Hace un par de días, ese gran foro mundial que es el Concejo Deliberante de la ciudad de San Miguel de Tucumán ha emitido una resolución que, supuestamente amparada en su reglamento interno, expresa su «enérgico rechazo» a cualquier iniciativa que se promueva en el Congreso Nacional para despenalizar o legalizar el aborto.
En la exposición de motivos de la extravagante resolución se invoca el artículo 71 del reglamento de aquel órgano deliberativo, que autoriza a los concejales a expresar su opinión «sobre cualquier asunto de carácter público o privado».
Sucede que la resolución no contiene una «opinión» sino una contundente declaración de condena y un insólito emplazamiento a «la totalidad de los representantes del Pueblo de la Nación» a rechazar los proyectos que apuntan a modificar la actual regulación penal de los abortos.
Los términos de la resolución del Concejo Deliberante tucumano exceden notablemente el marco de la mera opinión y suponen directamente la intromisión de un órgano comarcal en los asuntos que debe resolver el Congreso Nacional y la afectación -mediante el chantaje moral- de la libertad de los hombres y mujeres que integran las asambleas federales.
Pero la situación se torna más grave si se tiene en cuenta de que los mismos concejales, con anterioridad inmediata, aprobaron una norma para declarar a Tucumán «Ciudad defensora y promotora de la vida».
El problema no es lo que el Concejo Deliberante quiera o pueda declarar, sino que seguramente que en esa gran ciudad hay personas que piensan muy diferente a los concejales en materia de interrupción voluntaria de los embarazos. Después de esta declaración tan enfática y tan cerrada, que no contempla ni siquiera por un momento las distintas sensibilidades humanas sobre el tema, ¿se sentirán los tucumanos que no comulgan con sus concejales que están viviendo en una ciudad equivocada?
Evidentemente, la ciudad ha dejado de ser de ellos, por lo que es perfectamente posible que cientos de miles de residentes estén pensando en la posibilidad de irse a vivir su libertad junto a los pechatuscas de Monteros, los pechatuscas de Aguilares, los pechatuscas de Villa Alberdi o los pechatuscas de La Arcadia.
Es llamativo, por no decir grotesco, que la poética declaración concejeril a favor de la vida en Tucumán haya sido firmada por el descendiente de una persona que en los llamados «años de plomo» hizo que la vida humana en el Jardín de la República valiera menos que una naranja chupada en la Plazoleta Yrigoyen.
¿Qué pensarán los turistas que se decidan a visitar la vecina ciudad?
No es conveniente, y menos en nombre de las mayorías democráticas, etiquetar a las ciudades con rótulos ideológicos o morales, pues se corre el riesgo de hacer aparecer a sus moradores como unos chantajistas de sus semejantes, tanto de dentro como de fuera de la ciudad. Si mañana el Honorable Concejo Deliberante se decidiera a declarar a la misma ciudad como «decana» o como «santa», seguramente tendríamos una guerra civil en puerta.
Dejemos pues a las ciudades y a sus habitantes que decidan ser u opinar lo que quieran, sin que nadie les diga cómo hacerlo.
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