Hacer trampas en un examen está muy mal, sin ninguna duda. Pero desde luego es mucho peor que el presidente de la Corte de Justicia suspenda de forma cautelar a un trabajador del Poder Judicial a raíz de una falta -todavía presunta falta- cometida fuera de su relación estatutaria de empleado público.
Por supuesto que las leyes vigentes autorizan al señor Catalano a abrir sumarios administrativos y a incoar procedimientos disciplinarios a los agentes del Poder Judicial. Lo que no puede hacer es recurrir a estos mismos instrumentos en caso de que los agentes cometan faltas en otros ámbitos de su vida diferentes al laboral.
Si el señor Alejo, siendo empleado del Poder Judicial, se presenta a un concurso público en el que se han inscrito junto a él otras personas que no están empleadas del Poder Judicial y por copiarse se le sanciona a él, cuando en igualdad de circunstancias a otro concursante que copia no se le podría haber sancionado por no encontrarse bajo la potestad disciplinaria de la Corte, es que el principio de igualdad que preside los concursos del Consejo de la Magistratura se rompe de entrada.
Ahora bien, si la falta cometida (o presuntamente cometida) por el señor Alejo resulta que lo descalifica, no ya como participante en un concurso sino como trabajador del Estado y hasta como persona en toda su integridad, ¿cómo es que el doctor Albino puede ser a la vez un «científico repudiable» para las cuestiones sexuales y un «eficiente nutricionista» en cuestiones relacionadas con la infancia?
Los casos no son exactamente iguales, pero los criterios morales aplicables son parecidos. Si el doctor Albino es «repudiable» por sus opiniones científicas (o religiosas) sobre el aborto, los preservativos, las relaciones sexuales o el virus del sida, lo es también -y quizá mucho más- para las cuestiones que, de momento, justifican su vinculación con el gobierno de Salta. Es decir que se trata de una personalidad que no se desdobla, como la del señor Alejo, ni más ni menos.
Es evidente -salvo para Urtubey- que quien sale en los más importantes diarios del mundo proclamando una verdad ridícula (como que el preservativo no sirve para prevenir las enfermedades de transmisión sexual) y que condena a las mujeres a una vida miserable de «panza llena y pobreza eterna», en nombre de sus creencias religiosas, no puede de ninguna manera ocuparse de los niños y niñas pobres de Salta. Es deber del gobierno interrumpir inmediatamente las relaciones con el doctor Albino y con la Fundación Conin, y hacerlo de un modo tranquilo, nada escandaloso.
Pongamos como ejemplo, la cantidad de casos de famosos a los que grandes empresas que los patrocinan han dejado de hacerlo, sin ningún tipo de duda, por unas declaraciones desafortunadas en Twitter. Meter la pata tiene sus consecuencias, salvo en Salta.
A veces, en ocasiones como esta, muchos desearían que el Gobernador de Salta fuese el inflexible Catalano y no el voluble y timorato Urtubey, para quien la moral de un ser humano tiene colores y estaciones diferentes, según la hora del día y las materias a las que afecte.
Lo que no puede pretender el variable Gobernador de Salta es imponer su moral poliédrica y «a la carta» a todos los demás ciudadanos, eludiendo su responsabilidad de juzgar en toda su dimensión al fundamentalismo religioso que toma decisiones en su gobierno, porque él ha permitido que las tome.
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