España vive hoy, día lunes 19 de noviembre, una jornada de huelga judicial, que ha sido convocada por asociaciones de jueces y fiscales para llamar la atención sobre una «crisis de imagen de la Justicia sin precedentes».
El último episodio que ha encendido la polémica en el mundo judicial hispano han sido los acuerdos entre las dos principales fuerzas políticas (el PP, hoy en la oposición, y el PSOE, en el gobierno) para designar a los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el centro del debate, una vez más, la espinosa cuestión de la independencia de los jueces y fiscales frente al poder político.
La situación no es muy diferente a la que desde hace tiempo se vive en Salta, y por razones parecidas, aunque no me gustaría detenerme en las analogías sino más bien mirar con cierto detalle las diferencias.
Para empezar, las críticas a la designación política del órgano del gobierno del Poder Judicial español provienen en este país de los propios jueces, algo que no sucede en Salta, en donde una amplia mayoría de magistrados considera que el poder político interviene «más bien poco» en sus asuntos y que la sola amenaza a su independencia está relacionada con el carácter temporal de los miembros de la Corte de Justicia.
En España los jueces protestan porque, en su opinión, no hay dinero ni interés para solucionar cuestiones bastante delicadas como la recuperación del nivel salarial de los magistrados antes de la crisis, la creación de nuevos órganos judiciales, la modernización de los existentes o la dotación de medios materiales suficientes. En Salta, por el contrario, se tiende a pensar que el voluntarismo y la magnanimidad de los jueces que integran la Corte de Justicia aventajan por varias cuadras a las demandas sociales de una justicia mejor y más eficiente, que sobran los medios y los recursos y que los jueces son felices con los sueldos que perciben.
Cuando los jueces y fiscales españoles hablan de una «situación crítica» de la justicia, no ahorran en calificativos (anticuada, obsoleta, ineficiente y lenta), y hacen particular hincapié en lo que ellos consideran «un ambiente de desafección de la carrera judicial con sus representantes». Los convocantes de la huelga de hoy afirman que «España se merece una Justicia del siglo XXI, fuerte, con medios y con una renovada imagen de independencia».
Aunque en estas críticas hay más parecidos que diferencias entre las realidades que intento comparar, me llama la atención un detalle: el lenguaje medido con que en España se critica a la institución judicial. Un lenguaje que, sin renunciar a la dureza, evita caer en la vulgaridad y en la denuncia sin fundamento.
Todo lo contrario sucede en Salta.
En nuestra Provincia se multiplican por horas los ataques in personam (se piensa -equivocadamente, a mi juicio- que a un juez se lo puede atacar con la misma dureza con que se ataca a un político) y se degrada constantemente a la institución judicial acusándola de corrupta y venal más que de ineficiente o anticuada.
No parece haber límites para estos excesos, y todo indica que la razón de esta falta de límites hay que buscarla en la actitud mezquina y temerosa de la cúpula del Poder Judicial salteño, con el apoyo implícito de las asociaciones que agrupan y representan al colectivo de la magistratura, que frente a la avalancha de críticas sociales -sean fundadas o no-, en vez de salir a defender racionalmente (esto es, con argumentos y con ideas) sus posturas, no ha tenido mejor ocurrencia que gastarse una fortuna de dinero público en la contratación de una empresa que se dedique a lavar su imagen pública.
A estas alturas del desarrollo de las instituciones de Salta, pensar que un grupo de periodistas aficionados (formados en las deficientes universidades locales y con una visión estrecha del mundo) puede salir al rescate de los jueces en apuros (a los que se supone depositarios de una serie de saberes científicos superiores) es casi un sarcasmo, una falta de respeto mayor a la institución judicial.
Pienso que las críticas que se dirigen a nuestros jueces y tribunales deben ser medidas y expresadas en un lenguaje y en un tono que sean compatibles con el respeto debido a la institución judicial. Al fin y al cabo, los tribunales de justicia son el último recurso que tenemos para defendernos de las arbitrariedades, para asegurar que nuestros derechos sean respetados y para garantizar que se cumpla la Ley.
Yo mismo he criticado con energía a jueces pero creo no haber faltado jamás al respeto debido a su investidura, ni lesionado gratuitamente a la institución judicial, en la que creo y seguiré creyendo, con independencia de la calidad o del acierto de las personas que transitoriamente ocupen los cargos.
Otros, sin embargo, han cruzado varias líneas y, muchas veces sin argumentos ni razones de peso, han recurrido a los adjetivos para intentar instalar la idea de que el aparato judicial salteño es de lo peor que tenemos, cuando la realidad -a pesar de sus contrastes- nos está diciendo quizá todo lo contrario.
Siempre se puede criticar con altura y con rigor, pero lamentablemente no todo el mundo está preparado. Algunos están muy bien entrenados en el arte de injuriar, y para neutralizarlos -como a los hackers- se necesitan a otros de su misma calaña.
Sé que hay jueces que agradecen que se los critique de forma constructiva, porque las críticas fundadas a su trabajo son la brújula que necesitan para orientar sus decisiones e iluminar su camino. Los ataques personales, las descalificaciones y las bajezas -me consta- les hacen perder el rumbo y disminuir la calidad de sus productos. Los jueces son seres humanos, como los demás, con sentimientos, con autoestima y con sentido del decoro.
No podemos permitirnos caer en la descalificación y en la injuria, porque un juez desorientado o herido es lo peor que podría pasarle a nuestros derechos y a nuestras libertades.
Casi todos saben que nuestro sistema judicial está lejos de ser el mejor y es manifiestamente mejorable. Pero no conseguiremos ninguna mejora reduciéndolo previamente a escombros. Tenemos que aprender a construir sin arrasar el terreno y a edificar sobre toda aquella estructura que merece ser preservada.
Discrepo con las opiniones y decisiones de muchos jueces y seguramente ellos discrepan con las mías. Pero en este momento me gustaría solidarizarme con ellos, unirme a los que se sienten injustamente atacados, y enviarles un mensaje muy claro: la imagen judicial no se rescata con operaciones de maquillaje en la prensa, sino con trabajo, estudio y esfuerzo. Por favor, no gasten dinero en pagar lo que no necesitan, porque lo único que consiguen con este gasto (además de humillarse innecesariamente) es que cierta gente tan malintencionada como bien conocida multiplique sus ataques, que es la única forma de asegurar el trabajo por mucho tiempo a los consultores contratados.