Las veces en que el 'prudente' Urtubey cuestionó las decisiones judiciales

El Gobernador de Salta ha criticado hoy con inusual dureza lo que él califica como indebida injerencia del Presidente de la Nación en asuntos judiciales. En concreto, se refiere a la opinión vertida por el Jefe del Estado en relación a la situación procesal del policía que abatió a tiros a un presunto delincuente que acababa de atracar a un turista extranjero.

Rápidamente, las redes sociales han recordado al mandatario salteño sus más notables intromisiones en el trabajo de unas instituciones formal y sustancialmente independientes de su mando político, pero que en la práctica cotidiana de su Provincia protegen con más intensidad los intereses del poder de turno que los derechos y libertades de los ciudadanos.

Así por ejemplo se ha recordado con particular énfasis cómo en julio de 2012, a pocas horas de haberse producido el hallazgo de los cuerpos sin vida de las adolescentes Luján Peñalva y Yanina Nuesch, el gobernador Juan Manuel Urtubey, sin esperar la conclusión de las investigaciones judiciales en curso y sin considerar ningún elemento de convicción serio, aventuró que las adolescentes habían muerto después de ejecutar un pacto suicida.

La inusual precipitación gubernamental no solo indignó a la familia de las víctimas sino que condicionó de una manera importante la marcha de la investigación, que poco tiempo después se clausuró con una inverosímil declaración de inexistencia de delito.

Casi cinco años después del hecho, y luego de que la decisión de archivo fuese confirmada por el tribunal de justicia que más sintonía demuestra con el poder político, una jueza de la Provincia -anteriormente desautorizada por el Gobernador en otro asunto de gran trascendencia pública- decidió que la investigación de las muertes fue mal archivada y que existen indicios consistentes de que las adolescentes fueron víctimas de un crimen violento.

El segundo caso que ha cobrado actualidad en las redes sociales y demuestra el escaso o nulo respeto de Urtubey hacia las decisiones de los jueces de su provincia, es la anulación manu militari de un concurso público convocado por el Consejo de la Magistratura de Salta, que la jueza Mónica Alejandra Mukdsi había declarado conforme a derecho mediante una sentencia dictada en proceso de amparo.

Como era de esperar, la nulidad pronunciada sin tener ninguna competencia legal o constitucional para ello, fue refrendada pocos días después por la Corte de Justicia de Salta -otro tribunal que baila al ritmo de la música que toca el Gobernador- que revocó la sentencia de Mukdsi y anuló el tironeado concurso.

Aunque no se trata de cuestiones jurisdiccionales puras, el gobernador Urtubey tampoco ha sido respetuoso con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con dos asuntos de indudable trascendencia pública: los abortos no punibles y la enseñanza de religión en las escuelas públicas de Salta.

En ambos casos, el Gobernador no solo emitió opinión -lo mismo que hizo el Presidente de la Nación en el caso del policía- sino que actuó en una dirección muy concreta, emitiendo en el primer caso un decreto restrictivo de la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo en los supuestos declarados admisibles por el alto tribunal federal, y, en el segundo, enviando a la Legislatura un proyecto de ley que, en la medida en que confirma la inserción de la religión en el sistema educativo público formal, desvirtúa el pronunciamiento de los jueces supremos.

También se debe recordar la iniciativa del Gobernador, que tomó estado público en noviembre de 2016, para destituir a la fiscal penal de Embarcación, señora Lorena Martínez, que aún permanece en su cargo, a pesar de la injerencia del Gobernador en su trabajo independiente.

A todo ello se suma la cantidad de policías -subordinados del Gobernador- que han sido enjuiciados y absueltos por los jueces obedientes del poder y aquellos agentes del orden que han sido condenados, porque previamente el Gobernador pronunció contra ellos una sentencia virtualmente inapelable.

Todos estos hechos, sumados al control directo y estrecho sobre el Poder Judicial que ejerce el gobernador Urtubey a través de diferentes mecanismos, son reveladores de la escasa autoridad que el mandatario salteño tiene a la hora de criticar al presidente Macri. Si este ha hecho bien o mal al opinar sobre la decisión del juez que procesó al policía es algo que se puede discutir hasta el infinito, pero conviene siempre que quienes se pronuncien sobre una cuestión tan delicada como esta sean personas que no tengan una relación tan evidente con los atropellos que se cometen contra la ley, el derecho y la independencia judicial como la tiene el gobernador Juan Manuel Urtubey.