El diario porteño La Nación ha publicado anteayer un detallado informe sobre los alcances potencialmente lesivos de los derechos fundamentales de los venezolanos del llamado «carnet de la patria», una tarjeta electrónica de identificación personal que -según el matutino- transmite datos personales de sus titulares a computadoras.
Según el mismo informe, la nueva tarjeta se emplea cada vez más en los trámites de entrega de alimentos subsidiados, en el acceso a los servicios sanitarios y otros programas sociales del gobierno, «de los que depende la mayoría de los venezolano para sobrevivir».
El diario llega a afirmar que el carnet genera preocupación entre algunos ciudadanos y grupos de derechos humanos, que creen que es una herramienta para que el gobierno de Nicolás Maduro monitoree a la población y reparta los escasos recursos entre sus leales.
El informe cita como socio del gobierno venezolano en el funcionamiento de este «carnet de la patria» al gigante chino de las telecomunicaciones ZTE Corporation, encargado supuestamente del diseño de la base de datos con los carnets y la creación de un sistema de pagos electrónicos.
La preocupación del diario argentino en relación con los derechos fundamentales en riesgo en Venezuela contrasta notablemente con el silencio de los periodistas del mismo medio en relación con dos de las medidas más polémicas decididas recientemente por el Gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, que no suponen ya un riesgo potencial para los derechos de los habitantes de esta Provincia sino una lesión actual y tangible de tales derechos.
Nos referimos al programa gubernamental que almacena datos personales de niños y niñas vulnerables de Salta con el objeto de que, mediante el empleo de algoritmos y aplicaciones de inteligencia artificial, los gobernantes puedan conocer con seis o siete años de antelación los embarazos adolescentes en Salta, «con nombres, apellidos y domicilio», como lo ha anunciado el propio gobernador Urtubey, quien, por cierto, ha confirmado también que el tratamiento de los datos personales de ciudadanos argentinos se realiza en el extranjero.
La otra medida que ha pasado desapercibida -incluso- en Salta, es la renovación de la videovigilancia callejera, con cámaras HD y 4K, que utilizan algoritmos de reconocimiento facial de forma automática (este automatismo no ha sido negado por el gobierno), lo que supone que el gobierno salteño está en disposición al menos técnica de conocer la identidad y otros datos de las personas que circulan por las calles y que no han cometido ninguna transgresión legal, sin necesidad de presionar un solo botón.
Al parecer, para el diario La Nación el control social por parte del gobierno es malo cuando tal gobierno es de extrema izquierda y bueno (o al menos no peligroso) cuando el mismo control es ejercido por un gobierno de extrema derecha, como el de Urtubey.
Por el momento ignoramos las razones de esta diferencia tan notable, aunque nos inclinamos a pensar que se trata de un defecto de información, que se podría subsanar con solo revisar (y no con demasiado detalle) el sitio web oficial del gobierno provincial de Salta.