El juez de la Corte de Justicia de Salta, señor Fabián Vittar, que fue designado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, defendió ayer la abortada iniciativa legal enviada el mes pasado a Legislatura provincial y que pretendía asegurar, sin enmienda de la Constitución, que los actuales jueces que integran el alto tribunal salteño permanezcan de forma indefinida en sus cargos, al obligar a los sucesivos gobernadores a solicitar la renovación del acuerdo parlamentario para los jueces que han sido designados por el propio Urtubey.
Como se sabe, a pesar de que el Senado provincial votó favorablemente la iniciativa del Gobernador, este decidió al final retirar su proyecto, ante la avalancha de críticas que ciudadanos y expertos le habían dirigido.
La decisión del mandatario, que ha colocado en muy incómoda situación a los senadores que votaron favorablemente el proyecto, no ha descolocado sin embargo al juez Vittar, quien a pesar del naufragio, ha salido a defender la abortada ley como un instrumento para «garantizar la seguridad jurídica».
En declaraciones efectuadas al diario El Tribuno de Salta, Vittar no solo ha dado a entender que el proyecto finalmente retrocedido era bueno, sino también que era muy bueno, porque a su entender lo que se pretendía con él era lograr una «composición uniforme» (es decir, fija) «que genere en el tiempo una seguridad jurídica».
Sin querer, Vittar ha deslizado la posibilidad de que hoy (y desde que rige la temporalidad de los jueces de la Corte de Justicia en Salta) no existe seguridad jurídica en la Provincia, e insinuado también que ese valor central de cualquier Estado de Derecho, que es la previsibilidad y la estabilidad del entramado jurídico, solo la pueden garantizar los actuales jueces -entre ellos, por supuesto, él- y no otros magistrados diferentes.
Se trata de una afirmación que -respetuosamente- puede ser calificada de absolutista y antidemocrática, ya que traslada al plano de las instituciones judiciales la famosa frase de Louis XIV en cuanto a la identidad del monarca con el Estado y parece proclamar, sin modestia, aquello de «la sécurité juridique c'est moi».
Pero Vittar no se ha detenido en estas minucias. Ha defendido además con cierto convencimiento que la actual composición de la Corte de Justicia de Salta «es muy equilibrada, con integrantes de experiencias y visiones distintas, que enriquecen al Poder Judicial». Añade el magistrado que, precisamente, lo que él llama «composición plural» es lo que ha permitido a la Corte salteña elaborar una «doctrina de jurisprudencia avanzada».
Por alguna razón, no mencionada en la entrevista, el juez Vittar no se refiere a las abundantes competencias políticas, administrativas y organizativas del tribunal que integra, cuya «continuidad» -cualquiera sea su orientación doctrinal en materia jurisdiccional- pone en serio entredicho los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y cuyo carácter crítico exige una razonable periodicidad democrática en el ejercicio de los cargos y funciones. Mucho más desde que estos cargos no están sujetos ni a elección popular ni a destitución por mecanismos que prevean una participación directa de los ciudadanos.
Piénsese solamente en las amplísimas y virtualmente discrecionales facultades de la Corte de Justicia de Salta en materia electoral.
Del mismo modo, el señor Vittar no menciona ningún caso de «doctrina de jurisprudencia avanzada» que haya elaborado o puesto en vigor el tribunal que integra, al que sin embargo se lerecuerda y se le recordará por pronunciamientos marcadamente conservadores y regresivos como los que afirman la preeminencia de las costumbres religiosas de la población por sobre los derechos consagrados en la Constitución, la utilización magnánima de la prisión preventiva como castigo anticipado y express, el encarcelamiento a perpetuidad de personas sin pruebas de que hayan cometido delito, el monopolio de la acusación que detenta el Ministerio Público Fiscal en materia de destitución de magistrados, la anulación arbitraria de concursos públicos de oposición para puestos judiciales, o la rotunda negativa a admitir en el empleo a una conductora de colectivos por su condición de mujer.
Y todo ello, por no citar sino algunas pocas materias de las que abordó la Corte de Justicia de Salta desde que el señor Vittar es juez de la misma.
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