El buzón de la 'articulación' público-privada en Salta

Faltan algunos meses para que concluya el segundo de los gobiernos más largos de un solo hombre que ha tenido Salta en toda su historia.

Quizá, más que su longitud en el tiempo, lo que define mejor al periodo que concluirá el 10 de diciembre de 2019 es el hecho de que el poder político ha sido ejercido durante doce años por un solo hombre, que no ha querido o no ha sabido compartirlo con nadie.

Decir que este enfoque del poder ha empobrecido a la política es poco. Porque también se ha causado daño a la sociedad y, especialmente, al Estado, que se ha visto frecuentemente inerme frente a los más graves problemas sociales.

La concentración autocrática del poder ha impedido, entre otras cosas, que los principales ministerios que gestionan prestaciones sociales desarrollen equipos técnicos capaces de lidiar con los graves problemas de una sociedad empobrecida, atrasada y prisionera de una política inútil y de baja calidad.

La incapacidad de los equipos gubernamentales ha vuelto frecuente el recurso a las fundaciones privadas -la Fundación Conin es un claro ejemplo- que disponen normalmente de recursos más abundantes y mejor preparados para enfrentar algunas contingencias sociales.

Pero las organizaciones sociales y las fundaciones no trabajan gratis, más allá de que su finalidad no sea lucrativa; le cuestan al erario una cantidad de dinero, que se calcula es cinco a ocho veces más cuantiosa de la que se podría gastar si el Estado tuviera recursos humanos bien formados y una capacidad operativa desarrollada.

Juan Manuel Urtubey ha hinchado la planta de trabajadores del Estado como no lo hizo ningún Gobernador, pero antes que para ocuparse de las necesidades de los ciudadanos, los nuevos agentes incorporados a la Administración han sido designados para servir al poder, o para no servir para nada, que es el caso más frecuente.

La apuesta por la burocracia improductiva ha dejado al Estado salteño sin capacidad operativa, en casi todas las áreas del gobierno, excepto probablemente la función de Policía. Es esto precisamente lo que obliga a recurrir a los agentes privados para que se hagan cargo de los problemas. Aun así, la pobreza y el malestar social no han dejado de crecer en Salta, como lo ponen de manifiesto casi todos los indicadores socioeconómicos.

Pero, como sucede en casos clamorosos como el de la Fundación Conin, los criterios de intervención social no son definidos por el gobierno en base a sus motivaciones políticas o a imperativos de justicia social, sino que son impuestos por los circunstanciales «socios» privados, cuya razón de existir, en una gran mayoría de casos, no es la solidaridad social, sino la asociación provechosa -económicamente hablando- con el Estado.

De cara a la sociedad, se ha intentado vender la «articulación» entre el Estado y las organizaciones privadas como algo positivo. Pero al cabo de todos estos años se han podido ver no solo que los resultados en términos de eficiencia social son muy modestos, sino que también el gasto para atender la factura de estas fundaciones y organizaciones se ha vuelto cada vez más grande, incontrolable e injustificado.

Desde 2007, e incluso antes, Salta viene aplicando un modelo de asistencia social y de combate de la pobreza que, más que el interés de los pobres, contempla el interés de quienes dicen luchar contra el fenómeno. La proliferación de fundaciones, asociaciones y ONGs, creadas con los objetos sociales más variados, demuestra que no estamos frente al sano desarrollo del llamado tercer sector sino enfrentados al negocio potencial que supone la calculada apertura del Estado al auxilio privado.

En casi todos los países del mundo desarrollado, el tercer sector se caracteriza por ser diverso, complejo, dinámico y con una gran capacidad de adaptación a las nuevas realidades sociales y económicas. En Salta se caracteriza por todo lo contrario. Es innegable que el fenómeno de su proliferación, su ritmo de crecimiento, el abanico de sus objetivos y su alcance les ha hecho alcanzar una posición de coprotagonismo en la promoción del bienestar social, la participación cívica y el debate público en nuestras sociedades contemporáneas. Pero no es menos cierto que, en nuestra Provincia, su politización partidista y sus orientaciones ideológicas han desfigurado un número importante de sus buenas intenciones.

Este diagnóstico no debe ser entendido como la negación de que un número muy limitado de ONGs desempeña entre nosotros un papel importantísimo, con independencia de la actitud que mantengan frente al Estado y a sus necesidades. Hay muchas -incluso confesionales- que trabajan silenciosamente en ámbitos relativamente pequeños, con personas y grupos que padecen necesidades puntuales, sin esperar recompensas del Estado y sin procurar protegerse debajo de su paraguas. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones con las que se relaciona el gobierno de Salta responden a un patrón clientelar de relación con el poder político (buscan el amparo del Estado y que este les proporcione clientes) y, por ello mismo, carecen de herramientas y de discurso para proponer al Estado una asociación que privilegie la innovación y la inversión social en nuevas protecciones que respondan a las nuevas necesidades.

El modelo de «articulación» entre el sector privado y el sector público de la economía en materia de intervención social ha fracasado y es preciso reconocerlo. Los que conocen de este fracaso y de los enormes costes que generan, y lo ocultan a los ciudadanos, están engañando a la sociedad y vendiéndoles un buzón, viejo y descascarado.