residencias aún resultan de difícil acceso, cuando el mundo hoy dispone de tecnología y recursos suficientes para hacer desaparecer estos obstáculos. ¿No es más razonable pedirle a las autoridades que achiquen las distancias con buenas comunicaciones y que los accesos que hoy son difíciles se conviertan en fáciles?
Si logramos alguno de estos dos objetivos, la salud y la vida de una persona no dependerán de que venga o no venga el agente sanitario, de si a la enfermera se le pincha o no la bicicleta, sino que cualquiera podrá desplazarse a los hospitales y centros de salud donde se atienden los demás; es decir, aquellos que no viven una vulnerabilidad tan extrema. Igualar significa apuntar a este objetivo, y no a mantener durantes décadas enteras los «refuerzos», que pueden tranquilizar conciencias, pero que no hacen a la Provincia de Salta más justa y más solidaria, sino quizá todo lo contrario.