Cómo atajar en dos años el creciente deterioro institucional de Salta

Casi todos los salteños saben que a lo largo de los últimos ocho años las instituciones de Salta se han venido degradando sin remedio, y que de una forma calculada y perversa han ido dejando de servir a los intereses generales para ponerse al servicio de la ambición de poder del Gobernador de la Provincia y del cada vez más reducido grupo de personas que le apoya.

Sucede que durante el tiempo transcurrido, el deterioro institucional planificado desde el vértice del poder ha funcionado aceptablemente para apuntalar ciertas estrategias cortoplacistas del gobierno (por ejemplo, la colonización del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de las instancias independientes de control), pero que llegados a este punto -y si lo que quiere el gobierno es cerrar un ciclo con resultados más o menos decentes, que no sean tan catastróficos como los que ha cosechado en estos años- es fácil darse cuenta de que lo que se necesita ahora es acometer con urgencia una operación de rescate de las instituciones, que no se antoja fácil.

Como se ha podido ver en estos días, la primera respuesta del gobierno de Urtubey es el maquillaje, una actividad que ha saltado del mundo de la cosmética al de la política, y no solo porque al Gobernador un mal día se le ocurriera convertir a una maquilladora profesional en ministra.

Sin embargo, el gobierno sabe perfectamente que el maquillaje no asegura por sí solo el rescate de las instituciones que dejaron de funcionar y, menos aún, que pueda ayudar a mejorar su calidad en un plazo tan breve como lo son dos años.

Durante las últimas semanas el Gobernador de Salta se ha mostrado cada vez más dispuesto a desembarcar en cualquier partido político que quiera recibirlo. No parece importarle cuál. Esta actitud indica con claridad que durante los dos próximos años el Estado provincial salteño y las instituciones que lo conforman, lejos de cumplir con su cometido, serán nuevamente instrumentalizadas para los mismos fines de siempre. Los argumentos y los «approaches» pueden variar ligeramente, pero la finalidad última sigue firme en el horizonte.

Tan preocupante como esto último es el hecho de que la «nueva etapa» del gobierno, en la que el poder presume de apertura, de talante y de diálogo, aparezca a los ojos de los observadores más como una operación menor de reacomodamiento que como un intento de transformar de raíz la forma de entender y de utilizar el poder.

Al contrario, las primeras señales del gobierno dan a entender que en los próximos dos años el aparato del Estado servirá únicamente como trampolín para el salto -suponemos que definitivo- con el que Urtubey pretende zambullirse en la gran política nacional.

Los nuevos ministros tendrán una misión extremadamente fácil: reflotar el nivel de gestión de los respectivos ministerios, caídos en desgracia por la incompetencia técnica y la nulidad política de aquellos que el Gobernador eligió en su día sin otro criterio conocido que el de evitar que alguno de los designados brillara con luz propia o pudiera hacerle sombra a sus ambiciones personales.

Es decir, que no se necesita convocar a sabios para hacerlo un poco mejor que los que dejarán su cargo el próximo día 21.

Se puede mover las piezas de un gobierno con relativa facilidad. Lo difícil será volver a la senda democrática, pues ello requerirá reconstruir a la oposición política, devolverle la participación institucional en los órganos de control que se le ha arrebatado, sanar las heridas y mejorar la imagen de una judicatura disminuida en su credibilidad y en su amor propio por el marcado seguidismo de algunos magistrados a los dictados del poder y, sobre todo, impulsar un cambio en los mecanismos parlamentarios para que el rodillo mayoritario deje de aplastar el pluralismo social e ideológico de la sociedad.

Para hacer todo esto no es necesario reformar la Constitución; basta con cumplir con la que tenemos vigente. Debemos darnos cuenta de que el gobierno se ha esmerado en ignorar las normas constitucionales las veces que ha sido necesario y conveniente para sus propios intereses; no solo manipulando las instituciones a su antojo (el último intento de blindar a los jueces de la Corte es particularmente significativo), sino también inmolando las libertades ciudadanas (especialmente a través del control político del Poder Judicial) en el ignominioso altar de las vanidades y los apetitos de poder.

En dos años, y contando con que el gobierno sea sincero en sus propósitos (lo cual, tras ocho años de mentiras, parece casi imposible), no podrá acometerse esta tarea; ni aun con el concurso de todos los partidos políticos. No solo se precisa convicción y decisión política: hacen falta también tiempo y conocimientos, dos recursos que en Salta son hoy por hoy preocupantemente escasos.