
La Defensora General de la Provincia de Salta, María Inés Diez, podía haberse ahorrado tiempo y esfuerzo si, en vez de convocar a una reunión solemne, hubiera enviado un chasqui con un pendrive, o un email a la presidenta/directora/conductora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, María Laura Postiglione, con la información estadística en su poder sobre la violencia de género.
El encuentro entre la amazona de estirpe salteña y la feminista «no dogmática» solo se justifica por la pasión que tienen ciertas funcionarias por los focos y los flashes, y el correlativo apetito de cierta prensa, que en estas épocas del año se siente frustrada si los saqueos que vaticina no se producen en la realidad.
De esta reunión -intrascendente a más no poder- el gobierno de Urtubey ha hecho una noticia de primera plana, porque en estas épocas del año los aciertos del gobierno son virtualmente nulos y hay que llenar la página oficial con «novedades» de inocultable trascendencia institucional como los saludos navideños de los ordenanzas o el puntual riego de las especies autóctonas que sombrean, a medias, las desangeladas veredas del Grand Bourg.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres es una institución inútil, perdida en el organigrama, que jamás ha obtenido resultado positivo alguno a la hora de evitar que las mujeres en Salta sean masacradas sin piedad, arrojadas a las cunetas o a los pozos ciegos, apuñaladas en las cárceles bajo vigilancia del gobierno o aplastadas en lugares que debería vigilar la policía. Eso, por no hablar de las mujeres que han sido estranguladas, envenenadas o quemadas, en lo que parece ser un muestrario siniestro de modalidades criminales.
Pero la Defensoría es todo lo contrario a un órgano inútil o innecesario. A pesar de que su titular piensa más en los caballos peruanos de paso que en los intereses de sus defendidos y defendidas, y adora peinar los flecos del poncho antes que repasar las hojas grasientas de los expedientes, esta rama del Ministerio Público desempeña un papel importantísimo en la arena procesal, que es precisamente donde el verso feminista y el dogmatismo de la pseudoizquierda que lo recita con voz ronca mueren irremediablemente.
Pero aun así, no se entiende que la Defensoría General disponga de información semisecreta sobre la violencia de género en Salta y mucho menos que haga falta una reunión formal para que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres acceda a esa información.
Si la señora Postiglione -que integra el Observatorio desde el mismo momento en que fue creado- sabía de la existencia de esta información, ¿cómo es que no la pidió antes? Si la señora Diez disponía de información estadística valiosa para analizar los futuros pasos del Observatorio en materia de lucha contra la violencia de género, ¿por qué no la facilitó antes? Si hablamos de la información generada en este año 2017, ¿cómo es posible que no haya entre ambas instituciones un «feed» en tiempo real y se deba esperar hasta el final del año para contar lo que ha pasado? ¿Es que recién se enteran las feministas del trabajo que supone para los Defensores Oficiales tener que curar lo que ellas no aciertan a prevenir?
En el fondo la respuesta a estos interrogantes se halla en la extendida convicción de que los funcionarios del gobierno son dueños de la información y la guardan en sus cajones como si fuese la fórmula de la Coca Cola; es decir, no están dispuestos a dársela a nadie, ni con recursos de amparo mediante. Si el Gobernador puede, sin necesidad de liarse la manta a la cabeza, clausurar a cal y canto la información sobre el uso de las aeronaves del Estado, y negarle incluso al Papa el detalle sobre sus vuelos, ¿qué menos podrían hacer el resto de sus funcionarios?
Es por ello que suponemos que la señora Diez ha tenido un buen día (quizá haya comenzado su mañana montando a su alazán) y ha llamado a la señora Postiglione para decirle: «Che, Laurita, ¿te interesan doce carpetas que tengo en la Defensoría sobre mujeres apaleadas? No pensaba dárselas a nadie, pero, ya sabés, como estamos en Navidad, no se me ocurrió mejor persona que vos para hacer un regalo».
Y hecho esto, Laurita, sin tiempo para maquillarse, acudió a recoger las carpetas y, de paso, a sacarse fotos y a darle a los noticiadores del gobierno una buena excusa para hacer algo en estos días, pobres de noticias pero abundantes en brindis de ociosos que no han movido un solo dedo durante el año.
Es más que evidente que la única información estadística que interesa o debería interesar al Observatorio (la que debería también persuadir a sus integrantas de presentar la renuncia y solicitar su cierre) es la que dice que entre el 1 de enero de 2017 y la fecha en la que estamos, 21 mujeres han sido ultimadas en Salta, ante la pasmosa pasividad de las autoridades, incluidas las feministas con sueldo del gobierno. Todo lo demás (los asesoramientos, las denuncias y los juicios) es bastante secundario.
La única verdad que se puede afirmar en estos momentos es que mientras sigan muriendo mujeres en Salta como consecuencia de la violencia machista, estas feministas, huérfanas de talento pero pletóricas de veneno, seguirán teniendo trabajo asegurado. Y ya se sabe que no se debe jugar con las cosas de comer.