El gobierno de Salta -o lo que queda de él- ha protagonizado ayer una vergonzosa jornada, tras conocerse que un servidor público a sueldo del Estado abatió de un disparo por la espalda a un joven de 17 años, sin que este se hubiera resistido a la autoridad o puesto en peligro la vida de los agentes del orden.
El suceso ha conmocionado la habitual tranquilidad de los primeros días del año en Salta, una calma acentuada por la fuga de los máximos responsables de las instituciones del Estado, con el Gobernador de la Provincia a la cabeza, quien ni siquiera ha hecho el amague de regresar de su lugar de vacaciones o de exigir responsabilidades políticas a los funcionarios que de él dependen.
Para apreciar mejor este abandono hay que que tener en cuenta que el fiscal penal que ha tomado cartas en el asunto está obligado por la ley a intervenir y que la suya, como respuesta del Estado, es parcial, fragmentaria y previsible, toda vez que frente a un suceso de tamaña envergadura a las responsabilidades penales se deben sumar las políticas, cuya ejecución corresponde únicamente al Gobernador de la Provincia.
En cualquier país del mundo, un suceso tan desgraciado como el acaecido ayer en Salta no solo habría precipitado el regreso del Gobernador sino también forzado la dimisión inmediata del Ministro de Seguridad. Pero, fiel a su costumbre, el gobierno que dirige desde la distancia Juan Manuel Urtubey ha mostrado ayer durante toda la jornada su plena disposición a dejar que toda la culpa de la muerte del joven Salvatierra sea asumida por un cabo de la Policía, eximiendo así de cualquier responsabilidad a los funcionarios que integran la cadena de mandos.
A la obstinada negativa a admitir cualquier responsabilidad en el hecho se suma la imperdonable ausencia de los máximos representantes de los poderes del Estado, el abandono de sus obligaciones y la delegación de sus atribuciones en funcionarios de tercera o cuarta línea. Desde este punto de vista, resulta patética la intervención del Ministro de Salud Pública, señor Rosario Roque Mascarello, quien ante a una desgracia que debería avergonzarlo como integrante del gobierno y conmoverlo como ser humano ha salido a defender la «correcta» atención que recibió en el hospital público el joven baleado.
Como antecedente nefasto cabe recordar el asesinato para estas mismas fechas del año pasado de la joven Andrea Neri, apuñalada hasta la muerte en el interior de una celda controlada por agentes que dependían directamente de la entonces Ministra de Derechos Humanos y Justicia, a quien no solo no se le movió una ceja por el horrible hecho sino que se dio el lujo de descargar su propia responsabilidad por la falta de controles adecuados trasladando el peso de la culpa sobre unos agentes que no hicieron otra cosa que cumplir órdenes suyas y actuar dentro de los límites de un sistema de control que ella misma había diseñado. El gobierno sentó entonces un precedente siniestro en materia de responsabilidad política.
Repitiendo el mismo error, el gobierno provincial ha mandado ahora al matadero al cabo que oprimió el gatillo, pero mantiene en su puesto, contra viento y marea, al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía, directamente comprometidos en el suceso. Y ello, sin decir -otra vez- una sola palabra que permita intuir que los funcionarios lamentan lo sucedido o que admiten que son las políticas del gobierno y no la locura de un policía individual lo que ha provocado la tragedia.
Mientras, los salteños y las salteñas contemplan con espanto contenido cómo el Gobernador de la Provincia sigue su descanso vacacional como si nada hubiera sucedido allí donde gobierna, como si la muerte del joven Salvatierra se hubiera producido en una reyerta de borrachos y no como consecuencia de la pulsión asesina de un subordinado suyo.
No por repetido, el gesto del primer mandatario salteño deja de ser inhumano y, por tanto, imperdonable.
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