La política está hecha mayormente de gestos, unos más trascendentes que otros. El ejercicio del «arte de lo posible» requiere a menudo de un pragmatismo que no muchos están en condiciones de ofrecer, pero también se realiza en base a las convicciones que cualquier ser humano es capaz de tener sobre la relación con sus semejantes.
El pragmático sincero desembarca en la arena política con unas convicciones de mínimos a las que valora generalmente como principios; son estos el último límite de su terreno de acción. El convencido falso, por el contrario, plantea de entrada unas ideas inmodificables, a las que considera convicciones de máximos; pero, como carece de principios, puede negociar aquéllas como le dé la gana, una a una, sin perder la compostura, aunque sí la vergüenza.
Un diputado, qué duda cabe, está sometido a esta clase de tironeos como quizá ningún otro ciudadano. Pero el ejercicio de este cargo representativo requiere de una solidez de convicciones que generalmente es mayor de la que se exige para los cargos ejecutivos. La ley -a diferencia de las decisiones administrativas- es un acto de voluntad de largo recorrido, que requiere un proceso reflexivo y un debate que normalmente no demandan otro tipo de resoluciones públicas que se deben adoptar de forma casi inmediata.
Por esta razón, el diputado que, teniendo tiempo para pensar y oportunidades para escuchar las posiciones contrarias, cambia de criterios y de orientaciones con la misma soltura de aquel que se cambia los calcetines, es un mal representante; un pésimo procurador de los intereses ajenos. Su imprevisibilidad y, en algunos casos, su venalidad lo convierten en una suerte de muñeco de «foam», que se adapta con más velocidad a las necesidades de sus jefes que a las de los ciudadanos a quienes representa.
Esto sucede con quienes se pasan años despotricando contra los fondos buitres y acaban votando una ley que se rinde a ellos; los que se dan la mano por encima de la mesa con los corruptos y después votan a favor de su desafuero y con quienes cantan en los centros de jubilados el «No pasarán» y terminan votando de forma humillante una reforma que recorta sus derechos y las expectativas de quienes aún no se han jubilado.
¿Qué decir de los diputados que votan según las directrices de «su» Gobernador? Simplemente que Montesquieu, si viviera, se estaría acordando de toda su parentela; especialmente de aquella que ocupa cargos públicos, pagados por todos los ciudadanos.
Ser diputado no exige ser una roca, por supuesto, pero tampoco esta condición es compatible con ser de plastilina. Es decir, ser como esos a los que, si se les amasa un poco y se les da calor con los dedos, cambian de forma a voluntad y hasta de color, dependiendo de la habilidad de quien los manipule y de la cantidad de hijas que tenga designada a sueldo del gobierno.
En política no se puede hablar jamás de exceso de pragmatismo ni culpabilizar a nadie por llegar a acuerdos transaccionales. Sí en cambio se puede maldecir a quienes han vendido a sus electores que son portadores de convicciones y principios y al final terminan negociándolos como si fuesen una docena de empanadas en una feria de comida regional.
Este tipo de personajes merece el más intenso rechazo popular. Su servilismo solo despierta repugnancia.
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