Entre el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, hay pocos parecidos, pero uno es sobresaliente: ambos, con argumentos similares, plantean la desobediencia al Estado de Derecho, en base a determinadas particularidades distintivas de los pueblos y los territorios que gobiernan.
Hay otros parecidos menores, como por ejemplo el hecho de que los dos gobernantes representan a la derecha, pero a derechas bien diferentes: una antigua, casposa y clerical, en el caso de Urtubey; la otra pragmática, moderna y liberal, en el caso de Puigdemont.
Con lo cual se podría decir -siempre provisionalmente- que la rebeldía frente a las normas establecidas no es, como se creía hasta ahora, cosa de la izquierda, exclusivamente.
Otro punto de contacto es la declaración formal de ambos gobernantes de que acatarán las decisiones de los jueces y su más íntima convicción de que tanto las instituciones de Catalunya como las de Salta terminarán ignorándolas; en un caso por la fuerza de la costumbre, y en el otro por la decisión mayoritaria de unos ciudadanos convencidos de la necesidad de crear un estado independiente.
Si bien Urtubey no ha llegado tan lejos (entre otros motivos, porque le interesa presidir la Argentina), su planteamiento inicial, que enfrenta a la Argentina diversa contra una Salta uniforme y monolítica, no deja de ser peligrosamente rupturista. En términos un poco más cercanos, se podría decir que Urtubey es claramente un «mapuche con poncho rojo».
Pero mientras en Catalunya las pulsiones independentistas se recrean en la lengua, en el espíritu «fenicio» de los mercaderes mediterráneos, en la gastronomía o en el derecho común, en Salta la identidad viene conferida por la religión. Es la homogeneidad religiosa (más aparente que real, por cierto) lo que anima a Urtubey a sentirse por encima (o aparte) del resto de la Argentina.
La religiosidad popular en Salta es superior al Estado, incluso para el propio gobierno, lo cual no deja de ser preocupante, ya que supone una retirada desordenada y precipitada del civismo de los lugares comunes que, en virtud de este peculiar enfoque, pasan a ocupar la feligresía.
Lo curioso de esta relación entre diferentes comunidades es que mientras en los lugares en donde se produce una anomalía semejante, el liderazgo político es asumido por los clérigos, en Salta el poder político sigue siendo ejercido por civiles, pero por unos que encarnan el espíritu eclesiástico con mucho mayor entusiasmo y convicción aún que las propias autoridades de la Iglesia. Dicho en otros términos, que el Arzobispo de Salta no ejerce directamente el poder, porque tiene quien lo haga por él, incluso mejor que él mismo.
Si le preguntan a Urtubey si él quiere romper la federación, dirá lógicamente que no. Pero él ya la ha roto de facto, al proclamar unilateralmente la independencia de Salta y al erigirse en supremo intérprete de los deseos del pueblo (un pueblo que le ha votado para gobernar, no para subrogarse en el pensamiento de los súbditos) de reivindicar su identidad religiosa, como elemento diferenciador del resto del país.
Que la Provincia de Salta obedezca o no a la sentencia que pronunciará la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la educación religiosa no es importante. Cualquiera sea el signo del fallo, el gobierno de Urtubey hará exactamente como con el matrimonio homosexual o los abortos no punibles: opondrá excepciones administrativas a la decisión soberana de los tribunales. Con lo cual, una parte importante de los salteños (aquella que integran los que se consideran más ciudadanos que feligreses) se sentirá como esos muchos catalanes que no quieren abandonar España y que denuncian las presiones, los atropellos y las persecuciones que se están llevando a cabo en nombre de una mayoría, que parece no ser tal. En Salta también se oprime -y no de una forma menos sutil que en Catalunya- a quienes no son religiosos, son gauchos, son coqueros, son tradicionalistas o son homosexuales, una «variedad» negada con argumentos filosóficos por el Gobernador de la Provincia y paradójico aspirante a presidir el país «plural» del que reniega.
La única forma conocida de asegurar la vigencia de los derechos de todos es respetar la ley preexistente; sea la que establece la libertad de conciencia y el derecho a la igualdad sin discriminación, sea la que dice que la soberanía (y, por consiguiente, el derecho a decidir) corresponde al conjunto del pueblo español. Otra cosa es pretender que las normas se modifiquen, pero para eso no basta ni la costumbre ni la fuerza creativa de la política, sino que hace falta la racionalidad legal; es decir, el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos para la reforma de las normas jurídicas.
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