El Boletín Oficial de la Provincia de Salta ha publicado el texto de un extravagante y probablemente ilegal «convenio de colaboración» entre el gobierno provincial y la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes.
Contrariamente a lo que el nombre del contrato podría llegar a sugerir, la «colaboración» pactada no es mutua ni prevé contraprestación alguna de la entidad privada contratante cuyo objeto pueda ser considerado de interés general o encaminado a la satisfacción de una necesidad pública y colectiva.
La mentada «colaboración» consiste en la entrega a los gauchos por parte del gobierno de la cantidad de 90.000 pesos (unos 5.000 dólares), a título de ayuda económica para que los gauchos (que no designa el gobierno sino la asociación beneficiaria) puedan viajar a la localidad cordobesa de Jesús María para participar en un festival de doma y folklore.
Desde luego, los gauchos no deberán devolver este dinero a las arcas públicas. Lo cual significa que lo que cueste desplazar a nuestros folklóricos a la Provincia de Córdoba, para que demuestren sus habilidades ecuestres, musicales o gastronómicas, deberá ser soportado por todos los salteños, sin distinción de clase ni de condición social.
Los gauchos solo están obligados a rendir cuenta del uso del dinero, y ni siquiera a justificar que su participación subvencionada en un festival de carácter lúdico proyecta consecuencias positivas en la cultura o en la imagen de Salta fuera de su territorio.
Mucho más llamativo que lo anterior es el hecho de que el convenio que les permite a los gauchos un amplio solaz y esparcimiento en tierras cordobesas ha sido justificado por el señor Marcelo López Arias (que es quien lo firma en nombre del gobierno) en las previsiones del tercer párrafo del artículo 1º de la ley provincial 6583, que es la que regula el estado de emergencia económica.
Esta norma legal y sus sucesivas prórrogas suspenden, con carácter general, el otorgamiento de subsidios, subvenciones y otras ayudas que afecten los recursos del tesoro provincial, y establece al mismo tiempo una serie de excepciones, entre las cuales no figura para nada la asistencia de gauchos a festivales folklóricos o costumbristas.
En efecto, las únicas ayudas o subsidios permitidos por la ley son aquellos «destinados a atender comedores escolares, personas carenciadas, atención de la salud, asistencia alimentaria, pensiones no contributivas, las exenciones y reducciones de tarifas públicas a discapacitados o personas del sector pasivo conforme a las reglamentaciones vigentes, becas, subvenciones a la enseñanza».
La ley, tramposa donde las haya, incluye entre las excepciones a «todo otro caso en el que el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados o el Senado dispongan, previa acreditación objetiva de razonabilidad».
Una interpretación elemental del carácter restrictivo de la norma conduce a pensar que las excepciones no mencionadas en el texto legal, y que quedan al arbitrio del Gobernador de la Provincia, deben obligatoriamente estar relacionadas con necesidades de carácter social, al estilo de las mencionadas expresamente en el mismo párrafo, o con situaciones de emergencia. Es decir, que aunque hubiera un decreto del Gobernador (que probablemente lo hay) considerando a los gauchos y a sus destrezas como «necesidad social acuciante» (al mismo nivel, por ejemplo, que la atención de los discapacitados), el convenio suscrito por el señor López Arias no menciona ni este decreto ni acredita de ningún modo admisible en Derecho la razonabilidad del subsidio otorgado.
No está demás observar que la ayuda de 90.000 pesos a los gauchos ha sido concedida por el gobierno después de que este anunciara severas medidas de restricción del gasto público, reducido ministerios y secretarías de Estado y aumentado los impuestos. Al parecer, la asfixia financiera desaparece cuando quienes necesitan el salvador oxígeno del gobierno son sus principales socios: la iglesia católica o los gauchos de Güemes.
Para todo lo demás existe MasterCard.
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