La señora Paula Bibini, flamante Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable del gobierno provincial de Salta, ha estrenado su cargo celebrando una reunión con miembros de las 62 Organizaciones Peronistas, el brazo sindical del Partido Justicialista.
Lo llamativo de esta noticia no es la premura con que la nueva funcionaria ha decidido entrar en contacto con una parcialidad política, sino que el tema tratado en la reunión hayan sido el proyecto de reforma laboral de impulsa el gobierno de Macri, la nueva ley de ART o la asistencia sanitaria a los trabajadores, que interesan a todos los trabajadores por igual, no solo a los peronistas.
La señora Bibini -según cuenta el gobierno en su comunicación oficial- presentó a los sindicalistas peronistas a su nuevo «equipo de trabajo», cuya conformación es algo que si bien presenta un interés menor, tampoco debió ser objeto de una reunión sectorial y convocada con criterio político selectivo.
Más curiosas aún han sido las declaraciones de la ministra Bibini, quien ha dicho algo así que por «provenir del sector privado» entiende «muy bien», la importancia que tiene cada trabajador; dando a entender con ello que los que «provienen del sector público» no tienen ni la más pálida idea de qué es un asalariado ni para qué sirve.
Otro punto destacado de sus afirmaciones es el que se refiere a la reforma laboral del gobierno nacional. Sobre este particular la ministra Bibini llama a “evaluar con los diversos sectores qué cosas sirven y cuáles hay que cambiar en el proyecto que tiene 145 artículos. Hay que ver de qué manera se puede proponer una alternativa superadora”.
La perplejidad frente a estas palabras no puede ser más desconcertante, pues el gobierno del que la señora Bibini forma parte no tiene ninguna competencia, ni para evaluar ni para proponer «alternativas superadoras» a una iniciativa legal que es -como casi todo el mundo sabe- asunto exclusivo del gobierno federal, porque así lo dice la Constitución Nacional.
La señora Bibini no ha dicho qué hará una vez que haya resuelto «qué cosas sirve y cuáles hay que cambiar», como tampoco ha dicho cuál es su autoridad -no ya política, sino técnica- para plantear un proyecto de reforma laboral alternativo.
Si esta autoridad existe -cosa que no se puede poner en duda- probablemente provenga de la pertenencia de la señora Bibini a las filas de la Unión Industrial Argentina, la patronal más poderosa del país y la principal interesada en avanzar sobre los derechos de los trabajadores y en reducir las garantías que rodean al trabajo asalariado en nuestro país.
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