Lo que se esconde detrás del intento de reformar la Constitución de Salta en dos noches

  • El autor de este artículo denuncia que detrás del intento de reformar la Constitución de Salta por la vía rápida se disimula la antidemocrática intención de cercenar las facultades del próximo Gobernador de la Provincia, cerrándole el camino a las reelecciones y sometiéndole a una Corte de Justicia que se pretende vitalicia y definitivamente opaca a los controles ciudadanos. Y todo ello, en nombre de la democracia, como ya sucedió en 1998 y 2003.
  • De qué lado estamos
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Ninguna Constitución del mundo está actualizada. Todas, en mayor o menor medida, contienen regulaciones ya superadas por la dinámica social y política. En los países en donde esto sucede se intenta compensar el desfase constitucional con una intensa práctica institucional que, a la vez que permita la adaptación de las formas vigentes, evite o postergue el recurso a la reforma de la Constitución, que suele ser costosa, lenta, complicada y riesgosa.


En Salta, sin embargo, después de más de seis décadas de vigencia sin retoques de la Constitución de 1929 (solo interrumpida por el breve reinado de la Constitución de 1949), la que nos rige desde 1986 ha sido objeto ya de dos reformas importantes y ahora se propone una tercera.

Existe entre nosotros un «impulso reformista» que convendría detener, y cierta «mano de obra desocupada» que parece no saber hacer mejor cosa con su tiempo que meterse con la Constitución de todos.

Tenemos que ser capaces de advertir que así como las anteriores reformas (1998 y 2003) han estado justificadas solo en los apetitos coyunturales del poder y orientadas exclusivamente a dar un barniz de legalidad al personalismo político, no hay nada que permita intuir que la reforma que algunos se proponen llevar a cabo ahora no está guiada por los mismos propósitos.

Hay ocasiones en las que hasta a los más pícaros del lugar les resulta muy difícil ocultar sus cartas. Llega un momento en que deben enseñarlas. Y así, nos hemos podido enterar que lo que se proponen los reformistas express es limitar la posibilidad de reelección consecutiva del Gobernador y de los intendentes municipales, pero al mismo tiempo, aumentar el mandato de los concejales y hacer que los jueces de la Corte de Justicia, que son designados a dedo por el Gobernador y que por un cúmulo de razones deben durar un tiempo limitado, duren para toda la vida.

Estas propuestas nucleares son adornadas por una serie de retoques de menor importancia, tal cual como ha sucedido en las reformas anteriores, y que afectan principalmente a los organismos de control. Una especie de cortina de humo para dar apariencia democrática a una reforma que se propone objetivos diametralmente opuestos a los que sus impulsores declaran en público.

La situación es muy clara. De lo que se trata es de aprovechar el clima de creciente insatisfacción social con los mandatos largos y la consecuente falta de controles democráticos, para lanzar, como remedio a todos nuestros males, la limitación de las reelecciones. Quienes así lo han pensado saben que una mayoría de salteños está de acuerdo en ello y que no protestará ni aun frente al hecho comprobado de que los que proponen ahora limitar los mandatos son los mismos que antes reformaron la Constitución para permitir las reelecciones sin control.

El segundo elemento de la reforma consiste en poner por delante la «independencia judicial» como argumento para el refuerzo del control del ejercicio del poder, de modo que nadie pueda protestar por el hecho de que al mismo tiempo que se propone limitar los mandatos ejecutivos se proponga también extender hasta el final de sus vidas el mandato de unos jueces que no son elegidos de forma democrática.

Si juntamos las dos cosas lo veremos más claramente todavía: de lo que se trata es de embridar al Gobernador que surja de las urnas en 2019, impidiéndole ejercer (o aspirar a ejercer) durante el tiempo que lo hicieron sus dos antecesores (12 años seguidos) y colocándole al mismo tiempo, como «gargantilla de garrafas» (al decir del humorista Luis Juez), una Corte de Justicia vitalicia, ultrapoderosa, formada por jueces que él no ha designado y que no responderán a sus intereses.

Una Corte que, convertida en camarilla, decidirá a palo seco sobre los derechos y las libertades fundamentales de todos nosotros, la forma en que se convocan y conducen las elecciones, el modo y los tiempos en que se designa a los jueces, los mecanismos, la oportunidad y los motivos de su expulsión de la judicatura, si los intendentes destituidos se van o se quedan, la letra de las sentencias que deben redactar los jueces inferiores, los conflictos de poderes y la manera como deben trabajar los empleados y empleadas del poder judicial.

Para decirlo de forma más directa: se han dado cuenta que lo del «fin de ciclo» no es un eslogan inocente y que hay que operar rápidamente para que el poder, que tanto ha costado acumular en los últimos veinticinco años, no se escurra rápidamente por unas tuberías democráticas que vaya a saber uno a dónde nos conducirán. De lo que se trata es, pues, de prolongar la vitalidad del sultanato y extenderlo por lo menos cincuenta años más.

Es nuestro deber denunciar esta maniobra espuria, con la misma energía y vehemencia cívica con que denunciamos los atropellos anteriores de 1998 y 2003, que son los que nos han colocado en esta situación de descalabro institucional y abuso del poder en la que nos encontramos. Una situación que solo ha beneficiado a un puñado de poderosos millonarios, pero que sumido en el descontento y la desesperanza a la gran mayoría de salteños.

Pero no debemos quedarnos en la denuncia de los hechos, sino también señalar por sus nombres y apellidos a los autores de esta maniobra, porque de nada vale con decir que nos están preparando otra cama si no decimos que quienes lo están haciendo son los señores Juan Carlos Romero, Ricardo Gómez Diez, Julio Argentino San Millán y Juan Manuel Urtubey.

No debemos olvidar ni por un minuto que fue el pacto contra natura de los tres primeros el que dio lugar a la reforma de 1998 y que el activismo servil del último fue el que propició la impresentable y trasnochada enmienda de 2003.

Debajo de ellos se inscriben los nombres de sus empleados, los antiguos y los nuevos, que son de todos conocidos.

Los que rechazan la repetición de estas maniobras en 2018, los que consideran que la Constitución de Salta no es ni un juguete ni un botín de guerra del poder y piensan que nuestras instituciones merecen tener una oportunidad de que funcionen, antes de cualquier reforma, deben alzar su voz ya mismo y decir claramente de qué lado están.

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