Salta, provincia libre de corrupción

La corrupción es una enfermedad endémica en la República Argentina, cuya expansión se ha visto facilitada gracias a una combinación de factores bastante clara: 1) gobiernos largos, 2) jueces dóciles, y 3) excesos del poder.

Visto así, se podría decir que el territorio argentino que debería encabezar el ignominioso ranking de la corrupción es la Provincia de Salta, que también ostenta la pole position en materia de asesinato de mujeres y de muertos en accidentes de circulación, por solo citar dos índices negativos.

Sin embargo -¡vaya sorpresa!- en Salta no hay corrupción.

Si efectuamos un rápido examen visual en nuestras cárceles, veremos que hay solo dos presos por hechos de esta naturaleza (el exjuez Raúl Reynoso y el político Diego Barreto). Curiosamente, los dos, con prisión provisional, es decir, sin condena. Un tercero -el exjuez Totito Solá Torino- está condenado, pero «roaming free», como todo el mundo sabe.

Otro rápido vistazo nos muestra un inusual activismo judicial que se traduce en el archivo o la desestimación más o menos programada de los pocos casos de presunta corrupción política que llegan a conocimiento de los tribunales de justicia. El caso más sangrante de todos es, sin dudas, la eterna postergación del juicio a los intendentes municipales Sergio Ramos y Rubén Corimayo, que ha superado ya largamente los tres lustros de espera.

Si hace casi tres años que no se sabe prácticamente nada de las causas penales que tienen como imputado al exgobernador Juan Carlos Romero, la olla semidestapada de la corrupción durante el largo gobierno kirchnerista ha hecho que se vuelvan a tener noticias. Pero no para complicar a Romero, sino para todo lo contrario: para exculparlo definitivamente.

Desde luego, nada se podría haber conseguido en este sentido, sin la precisa autorización para proceder en la dirección indicada, extendida generosamente por el actual Gobernador de la Provincia Juan Manuel Urtubey, quien tiene sobradas razones para sospechar de que, si no le quita urgentemente a Romero el peso de los procesos penales que él impulsó contra su antecesor, la tortilla se le puede dar vuelta en poco tiempo, y de acusador en las sombras puede pasar a acusado debajo de cien focos, presa fácil de quienes -desde ya se adivina- serán los futuros «arrepentidos» de su gobierno.

La nulidad y retroceso de la causa en la que se investigaba una operación inmobiliaria en La Ciénaga y el rechazo del recurso de inconstitucionalidad contra la liberalidad gubernamental relacionada con la deuda de Salta Forestal, S.A., han aliviado, qué duda cabe, al romerismo. Pero también han traído tranquilidad a Urtubey y a sus colaboradores (los actuales y los pasados), porque cumplir hoy con la palabra empeñada es la mejor garantía de que los beneficiados de hoy serán generosos con ellos mañana.

Una mano lava la otra y las dos lavan la cara.

Da la casualidad de que los dos únicos presos por corrupción que hay en Salta son enemigos políticos del Gobernador de la Provincia y, además, tampoco disfrutan de la siempre bienhechora simpatía del romerismo. Si alguien quiere encontrarle una explicación a su encarcelamiento, pues ahí la tienen, al alcance de la mano.

Se podría decir, sin temor a caer en el error, que no hay más presos por corrupción en Salta porque la oposición está desarticulada y no tiene ninguna cabida en los cargos del poder. Los pocos opositores al gobierno que hay son perseguidos, no por meter la mano en el tarro (que no pueden) sino por otros delitos, como los abusos sexuales y las asociaciones ilícitas. Y que no hay más denuncias de corrupción en el gobierno porque nueve de cada diez salteños viven directa o indirectamente de los presupuestos públicos.

Mientras toda esta película se proyecta en nuestras gigantescas pantallas OLED, la OMSM (la Organización Mundial de la Salud Mental) se apresta a declarar a Salta «territorio libre de corrupción», lo mismo que hace su colega la OMS con el paludismo o enfermedades un poco antiguas. Lo sorprendente, claro, es que la corrupción es una enfermedad rabiosamente vigente, cuyo torrente tóxico se derrama por todo el país, pero cuando está llegando por El Tala se detiene milagrosmente.

Así como en Salta las malas costumbres no entran, porque Suriani y Tonini se encargan de pararlas donde sea necesario, tampoco llega la corrupción. Los salteños somos, en el fondo, malos ladrones, salvo en el caso de Reynoso y de Barreto, por supuesto.

A nadie se le ocurriría hoy pensar que el gobierno de Urtubey ha estado o está ligado a un asunto gordo de corrupción. Quien así lo hiciera se expone a que el ahorrativo abogado del Gobernador se querelle contra él por una presunta calumnia, pidiéndole al juez que ponga de su bolsillo para encontrar la prueba de la infamia. Y todavía el que va a cobrar honorarios es el abogado, cuando su trabajo lo hace el juez, cuyo sueldo remunera con justicia su esfuerzo por resolver delitos que ofenden a todos.

Urtubey terminará sus doce años seguidos de gobierno omnímodo, con absoluto control de los jueces y de los legisladores, sin apenas una sombra de corrupción. Es la asistencia perfecta de Sarmiento, solo que en materia de ética pública. Se merece un diez, felicitado, y que Sáenz lo premie con una beca municipal, obligándole a calzarse el jogging rosa del Instituto Güemes.

Cuando el arzobispo Cargnello tome la palabra durante las fiestas del Milagro y vuelva a proclamar a Salta «capital de la Fe», nadie podrá discutirlo. En Salta, queridos amigos, tenemos mucha, pero mucha fe. Más que en cualquier otra parte del mundo.