La Administración pública de Salta no para de crecer en número de agentes. Aproximadamente un 8% del total de los designados por el gobernador Juan Manuel Urtubey en empleos pagados por el Estado percibe unos salarios que duplican al que, en conjunto, percibe el 92% restante.
Los empleados designados a dedo por el Gobernador de Salta no solo tienen salarios altos sino blindados contra el avance de la inflación y la depreciación monetaria, como lo demuestra el sorpresivo aumento de la subvención a la Fundación Salta.
A ello se suma que en Salta no existe una carrera administrativa, no hay incentivos para los que mejoran su cualificación profesional (excepto, parcialmente, en el caso de algunos maestros) y no hay trabajo más interesante que acostarse a «hacer la plancha».
Hasta aquí, nada del otro mundo.
Pero la situación de Salta es mucho más grave de lo que parece por las siguientes razones:
1) Porque el volumen del empleo privado es poco significativo, así como escasa su productividad y nulos sus niveles de protección social;
2) Porque el gobernador Urtubey ha decidido que su «modelo» de empleo, que combina un sector privado raquítico con una Administración desproporcionada, no debe ser objeto de ninguna reforma.
Se ufana el Gobernador de que su gobierno no ha recortado «ni un solo puesto de trabajo en la Administración» ni ha bajado los salarios de sus agentes.
Pero estas dos decisiones, más que ser positivas para la marcha de la economía de Salta y de la Argentina, son la expresión de una irresponsabilidad supina.
En una situación crítica como la que vive el país, Urtubey debe practicar cirugía mayor en la Administración pública y hacerlo «por contrario imperio»; es decir, sin tener que negociar la reducción de la plantilla del Estado con los sindicatos, a quienes tampoco consultó para ampliarla hasta los límites del estallido. Los sindicatos tienen, pues, que pagar su falta de control y los aplausos que ha dedicado a un gobierno irresponsable.
Los salteños han de preguntarse cuál es la contribución que debe hacer la Provincia de Salta a la superación de la crisis que afecta a los recursos del Estado, y exigir al Gobernador que adopte las medidas para que Salta demuestre que, a pesar de sus necesidades y carencias, está dispuesta a soportar equitativamente los costes de la crisis y no encerrarse en el lamento federalista para pedir más recursos cuando cada vez hay menos.
Urtubey seguramente estará esperando a que sea el Fondo Monetario Internacional el que imponga a las provincias irresponsables un freno a sus políticas expansivas del gasto, para luego poder echar las culpas a otro de su propia torpeza.
En estos momentos tiene en sus manos la posibilidad de reducir la sangría de recursos que supone mantener una plantilla tan enorme y a la vez tan brutalmente improductiva, aunque se enfrenta al peligro que representa la coexistencia de un sector privado marginal, tecnológicamente atrasado y sin mercado, que no puede ni podrá absorber a los desplazados del Estado. Si a ello se suma que en Salta no hay mecanismos sociales que ayuden a conjurar una crisis mayor del empleo, como lo ha puesto de manifiesto recientemente el lamentable colapso del ingenio San Isidro, la situación que enfrenta el Gobernador es cercana a la catástrofe.
Sin embargo, lo que se espera de él no es ni demagogia ni facilismo sino que asuma su responsabilidad y que demuestre que está dispuesto a hacerse cargo del coste de impopularidad que acarrea la decisión de suprimir empleos. Bien podría empezar por los cargos en los que ha designado a amigos, a parientes y a miembros de su círculo social, y deshacer los nombramientos en ciertos «nidos de privilegiados» como lo es la Casa de Salta en Buenos Aires.
Una Administración no planificada puede reorganizarse, a la baja, del mismo modo; es decir, sin hacer muchas previsiones. Lo que no se puede tolerar es que la Provincia de Salta, por pura vanidad y por el deseo de su Gobernador de aparecer como un «gran distribuidor de bienestar», renuncie a hacer su parte y a colaborar con la reducción del gasto en un momento en que el país demanda grandes sacrificios a sus ciudadanos.
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