Cuando leí ayer que el gobernador Urtubey justificó su decisión de retroceder el Decreto 1170/2012, no en las tremendas críticas que estaba recibiendo a lo largo y ancho del país y que amenazaban con romper su espejito de Blancanieves, sino en el «hecho aberrante» de la violación y embarazo de una niña de diez años, muchos -no solo yo- nos preguntamos «¿y qué hubo de otros hechos tanto o más aberrantes que este sucedidos durante los seis años de vigencia del infeliz decreto?».
¿Es que recién ahora el Gobernador se «aberra» frente a las barbaridades que suceden a su alrededor y, en buena medida, por su culpa?
Pienso que Urtubey habría conseguido hacer una gran contribución a la sinceridad política (y con ella, arrimar ascuas a su sardina) si, en vez de fundamentar su magistral arrugada en la «aberrancia» del suceso, lo hubiera hecho en el insoportable ardor de orejas que le produjo el vendaval de críticas ácidas, que amenazaba con hundirlo en las encuestas nacionales de intención de voto para 2019.
No se puede decir que la suya no haya sido una decisión valiente, porque el Gobernador sabía o debía saber que, con su decisión, lo menos que se podría esperar era que saliera el Arzobispo a hacer escuchar su autorizada voz sobre el tema, cosa que el prelado efectivamente hizo, pero como acostumbra a veces: por boca de su ayudante de campo y utilero, el Vicario General de la Arquidiócesis.
Después de leer la acre opinión de la Iglesia, Urtubey debió de pensar: «no es nada que no se pueda arreglar con un par de buenos terrenos en donación». Y los sacerdotes deben haber pensado algo parecido: «con dos no arreglamos nada, pero con cuatro nos lo pensaríamos».
Las familias de las niñas y mujeres violadas y embarazadas por causa de la violación entre 2012 y 2018 que debieron de humillarse para contarle sus penas, no al médico, como corresponde, sino a un comisario, a una asesora de incapaces de diaria eucaristía y a esas siempre bien dispuestas y convincentes psicólogas prefreudianas, deben estar pensando ahora mismo: «Pero cómo ¿es que el señor Gobernador no consideró 'aberrante' nuestro caso? ¿Cuál es la vara de medir?».
Un hombre que en cualquier país civilizado del mundo estaría hoy disfrutando de su libertad, como Santos Clemente Vera, hoy cumple una pena de prisión a perpetuidad, sin que al gobernador Urtubey una injusticia como esta le parezca «aberrante».
Quizá nos convenga ponernos de acuerdo de una vez en qué es lo que nos aberra y qué es lo que no. Si la «aberrancia» es lo que motoriza a la política, pues habrá que buscar sobre la palabra un mínimo consenso, sin convocar para ello al doctor Gómez Diez, especialista en el tema.
En momentos en que algunos dudan si apostar al dólar o comprar bitcoins o alguna otra criptomoneda, lo que parece interesante en Salta ahora mismo es invertir en berros. El precio de lo «aberrante» se ha disparado en Salta desde la decisión de Urtubey de volver sobre sus propios pasos, de forma tal que quien ayer tenía unas cuantas plantitas verdosas a la orilla de una acequia hoy puede considerarse un afortunado millonario.
Desde ayer, el que quiera ver solucionados sus problemas lo tiene más fácil: solo debe conseguir que el Gobernador se «aberre»; lo cual no parece demasiado difícil, visto lo visto. Basta con contratar a unos gritones con megáfono en Buenos Aires y asunto resuelto.
Mientras siga habiendo terrenos fiscales aptos para la donación, lo que diga la jerarquía católica de Salta no tiene la menor importancia. Aquí mandan las encuestas y no las Sagradas Escrituras.
Y ya puestos a ser ácidos, en Salta son sagradas no solamente las escrituras del Antiguo o el Nuevo Testamento, sino también las que forman parte del protocolo del Escribano de Gobierno, que es el que autoriza las periódicas y salvíficas donaciones a los curas gauchos.
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