En medio de la tremenda crisis de las cuentas públicas en toda la Argentina, responsables del gobierno provincial han sacado a pasear ayer su más absoluta falta de empatía y solidaridad con el resto del país, al declarar, entre redobles y toques de clarín, que Salta es «una provincia equilibrada, sin despidos, sin recortes y sin parar la obra pública».
Suponiendo que se pueda aplicar el calificativo de «equilibrada» a una provincia mal gobernada y con signos de una gran dispersión mental en su clase dirigente, corresponde preguntarse si el hecho de que no haya despidos, que no se practiquen recortes ni se detenga la obra pública (cosas que no solo basta con decirlas sino que hay que demostrarlas) es todo o lo mejor que esperan los ciudadanos de su gobierno.
No estamos hablando de un debate entre la austeridad y el gasto público, sino de la confrontación entre gasto público improductivo e inversión social.
Desde el punto de vista de la inversión social, la Salta «equilibrada» de Urtubey es un cero a la izquierda.
A ningún salteño se le escapa que durante los últimos diez años, el gobierno de Juan Manuel Urtubey ha dedicado, a espasmos, enormes cantidades de recursos para colocar parches sociales, y prácticamente ni un centavo (así como tampoco esfuerzo o recursos intelectuales) a la construcción de capital social o de capital humano.
Cualquier sociedad cuyo gobierno se ufane de la sanidad de sus cuentas públicas y que al mismo tiempo arrastre un déficit social de semejante magnitud, difícilmente pueda gozar de la consideración de provincia «equilibrada».
Nada, absolutamente nada, ha hecho el gobierno de Juan Manuel Urtubey para orientar la nave del Estado hacia las inversiones socialmente responsables, que ponen énfasis en preocupaciones éticas, morales, sociales y ambientales. Porque su política ha consistido siempre en tapar los agujeros sociales (con subsidios directos, con obras de baja calidad y con servicios tercermundistas) para evitar la tan temida fuga de votos y no con la finalidad de estimular el crecimiento de la sociedad y la superación paulatina de las dificultades colectivas.
Cualquier persona, sin necesidad de poseer conocimientos avanzados en economía, puede saber que en situaciones de crisis tan aguda como la actual, la solidaridad con las personas más necesitadas o la apuesta por la cohesión social son limitadas, puesto que la capacidad de gasto de una sociedad debe estar acorde con su capacidad para generar riqueza.
Salta produce muy poca riqueza, como todo el mundo sabe, de modo que el desafío que enfrenta el gobierno no consiste tanto en cuadrar la cuentas de la Administración como en hacer sostenible la inversión social. Es decir, demostrar el «equilibrio» a través de una mínima cautela para no superar los límites que razonablemente impone la economía y para no hacer que el gasto o la inversión social resulten al final insostenibles.
Dicho en otras palabras, que aquellos que dicen que Salta está «equilibrada» y que presumen de una gran responsabilidad, son en el fondo unos consumados irresponsables al mantener, contra viento y marea, el gasto improductivo que genera una planta de empleados públicos digna de Estados mucho más complejos y evolucionados, cuya manutención excede cualquier expectativa de sostenibilidad, con la capacidad de generación de riqueza que tiene ahora mismo la Provincia de Salta.
A la hora de juzgar el «equilibrio», los ciudadanos no deben detenerse en el examen de las columnas de ingresos y gastos del gobierno, sino fijarse en la rentabilidad -en forma de empleo, de riqueza, de desarrollo tecnológico y de bienestar- de los gastos que efectúa el gobierno.
La decisión del gobernador Urtubey de persistir en su modelo económico (de decir: «lo hecho, bien hecho está») es la mejor forma de negar la crisis, de eludir la responsabilidad y de fracturar la solidaridad entre territorios. En tiempos de dificultades se hace necesario revisar los paradigmas sobre los que se estructura el modelo económico y social afectado. Confirmarlos solo serviría para agudizar la crisis.
Urtubey adeuda a esa Salta atrasada, marginal y pobre que todos conocemos la creación de nuevas oportunidades de desarrollo, para las personas y para las unidades productivas. Son estas oportunidades, y no el «equilibrio» lo que se necesita para superar la crisis con un nuevo modelo productivo.
Es inconcebible que el Gobernador de Salta no se haya dado cuenta, en casi once años, que los servicios sociales constituyen una gran oportunidad inversora, imprescindible para el desarrollo económico. Con su declaración de amor por el «equilibrio», Urtubey demuestra que no va con él eso de proporcionar protección social adecuada a las nuevas formas de vida y convivencia personal y familiar; que el reto de la marginación y los objetivos de cohesión social nada tienen que ver -según él- con el desarrollo sostenible.
Más que de la perfección de sus cuentas, Salta debe estar pendiente de su capacidad para generar empleo (el productivo, no el burocrático) y riqueza, vinculada a la autonomía personal de los individuos, lo que necesariamente traslada el eje del problema a los grandes y graves desafíos que afronta Salta en materia de innovación y desarrollo tecnológico, un terreno que los «equilibristas del gasto» han dejado olvidado en un rincón del cajón.
Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, pero el gobierno de Salta las está desaprovechando en base a dos razonamientos: 1) el que niega la crisis y 2) el que pone por delante la corrección de las cuentas públicas sobre cualquier objetivo social.
Los dos argumentos son propios de los gobiernos más conservadores del planeta.
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