Juicio político y prestigio judicial

Mucho se ha hablado y escrito en estos últimos años acerca del «prestigio» del Poder Judicial como sostén de las instituciones de la democracia.

Se trata, a mi modo de ver, de una forma equivocada de entender el papel que entre nosotros desempeña la institución judicial, que no precisa tanto de prestigio como de eficiencia.

El prestigio se puede entender en dos sentidos bastante bien diferenciados: 1) la pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito, y 2) el ascendiente, la influencia o la autoridad de alguien.

Pero en el caso de la Justicia, como función esencial del Estado (del Estado democrático), estos dos sentidos se superponen, y así, la autoridad no puede ser entendida sino como producto del crédito que los ciudadanos reconocen a la institución judicial, ya sea por su legitimidad o sea por su calidad y competencia en las materias que le son propias. En suma, por su mérito.

En Salta, así como en muchos otros lugares, el prestigio del Poder Judicial aparece notablemente desligado de cualquier mérito institucional. Entre nosotros se tiende a pensar que las instituciones judiciales son «prestigiosas» solo en la medida en que los hombres que las integran son capaces de ejercer con mayor intensidad el poder del que están investidos; en la medida en que estas personas sean «respetables» (capaces de infundir temor en sus semejantes con sus decisiones), sin importar en estos casos la real estima que los ciudadanos puedan dispensarles, por su ecuanimidad, por su preparación, por su eficiencia o por el acierto de sus juicios.

En las democracias modernas, no es la imagen personal de los magistrados ni su capacidad de sugestión las que deciden el mérito de la institución judicial. Al contrario, es la real aptitud de esta institución para tutelar de forma eficiente y correcta las libertades fundamentales de los ciudadanos, así como su capacidad para ejercer el control de las decisiones de los demás poderes del Estado, las que le confieren su auténtica legitimidad.

De allí que un mecanismo extremo, como el juicio político, no deba ser contemplado tanto como un remedio para corregir el ejercicio desviado de la autoridad (la pérdida de influencia o de «respetabilidad») cuanto como una forma de sancionar la ineficiencia en el cometido fundamental que la institución judicial tiene en la vida democrática: la tutela de las libertades individuales y el control del poder.

No se trata de sancionar las «malas mañas» sino, en cualquier caso, de reafirmar la vigencia de unos determinados valores y principios que aparecen conculcados por quienes se han apartado de la misión constitucional que les ha sido encomendada.

Tendemos a pensar en el juicio político como en un mecanismo reservado para personas que han caído en desgracia por la pérdida de su autoridad, de su influencia o de su poder, por haber cometido actos horribles en contra de sus semejantes o de las instituciones. No pensamos generalmente que una persona «respetable» puede ser sometida a juicio político, a pesar de sus cualidades personales, por el hecho de no haber sido capaz de proteger adecuadamente las libertades cuya tutela la sociedad le ha confiado, o por haber renunciado a controlar al poder político. La destitución por «mal desempeño» no requiere, como frecuentemente se piensa, haber cometido imperdonables errores técnicos, sino simplemente haber traicionado, de forma grave y constante, las expectativas sociales acerca del cumplimiento de las misiones fundamentales que a un determinado magistrado asigna la Constitución.

Desde este punto de vista, mal haríamos si contemplásemos el juicio político a los jueces de la Corte de Justicia solo como una forma expeditiva de restituir el «prestigio» de una institución determinada. Al contrario, debemos pensar en el juicio político como el remedio más eficaz para conseguir desplazar a quienes han renunciado a su misión constitucional y reemplazarlos por otros que sean capaces de cumplirla.

Si pensamos solo en restituir la autoridad (la de la fuerza y la del miedo) y no nos preocupamos por restaurar la legitimidad perdida por falta de eficiencia, de cuidado o de acierto, corremos el riesgo de convertir el juicio político en un instrumento más al servicio del poder, desconociendo así su verdadera naturaleza de institución fundamental para la conservación y afirmación de las libertades democráticas.