Macri comete un error al pedir a los senadores el voto 'a conciencia'

En los sistemas políticos representativos, como el argentino, los legisladores nacionales (representantes del pueblo de la Nación y de las provincias como entidades autónomas) no están vinculados con sus electores por mandato imperativo, de forma tal que su función -que es en cualquier caso representativa- les deja un cierto margen de libertad a la hora de adoptar decisiones.

La elección de una persona para ocupar un escaño en cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Nación supone una autorización implícita al representante para buscar y alcanzar acuerdos y compromisos con otros en base a prioridades políticas (no a convicciones personales) sin necesidad de establecer una consulta permanente a sus representados.

El mandato imperativo, por contra, se basa en la idea del carácter intransferible de la soberanía popular, de modo que «el pueblo», tanto al momento de la investidura como durante el desempeño del cargo, indica puntualmente al legislador qué contenido ha de tener su voto en un asunto de gobierno determinado.

Como toda libertad, la del legislador que porta un mandato representativo es relativa. Es decir, ningún diputado o senador es absolutamente libre a la hora de emitir su voto.

Para empezar, aunque en la Argentina no rija como principio el de la disciplina de voto partidario, los legisladores son electos en las listas de los partidos y por ese solo hecho, quienes los han propuesto en sus listas, pueden decirles legítimamente de qué forma votar, en un asunto determinado o en todos los asuntos.

Al partido, a sus intereses, a su programa y a su ideología, como primer límite, se suma el criterio del interés general, que un legislador no puede ignorar ni subordinar a sus intereses personales o a sus convicciones morales. Cuando el interés general entra en conflicto con el interés personal o con las convicciones morales de un representante político, la solución no es el «voto en conciencia» sino la dimisión del cargo, que es lo único que permite que, en casos como este, las convicciones personales no resulten traicionadas.

Sabido es que si se dejara a los senadores y diputados votar como les venga en gana, los estaríamos convirtiendo en personas electoralmente unaccountables, ya que jamás les podríamos controlar ni exigir ninguna responsabilidad por el uso desviado de la representación conferida.

Si para algo existen los partidos políticos -definidos por la Constitución nacional como instituciones fundamentales del sistema democrático- es para hacer posible la democracia representativa. Un objetivo como este no solo se logra nominando a gente para que sean candidatos en unas elecciones, sino encauzando la opinión pública, simplificándola y reduciendo su variedad, para que los ciudadanos puedan entender con mayor facilidad los problemas que se debaten y escoger mejor las soluciones que se proponen.

Cuando en situaciones críticas o temas especiales los partidos renuncian a fijar posición y desisten de instruir a los legisladores que han sido electos en sus listas, esta situación no puede propiciar jamás la libertad absoluta de los electos. Si tal cosa ocurriera, nuestra democracia dejaría automáticamente de ser representativa o, lo que es incluso peor, nuestra representación parlamentaria dejaría de ser democrática.

En situaciones como estas, en las que a los partidos les resulta imposible fijar una postura unificada, los legisladores están obligados a consultar el interés general, de forma abierta y transparente, sin llegar a los extremos del mandato imperativo. Antes de «llamar a su conciencia», como les ha pedido el presidente Mauricio Macri deben agotar todas las instancias posibles para averiguar de qué modo se respeta mejor el interés general en un asunto determinado y adoptar la decisión que sea de acuerdo con este interés, o en la medida que mejor lo favorezca.

Evidentemente que, si escrutado el interés general con la minuciosidad que sería deseable en ciertos temas, el legislador concluye que su defensa colisiona con sus convicciones personales, su deber es dimitir, pero solo si con su dimisión (y su reemplazo por un suplente) se asegura que el interés general será debidamente tutelado. En cualquier otro caso, su deber es votar, aunque sea forzando su conciencia moral, y dimitir después como un gesto encaminado a salvaguardar su honor y dejar testimonio de su disconformidad con lo decidido.

En resumen, que el llamado «voto a conciencia» es la muerte de la democracia representativa y que los legisladores electos no pueden jamás anteponer sus convicciones morales o sus preferencias personales a los intereses de la ciudadanía, cualesquiera estos sean, sin agotar todos los medios a su alcance y hacer todos los esfuerzos posibles para poner por delante los intereses de los representados del interés propio. En el momento en que alguien decide «votar a conciencia» con preterición del interés general, deja de ser representante (del pueblo o de las provincias) para convertirse en representante de solo de sí mismo, que es algo que nuestra Constitución no permite.