Hace un par de días, la página web oficial del gobierno de Salta publicó una inverosímil noticia con un titular imposible: La Provincia interviene en la negociación entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y el ingenio San Isidro.
A estas alturas ya no se sabe muy bien si el gobierno miente por costumbre y con intención de distorsionar la realidad, o si quienes se encargan de comunicar a los ciudadanos los asuntos públicos relevantes no tienen la menor idea de lo que están haciendo.
Cualquiera sea el caso, lo cierto es que no existe -que se sepa- ninguna negociación entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la empresa propietaria del ingenio San Isidro. Si alguna negociación se ha entablado o puede entablarse a partir del anuncio empresarial de cierre, es entre la empresa propietaria y los sindicatos que representan a los trabajadores o, en su caso, a una representación no sindical de estos últimos.
Pero el gobierno nacional, y menos en un procedimiento preventivo de crisis, puede negociar nada con las partes enfrentadas en él, lo mismo que un juez nada puede negociar con quienes han solicitado de él una sentencia imparcial. Al gobierno, en este caso, solo le cabe aplicar la ley, sin margen de negociación de ninguna naturaleza.
La segunda mentira, más nítida y más grave que la anterior, es que «la Provincia» (una forma tan poco rigurosa como políticamente sesgada de referirse al gobierno) «interviene» en dicha negociación.
No es cierto, porque el gobierno de Salta no tiene vela en el entierro del ingenio, ya que la autorización administrativa para extinguir los contratos de trabajo en determinadas condiciones, por causa de una crisis económica, no es competencia del gobierno provincial sino del federal.
Si nos adentramos en la noticia, veremos sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, que la tan cacareada «intervención» del gobierno en el asunto se ha limitado a una breve visita de la ministra Paula Bibini a dos funcionarios (de la quinta y la sexta línea) del Ministerio de Trabajo de la Nación: el Director Nacional de Relaciones del Trabajo y su asesora jurídica. Lo del «acompañamiento» es un verso con el que el gobierno provincial pretende hacer creer a los ciudadanos que está desplegando una cierta actividad en este asunto y que se preocupa ahora por lo que no se preocupó en los últimos diez años.
La ministra no ha registrado ningún escrito, no se ha personado en ninguna audiencia de partes, no ha formulado alegaciones, ni nada que se le parezca. Se ha limitado a sentarse con dos señores para preguntarles «qué tal va el asunto». Nada más importante que eso.
Si esto es una «intervención», que venga Dios y lo vea, porque lo mismo pueden decir los lectores que a diario abren las páginas de El Tribuno. Cualquiera de ellos, con solo intentar informarse de lo que pasa, puede presumir también de estar «interviniendo» en los asuntos públicos.
Lo cierto es que la gira porteña de la ministra Bibini ha sido francamente desastrosa, si nos atenemos al nivel de los interlocutores que ha conseguido que la reciban. En el caso del expediente administrativo que enfrenta al Grupo Gloria (propietario del ingenio) y a los sindicatos del sector azucarero, hubiera dado lo mismo que la ministra se hubiera acercado a la puerta del edificio y enterado del asunto por boca del ascensorista de la repartición, que normalmente sabe más de lo que se cuece en los fogones de la venerable DGRT que el propio director.
Y si lo hubiera hecho (preguntarle al ascensorista), seguramente el gobierno hubiera publicado que la ministra salteña se reunió en Buenos Aires con autoridades del máximo nivel.
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