Las medidas de recorte y restricción del gasto público con las que Juan Manuel Urtubey pretende disfrazarse de «buen administrador» son, para decirlo de entrada, muy poco peronistas.
Desde luego, no sorprende que quien nada más asumir como Gobernador de la Provincia, pronunció un recordado discurso en el que se definía ya entonces como «fanáticamente peronista» (¡después de haber enfrentado al peronismo organizado en las urnas!), haya dado un giro copernicano a sus políticas, para aproximarlas a los planteamientos de los economistas neoclásicos.
La habilidad para el disfraz, una vez que se ha adquirido, no se pierde jamás. Es como olvidarse de andar en bicicleta.
El problema consiste en que, para contentar a los partidarios del Estado mínimo, Urtubey ha puesto en marcha una serie de decisiones que poco y nada tienen que ver con las dimensiones del Estado. Porque -para qué engañarnos- el estatismo ineficiente que él ha forjado desde 2007 en adelante está hoy más vivo que nunca.
Las medidas que ha anunciado su Jefe de Gabinete son solo parches para evitar que por los agujeros de la Administración -horadados en gran medida gracias a una política irresponsable de inflación de los empleados del Estado- terminen haciendo el gobierno imposible. Pero estas medidas no apuntan a reducir el estatismo sino en todo caso a trasladar su centro de gravedad desde la Administración impersonal hacia la voluntad del Gobernador, que cuando concluya este proceso de falso «achicamiento» será incluso más poderoso que antes, así como el Estado que representa y encabeza será más paternalista e invasor de los espacios de libertad civil.
Si Urtubey es genuina o fanáticamente peronista como viene diciendo que es, seguramente tiene bien claro en su mente que para el peronismo todo es acción, que no hay nada fuera de ella ni debe haberlo. Que el peronismo -y el Estado peronista, la expresión más exquisita de la «comunidad organizada»- es activismo puro. El «hacer» y el «realizar» del que hablaba Perón traducen mejor quizá que cualquier otro concepto la praxis ética del hombre peronista.
Y entre el hacer más (echando mano del gasto público) y hacer menos, Urtubey se ha inclinado por esto último, sabedor de que los recortes y la reducción de la Administración son medidas incompatibles con una doctrina que se sostiene en la pura praxis, en la «realidad efectiva» de que habla la marcha peronista y el puro poder; o, como les gustaba decir a algunos admirados por el Gobernador de Salta, en la máxima de «todo dentro del Estado, nada fuera del Estado».
Urtubey sabe, por supuesto, que al adoptar esta política no está traicionando a nadie; ni siquiera a sí mismo. ¿Qué sentimiento de traición podría experimentar, por ejemplo, un trabajador cuando se entera de que el Gobernador al que vota en nombre del peronismo más sentimental ha puesto como ministra de Trabajo a una señora que es un alto punto de la Unión Industrial? Sencillamente, ninguno. El peronismo es así; y el del Urtubey todavía más.
Puestas las cosas como están, ese pequeño hueco que se abrirá en una Administración distante y desarticulada será cubierto por el activismo gubernamental, el único que se mantiene y se mantendrá incólume, al menos mientras siga en pie el delirante proyecto de instalar a Urtubey en la Casa Rosada. Es decir, se achicará la Administración para agrandar el Estado, o, lo que es lo mismo, el poder personal del Gobernador y su enorme control sobre unas instituciones decrépitas que han dejado de servir al interés general para ponerse a los pies de un solo hombre.
Pero no de un hombre cualquiera sino de uno engreído, ambicioso y, por lo que se ha visto y se ve, muy poco coherente con sus propios pensamientos.
En otras palabras, peronismo en estado puro.
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