«Ratificamos la decisión de luchar contra el narcotráfico y la drogadicción». El titular es en sí mismo repugnante. Pero mucho más lo es si se tiene en cuenta que quien ha pronunciado estas palabras no es un dirigente barrial ni un padre preocupado por sus hijos sino un alto responsable político. Es bastante poco probable que una persona instruida como el senador nacional por Salta Rodolfo Julio Urtubey no sepa distinguir entre la mera decisión voluntarista de un funcionario y un imperativo legal ineludible. Su frase, sin embargo, da a entender todo lo contrario.
Combatir el narcotráfico y la drogadicción no es (ni puede ser) una decisión personal del señor Urtubey o de la comisión parlamentaria que preside, como parece desprenderse de sus palabras. Es una obligación del Estado impuesta por la ley. Una ley que vincula por igual a funcionarios y a ciudadanos.
Si la ley existe (y de ello no hay dudas), ni la solemne decisión del senador Urtubey ni su ratificación tienen ningún sentido. No es su voluntad la que cuenta.
No porque el senador Urtubey decida o ratifique tal o cual cosa cambiará la naturaleza legal de la obligación del Estado de combatir el delito y mitigar sus consecuencias.
Una prueba de que la «decisión» del senador Urtubey de combatir el narcotráfico y la drogadicción es un poco inconsistente es el hecho de que su demagógica declaración ha sido hecha poco después de que la comisión senatorial que preside aprobara una medida que seguramente hará temblar de miedo a los narcotraficantes: la institución del 26 de junio de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
O el senador Urtubey no tiene muy claro en qué consiste la palabra «decisión» o, al contrario, no ha entendido bien lo que significa la palabra «combate».