El gobierno de Salta ha publicado ayer dos noticias relacionadas con la Policía, cuyos titulares son los siguientes: «La subcomisaría de barrio Sanidad beneficiará a más de 30.000 vecinos» y «El Gobierno fortalece el servicio de seguridad sumando equipamiento y movilidad». Aunque a simple vista los dos titulares parecen inocentes, no lo son en absoluto. Ambos ponen de manifiesto la perversidad del lenguaje y la demagogia populista con que el gobierno de Urtubey enfoca y trata las críticas cuestiones de la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos.
A pesar de que la policía es una institución antiquísima (sus funciones estaban claramente ya presentes en la organización política de la antigua China, así como de Grecia y Roma), la primera fuerza de policía centralizada y organizada con las características que hoy conocemos fue creada en 1667 para la ciudad de París -a la sazón la más grande de Europa- por el rey Luis XIV. La policía de nuestros días es claramente, pues, una invención del Estado moderno.
Las ideas de policía y gobierno del Estado fueron, durante mucho tiempo, conceptos idénticos e inescindibles hasta que, por mor de la creciente especialización de la organización estatal, la policía se convirtió en el órgano mediante el cual el Estado ejerce sus funciones básicas de salvaguardar la integridad y derechos de las personas y de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Desde este punto de vista, la policía es una función indelegable del Estado -como lo son la administración, la legislación o la justicia- y no un mero servicio público, como la sanidad, la educación, el correo, las cloacas o la recogida de residuos.
Ver a la policía como una cosa u otra no es lo mismo ni conduce a los mismos resultados. Dar a la policía el mismo tratamiento que recibe un servicio público cualquiera rebaja sustantivamente su estatura institucional y menoscaba peligrosamente su eficacia, hasta tal punto que de un mensaje tan distorsionado como éste los ciudadanos pueden extraer conclusiones muy equivocadas acerca de la misión y de la autoridad de la policía.
No es extraño suponer, por tanto, que las agresiones que los policías de Salta sufren continuamente en los barrios obedecen a la subestimación de su rol institucional que promueve el gobierno al catalogar a la policía como «servicio de seguridad».
El 'beneficio' de la nueva comisaría
Como tal función del Estado, el ejercicio de la de policía no representa ningún beneficio para los ciudadanos particulares, si entendemos la palabra «beneficio» en el sentido técnico que esta expresión posee de «prestación social propia del Estado del Bienestar».Cuando el gobierno abre una comisaría que antes no existía y con ello soluciona un problema de seguridad colectiva, no está beneficiando a nadie en particular sino simplemente cumpliendo con su deber.
Afirmar lo contrario podría estimular en los ciudadanos o vecinos presuntamente beneficiados un sentimiento de propiedad sobre la nueva comisaría (el mismo sentimiento que podría tener quien recibe una jubilación del Estado); o, aún peor, la creencia de que la comisaría y los policías existen solo para beneficiar a los vecinos y que, por tanto, estos no pueden ser obligados por la autoridad a cumplir con la ley.
La idea de la policía como un «beneficio» o como una medida de «inclusión social» comporta retroceder al menos dos siglos.
Lo que se espera de un moderno Estado social y democrático de derecho es que se dedique a desarrollar mecanismos cada vez más perfectos y eficaces de protección social; es decir, que promueva nuevas instituciones y actividades que contribuyan a reducir el impacto de las contingencias propias del trabajo y del mercado, y no que presente como «una gran conquista inclusiva» a un acto tan básico como lo es la apertura de una nueva comisaría, como si los salteños todavía estuvieran en el siglo XVIII.
Decir que una comisaría nueva «beneficia» a 30.000 vecinos comporta reconocer que, antes de que se produzca tal beneficio, el Estado incumplía con su obligación de asegurar la integridad y derechos de las personas y de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
