El Gobernador de Salta no solo se llama a sí mismo «experto» en Derecho Constitucional, sino que, a veces (cuando los estudiantes izquierdistas lo dejan), ejerce como tal en la universidad pública local.
No se sabe muy bien qué enseñará a sus alumnos cada vez que «diserta» ante ellos, porque si por su pedagogía fuera de los claustros debiera ser juzgada su ciencia, la pobre nota que obtendría nuestro Gobernador solo podría ser enmendada por una buena entrevista personal del Consejo de la Magistratura.
Juan Manuel Urtubey se planta en San Antonio de los Cobres y les dice a las personas a las que les entrega las escrituras de sus propiedades (de sus legítimas propiedades) que «recibir escrituras es el derecho fundamental que le cambia la vida de una familia».
Evidentemente que si esa es la idea que tiene el experto en Derecho Constitucional sobre lo que son los derechos fundamentales, allí tenemos la explicación de por qué en la Provincia que gobierna no se respeta casi ninguno.
De todos los derechos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el de propiedad es el más controvertido, tanto en términos de su existencia como de su interpretación. Lo es hasta el punto que la definición de un derecho de esta naturaleza no ha sido incluida ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de la ONU.
Pero aun considerando que a la propiedad se le dispensara una protección jurídica de igual o similar nivel que a la libertad o a la igualdad, pensar que se puede considerar «derecho fundamental» a una escritura pública, que quien transfiere el dominio de un inmueble está obligado a otorgar, quiera o no, es un abuso del lenguaje que se interna en el terreno de la demagogia.
Ningún derecho fundamental promueve o respeta el Gobernador de la Provincia cuando entrega escrituras de propiedad a quienes son, en virtud de cualquier título, legítimos propietarios de algo que les pertenece, como ningún favor hace, por ejemplo, a aquellas asociaciones a las que en ceremonias inútilmente solemnes se les entrega el instrumento en el que consta su personalidad jurídica.
Hay que acordarse que en ceremonias tan pomposamente demagógicas como esta, el gobierno de Urtubey ha «entregado escrituras», pero a personas sobre cuya propiedad se constituyó una hipoteca a largo plazo. Es más o menos como organizar un acto para obligar a las personas a que sonrían en el momento en el que se le está notificando una sentencia que los condena a prisión perpetua.
Urtubey no solo pretende hacer pasar por derechos cosas que no lo son, ante los ojos de personas poco informadas, sino que además pretende hacerles creer que tales derechos -sean o no verdaderos- se disfrutan porque él (y no las leyes) lo deciden. Si estoy obligado a escriturar, lo lógico, lo razonable y lo honesto, en vez de decir «está recibiendo usted un derecho fundamental que le cambiará la vida a su familia», es decir: «señora vengo a cumplir con una obligación legal».
Un gobernante honesto, si de verdad quiere hacer algo por el futuro de los hijos de esas familias pobres y desasistidas, tiene que cuidar primero de que la gente no perciba que hace más y antes por el futuro de sus propios hijos que por el de los hijos de los demás. Para darse cuenta de una cosa tan elemental como esta no hace falta ser profesor ni experto en Derecho Constitucional.
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