Si partimos del razonamiento elemental de que, al momento de juzgar o de hacer ejecutar lo juzgado, cada juez o cada órgano colegiado ejerce de forma única y exclusiva la potestad jurisdiccional del Estado (el poder judicial, que organiza nuestra Constitución), cabe preguntarse por qué razón cada juez individual o cada tribunal colegiado no tiene su propia política de comunicación y debe -en el caso de Salta- hacer pasar sus novedades por el filtro del servicio único de prensa de la Corte de Justicia de Salta.
Dos de los principales desafíos que enfrenta nuestra judicatura son, sin lugar a dudas, (1) la necesaria transformación del juez de mero espectador a protagonista activo de la vida social y política de las sociedades a las que sirven y (2) la consecuente necesidad de una política de comunicación que permita a los ciudadanos conocer mejor sus decisiones y criterios y controlarlos a través de métodos democráticos y transparentes.
Ninguno de estos dos desafíos se pueden superar cuando el juez que resuelve las controversias, declara los derechos de cada uno o impone las condenas previstas en la ley, se ve obligado a depender de la comunicación centralizada y orquestada por un tribunal superior, que con la misma soltura con la que unifica criterios de interpretación de las normas (un cometido legítimo y necesario) se arroga también la facultad de uniformizar la comunicación de los jueces y tribunales que ejercen, en niveles inferiores, una potestad pública idéntica en intensidad y valor a la suya propia.
En Salta, como sucede también en otros lugares, el mundo judicial no es monolítico ni monocolor y en el hecho de no serlo radica buena parte de su utilidad democrática. Así como no es bueno que todos los jueces contemplen las normas de una manera única e inmodificable y que ejerzan su control sobre el poder en una sola dirección, tampoco es bueno que sus valores, sus opiniones, sus criterios, su forma de entender la justicia deban pasar obligatoriamente por el cedazo de un servicio de comunicación diseñado al milímetro para reducir el pluralismo.
Por más que haya una asociación de jueces que le baile el agua a los magistrados de la Corte de Justicia, quien más quien menos sabe en Salta que los criterios y políticas del máximo tribunal no gozan de la aceptación generalizada por parte de los órganos inferiores. Si lo miramos con un poco de cuidado, veremos que el ejercicio del poder por parte de la Corte de Justicia no se basa en el consenso sino que se asemeja al «poder desnudo» que magistralmente describió Bertrand RUSSELL.
Entre los pequeños y los grandes operadores jurídicos de Salta es un secreto a voces que algunas decisiones de la Corte de Justicia -especial pero no exclusivamente las de contenido político- son fuertemente contestadas por sectores de opinión que entienden, con razón, que este tribunal ejerce sus exorbitantes poderes con un mínimo control democrático.
De hecho, los controles previstos por la Constitución, en forma de límites (la designación temporal de los jueces y su posibilidad de remoción mediante juicio político), se antojan del todo insuficientes, toda vez que estos dos mecanismos se encuentran fuertemente influidos y condicionados por el poder -también exorbitante y descontrolado- que en todos los órdenes ejerce el Gobernador de la Provincia. La complicidad entre los magistrados de la Corte y el Gobernador que los designa conforma un sistema cerrado en continua y necesaria realimentación.
Pero, a diferencia del gobierno, que sí necesita de una comunicación unificada para no perder su coherencia o no ver reducida la eficacia de sus decisiones; o del Ministerio Público, que al fin y al cabo es un órgano de estructura vertical, el Poder Judicial no necesita en absoluto que uno solo de sus órganos acapare toda la información disponible y que sean solo siete jueces los que decidan en cada momento cómo y en qué circunstancias se debe de comunicar a los ciudadanos la actividad de varios centenares de órganos inferiores. ¿Acaso no es llamativo que el servicio de prensa de la Corte informe solamente de la actividad de un puñado de jueces y magistrados e ignore olímpicamente el trabajo de muchos otros?
En mi opinión, todos los días se cometen injusticias muy sutiles contra aquellos juzgados y tribunales que, a pesar de tener una intensa vida propia y de ocuparse de cuestiones críticas para convivencia civilizada, son sistemáticamente ignorados por una comunicación oficial que prefiere publicitar solamente el trabajo de los que le caen simpáticos al poder de turno.
Cuando algo como esto sucede, no solo sufren la comunicación, los justiciables y los profesionales esforzados y probos sino que sufre la Justicia como valor superior de la organización estatal y pilar de nuestro Estado de Derecho.
Sucede por ejemplo cuando la Corte de Justicia, a través de su aparato formal de comunicación, pretende instalar la idea de que todos los jueces están perfectamente de acuerdo con el paripé del aumento del trabajo durante la feria judicial o que los mismos jueces aplauden a rabiar las decisiones que se adoptan sobre los caballos que se encuentran a disposición judicial; o, en fin, cuando se pretenden instalar Juzgados de Paz letrados en lugares recónditos, solo para extender el poder y no para mejorar el servicio.
En todos estos casos y en muchos otros nos encontramos frente a fantasías hiladas desde el vértice del poder, que distorsionan gravemente la imagen de nuestras instituciones y proyectan hacia los ciudadanos una sensación de impotencia frente a lo inevitable, que solo se puede comparar con las que provocan algunas decisiones arbitrarias del gobierno.
Cada juez y cada tribunal deberían poder ser libres para organizar su propio aparato de prensa, para comunicar con los ciudadanos a través de los medios, para usar de las redes sociales y para discrepar de los criterios «oficiales» en las materias en que sea posible hacerlo. Sin embargo, si a un juez salteño se le ocurriera hoy dar a conocer su trabajo en algún asunto de trascendencia pública sobre el cual ningún juez se ha pronunciado antes, tendría bastante difícil llegar a los que pueden difundir la noticia sin antes pasar por el exigente filtro político/ideológico de la Corte de Justicia. Ello, sin pensar en lo que podría llegar a ocurrir si un juez se enfrentara a la necesidad, a veces inevitable, de criticar públicamente a algún miembro de la Corte, sin recurrir ni a la descalificación personal ni a la calumnia. En casos como este, sin haber incurrido el juez en cuestión en ninguna causal de destitución, es más que seguro que la Corte de Justicia reaccionaría de forma brutal y echaría de su cargo al atrevido juez.
Cosas como estas no deberían pasar en Salta y sin embargo están pasando. En buena medida, porque los jueces que integran la Corte de Justicia se creen invulnerables y porque, junto a las funciones jurisdiccionales que le son propias, nuestro diseño institucional tolera que ejerzan un cúmulo de facultades políticas a las que no someten ni someterán nunca a los controles democráticos más elementales que les exigen los ciudadanos y los tiempos democráticos.
Basta para darse cuenta de ello con sintonizar FM Pasillo y leer, de tanto en tanto, las comunicaciones de prensa de la Corte, que no hacen otra cosa que transmitir a los salteños la idea de que una mano de hierro ha sustituido -quizá para siempre- la mano temblorosa de la que alguna vez habló MONTESQUIEU.
{articles tags="current" limit="3" ordering="random"}
{Antetitulo}
{link}{title limit="58"}{/link}
{created} - {cat_name} -