Los vientos cambiantes de las encuestas, los aprietes masivos en Twitter y el deseo casi desesperado de contentar a los que más gritan en las redes, han convertido en un pequeño infierno la hasta ahora tranquila vida política del Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Embarcado en una campaña presidencial de incierto final, el mandatario salteño, probablemente por consejo de sus asesores de imagen, ha intentado en estas últimas semanas modificar su discurso ante las grandes audiencias nacionales, para lograr un imposible lógico: presentar como progresistas las políticas conservadoras y reaccionarias que su gobierno ha venido poniendo en acción durante los diez últimos años en Salta.
Sin embargo, el pobre resultado de su doble discurso, en números, le ha obligado a abandonar el terreno de las palabras y le ha forzado a adoptar decisiones que, de algún modo, contrarían todo lo que ha venido haciendo en Salta en temas que son críticos para la ciudadanía, tanto en materia de libertades públicas como en economía o en bienestar social.
Este salto cualitativo está provocando no pocas tensiones allí donde sus continuos cambios de parecer tienen consecuencias directas: la Provincia de Salta.
Este territorio, poblado por algo más de 1.300.000 habitantes, se ha convertido en algo así como en la capital nacional de las contradicciones, de la mano de un Gobernador que parece haber extraviado el rumbo, cegado por los destellos de una candidatura nacional que aún se le resiste.
A pesar de esta incontestable realidad, Urtubey se ha dado del lujo de decir en los últimos días que tanto él como la Provincia de Salta son «previsibles», y que la «previsibilidad» es un valor que asegura la provechosa inserción de la Argentina en el mundo. Sin embargo, sus continuos cambios de criterio en asuntos fundamentales cuestionan estas dos premisas.
En Salta nadie sabe ahora mismo si el gobierno provincial cumple o no el mandato de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la impartición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, fuera del horario escolar y como contenido extracurricular y no evaluable. Y no se sabe porque mientras el gobernador Urtubey alardea de cumplir a rajatabla con la sentencia judicial, su gobierno oscila entre la exageración (la prohibición de los huevos de Pascua en las escuelas) y la permisividad (la autorización para que los escolares acudan, como tales, a las fiestas patronales de los pueblos).
Lo mismo sucede en materia de educación sexual, un asunto que preocupa a los electores de la franja más poblada del país, que ven con auténtica desconfianza las idas y venidas de Urtubey en la materia. Mientras él se esfuerza en vender que su gobierno se ocupa de la educación sexual «integral» (adjetivo exigido por la Iglesia), su ministra de Educación, siguiendo las lógicas directrices de la superioridad, se encarga de transmitir de que en Salta es imposible que el Estado imparta una educación de estas características, tanto por falta de conocimiento o interés de los educandos como por la carencia de docentes especializados.
Tampoco se sabe bien qué sucede en materia de abortos, porque hasta ayer regía en Salta un duro decreto provincial que, bajo el pretexto de «reglamentar» la sentencia de la Corte Suprema sobre abortos no punibles de 2012, estableció una calculada barrera de obstáculos al ejercicio de un derecho consagrado en las leyes. Hoy, vencido por el peso de los acontecimientos (una niña de diez años, embarazada por su padrastro, ha sido «convencida» por operadores judiciales de Salta de no interrumpir su gestación), Urtubey ha decidido echar para atrás su polémico decreto.
Igual situación afecta al voto que los legisladores nacionales que responden al gobernador Urtubey emitirán sobre el proyecto de ley que tramita el Congreso Nacional para despenalizar el aborto. En febrero de este mismo año, en declaraciones a la prensa de Salta, Urtubey se manifestó radicalmente en contra de la posibilidad de levantar el castigo penal para estas conductas, pero a los dos meses, en un programa de televisión de Buenos Aires, dijo todo lo contrario.
No es mejor el panorama en cuanto a la economía, puesto que, en Buenos Aires, el Gobernador de Salta se muestra abierto y flexible a las soluciones consensuadas entre todas las provincias, pero a la hora de tomar decisiones en la suya resuelve dar la espalda a los demás territorios, sin animarse a tocar la planta de personal de la Administración pública que él mismo hizo crecer de una forma virtualmente descontrolada.
Hace cuarenta y ocho horas salía en todos los medios nacionales anunciando su «propuesta» al presidente Macri de rebajar el IVA que grava el consumo de energía, desautorizando así el voto de sus propios legisladores. Y hoy mismo, dejando a un lado su gesto amable, su gobierno ha anunciado en Salta el aumento de la tarifa de la luz. Todo ello sin contar con que hace una semana su Jefe de Gabinete anunció la creación de nuevos impuestos para gravar supuestamente la actividad económica que despliegan en territorio salteño empresas extranjeras de servicios digitales, pero que el gobierno no podrá cobrar sino mediante un cargo en la tarjeta de crédito del consumidor residente.
Pasan las horas, avanza la campaña y las contradicciones de este tipo se multiplican. El proyecto personalista de Urtubey se ha convertido, de un día para el otro, en un peligro para Salta, para sus instituciones y para el futuro de sus habitantes.
Salta ahora mismo es una Provincia a la deriva, lastrada por la inoperancia de sus más altos responsables políticos y desorientada por los continuos cambios, «marchaatrases» y dobles discursos. Especialmente de su Gobernador, al que parece que alguien le ha expropiado su capacidad de decidir y está decidiendo por él en base a criterios que los salteños ignoran.
Mientras parece reforzarse fuera de las fronteras de Salta la credibilidad de Urtubey, su imagen y su legitimidad decrecen en su Provincia, en donde los ciudadanos no entienden que una aventura personal que, por el momento, ni siquiera cuenta con el respaldo explícito de su propio partido distrital, esté provocando en Salta tanta incertidumbre, tanta ineficiencia y un nivel importante de ridículo. Pocas veces los salteños han visto a alguien dispuesto a tanto para lograr sus objetivos personales.
Sin embargo, con la oposición desarticulada, los partidos políticos destruidos y la Legislatura prisionera de un servilismo personal relacionado con la azarosa subsistencia de los territorios periféricos, lo que en situaciones normales debería forzar a un cambio de gobierno, se traduce en una complacencia más o menos silenciosa con las contradicciones y las inconsecuencias.
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