El Gobernador de Salta es el único y exclusivo responsable de la calamitosa situación financiera del Estado salteño. Por primera vez en la historia, un Gobernador de la Provincia no puede licuar sus culpas y cargarle el muerto al gobierno nacional.
Pero al no poder repercutir la responsabilidad de su propia torpeza en otras administraciones o en otros niveles políticos, lo que ha hecho el gobernador Urtubey es aprovechar la ola «recortista» del presidente Macri para meter tijera -¡y de qué modo!- en la caótica estructura administrativa de la Provincia de Salta.
Si el gobierno de Urtubey se desvive hoy por el «achicamiento» del Estado, solo cabe preguntarse por qué motivo en los diez últimos años propició un aumento extraordinario de la planta de personal y disparó el gasto público improductivo hasta niveles nunca antes alcanzados.
No se trata de una cuestión de ciclos económicos, pues si las dimensiones de la administración del Estado salteño siguieran el ritmo del comportamiento cíclico de la economía, la burocracia lugareña debió agrandarse y achicarse varias veces desde 2007 a esta parte.
Si Urtubey ha decidido poner freno a la escalada del gasto público (una de las tantas formas en que se expresan la demagogia y la ineficiencia) no es para mejorar el desempeño de su gobierno (tarea casi imposible) sino para intentar pasar por un gestor austero y eficiente, de cara a sus aspiraciones presidenciales. Otra vez, los salteños y el aparato del Estado son instrumentalizados para fines personales.
Frente a los anuncios del gobierno de Urtubey de reducción de cargos públicos, solo cabe pensar que si en las épocas en que se ataban los perros con longaniza se mataba a las mujeres como si fueran cucarachas, se morían niños maltratados y peor alimentados y proliferaba la delincuencia organizada, con menos recursos (humanos y financieros) en el Estado, la cosa puede empeorar en pocas semanas.
Hay que darse cuenta que el «pacto fiscal» es solo una excusa para pasar la escoba en la planta de personal, en la que -como sucede casi siempre- se salvarán los más inútiles y los que trabajan responsablemente se irán a la calle. No habrá más criterio objetivo de decisión que la santa voluntad del Gobernador de salvar a los amigos y condenar a los que son simplemente allegados.
Solo para dar un ejemplo de esta selectividad retorcida es la casi asegurada salvación de dos de los más infelices funcionarios que han pasado por una oficina pública de Salta jamás: Juan Pablo Rodríguez y Matías Assennato, que tienen asiento y sueldo asegurados para los próximos años y los que vendrán después. Y ello, a pesar de que uno ha dejado de ser ministro y el otro ha dejado de ser secretario de Estado.
Los recortes al gasto público dejan indemne el sueldo del Gobernador, sus gastos y sus privilegios. A la hora de «dar el ejemplo», Urtubey se ha colocado el último de la fila. Decisión que es comprensible, toda vez que la residencia oficial de Las Costas albergará -pronto, si Dios quiere- a su quinto hijo (una niña que, si viviéramos en otro sistema político, podría ostentar un título equivalente al de Princesa de Asturias).
La cara de mármol no es solo algo privativo del Gobernador, pues le sigue en dureza el rostro del Jefe de Gabinete, quien ha dicho que «hay que ser muy cautos en la asignación de los recursos». ¿Es que antes fueron incautos? No es posible, pues lo que hicieron lo hicieron con toda la intención de reventar la cuentas públicas y hacer que los salteños paguen la fiesta y los excesos. Entre ellos, el sueño presidencialista.
Es tarde, por tanto, para hablar de «austeridad y eficiencia». O quizá muy temprano, puesto que la realidad indica que el gobierno de Urtubey no sabe lo que significan estas palabras ni los valores que encierran.
El gobierno se propone reducir los gastos mediante la renegociación de contratos de arrendamiento, la suspensión de los viajes oficiales fuera del país y la limitación de aquellos que sean imprescindibles. Los funcionarios tendrán que viajar por tierra, pero al Gobernador y a su séquito nadie lo baja de los aviones oficiales, los que no aparecen alcanzados por las restricciones de gastos. Las razones son casi obvias: Hay que ir a verla a Susana Giménez.
Lo que podría ser una buena noticia para la ciudadanía en general (la limitación de lo que el gobierno gasta en publicidad oficial, lo que incluye el recorte de las partidas de subsidios encubiertos a los medios de comunicación) es, en realidad, una mala noticia, pues caerán bajo el secante los medios menos dóciles, mientras que los que le bailan el agua al gobierno no verán reducida su «pauta» y, en algunos casos, la verán incrementada.
En suma, que el «achicamiento» que propone Urtubey es un muestrario de medidas inconexas, sin ningún rigor político y económico, y, sin dudas, con una muy pobre capacidad de producir un shock en el empleo. Al contrario, la inhibición del «gran empleador» salteño (la administración del Estado) anuncia tiempos muy amargos para el empleo privado. Porque lo aquí importa no es volver a cuadrar las cuentas ni hacer que más salteños accedan a un trabajo, sino simplemente apuntalar la campaña presidencial de un Gobernador que en diez años no ha podido demostrar una irresponsabilidad mayor, y no precisamente porque no haya querido.
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