Durante todo el tiempo que duró la defensa que el gobierno de Urtubey hizo de la plena compatibilidad constitucional de la enseñanza religiosa en Salta -una defensa, a la postre, fallida- los procuradores gubernamentales -entre ellos, la actual Ministra de Educación- se empeñaron en decir que la religión en las escuelas era un asunto del Estado y no de la Iglesia.
En el bien entendido de que la Iglesia solo acudía al llamado del gobierno, teóricamente obligado por un mandato constitucional, que luego se comprobó era atentatorio contra las libertades fundamentales del individuo.
Pero pocos se han creído este papel de convidado de piedra de la Iglesia, ya que casi todo el mundo sabe que es la jerarquía eclesiástica la que corta el bacalao en Salta, en muchos asuntos y no solo en lo que tiene que ver con la enseñanza de la religión.
El caso es que ayer, en un arrebato verbal cuyas consecuencias seguramente no ha previsto, el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, ha reconocido haber «acordado» con el Arzobispo local de qué forma el gobierno -el único sujeto obligado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2017- va a cumplir con una parte de aquella resolución: la que manda a suprimir los ritos religiosos durante la jornada escolar normal.
Cualquiera puede darse cuenta de que, si la cuestión de la religión en las escuelas es un asunto que atañe exclusivamente al gobierno y a su relación con la legalidad vigente, lo que pueda opinar la Iglesia ntodel sobre el tema es algo que carece de importancia.
Pero en Salta sí la tiene y mucha. Hasta el extremo que al Gobernador no le queda más remedio que llamar al Arzobispo para «ver cómo se puede hacer» para que los niños y niñas de las escuelas públicas de Salta acudan a la Catedral, sin violentar la sentencia judicial.
En cualquier sistema político maduro, la decisión en la materia debería haber sido adoptada solo por el gobierno. Más aun cuando el propio gobierno basó toda su defensa de la educación religiosa en su carácter estatal, teóricamente neutral y no eclesiástico.
Es del caso suponer que el celular del señor Arzobispo se ilumina también cuando el Gobernador, en sus frecuentes titubeos, no sabe qué decisión tomar sobre los abortos, la educación sexual, los embarazos infantiles y un cúmulo de cuestiones sensibles en la que la democracia ha dejado de funcionar, en beneficio de un sistema medieval de exaltación del papel del clero.
Si de verdad el Gobernador de Salta quiere avanzar en la separación de la Iglesia y el Estado, debería empezar por borrar de los contactos de su teléfono a ese tal «Mario», que aparece en su selecta lista. Porque desde San Pablo en adelante (y para atrás también) las cosas del César son diferentes a las cosas de Dios y cada uno debe meterse solo allí donde lo llaman.
Las opiniones del señor Arzobispo son muy interesantes -muchas veces muy valientes, teniendo en cuenta el virulento desprecio social hacia las posturas conservadoras- pero deberían ser solo eso: opiniones.
Quien las convierte en «acordadas», no es el Arzobispo, que por lo que se ve no es capaz de meter en cintura ni al cura Crespo (sacerdote católico partidario del aborto). El que lleva a cabo esta especie de transfixión jurídica, es el gobernador Urtubey, quien tal vez para que su segunda esposa sea recibida en el templo con cristiana generosidad (a pesar del orsái) no vacila en descolgar cuantas veces haga falta las verdes llamadas del tal «Mario» y convertir en decisiones vinculantes sus perfumadas decisiones pastorales, que cada vez son más pastoriles que pastorales.
{articles tags="current" limit="3" ordering="random"}
{Antetitulo}
{link}{title limit="58"}{/link}
{created} - {cat_name} -