Algunas contradicciones (menores) del independentismo catalán

Lo he dicho públicamente en alguna ocasión: formo parte de una ínfima minoría de españoles que, por convicción (en mi caso) o por imperativo legal (en el caso de otros) ha jurado obedecer la Constitución de este país.

Curiosamente, aquellos que el Código Civil denomina «españoles de origen» no juran obediencia a la Constitución, como sí lo hacen aquellos que han nacido en otros países y que adquieren posteriormente la nacionalidad española por residencia. Por suerte, no hay aquí ceremonias multitudinarias para jurar la bandera, honrar a los próceres o cosas por el estilo.

De allí que este juramento -que al menos yo me he tomado muy en serio, a pesar de la escasa formalidad con que fue exigido- no me deje opción en el problema que enfrenta hoy al independentismo catalán, por un lado, y al Estado español, por el otro.

Debo decir también que cuando hace casi treinta años adquirí la nacionalidad española lo hice muy convencido de haber «fichado» por un país muy variado, que incluía una nación hermosa, próspera, moderna y democrática como Cataluña, de la que, por supuesto, me he sentido y me sigo sintiendo parte.

Durante muchos años sentí que este país, en el que nacieron mis hijos, era indestructible, como lo es -al menos en su formulación constitucional- el país en el que nací. Puede que los catalanes quieran desprenderse de mí y seguramente de gente como yo, pero seguramente yo no de ellos. Porque, sin ellos, no solo España será menos, sino que también yo lo seré, menos español y menos catalán, como me siento desde la infancia.

Mi lealtad a la Constitución, sin embargo, no disminuye ni un ápice la enorme simpatía y cariño que siento por Catalunya y por los catalanes. Y no desde ayer precisamente.

La lengua catalana fue, por así decirlo, la segunda lengua de mi infancia. La hablaban nuestros vecinos los señores Raventós Capdevila, emigrados a la Argentina a finales de los años 30 del siglo pasado. Su casa estaba separada de la nuestra por una pared más bien baja, de la que colgaba una frondosa parra, que arraigaba en la casa de al lado pero que en la nuestra producía unas apetitosas uvas.

Todos los días, hasta que cumplí los trece años, escuché hablar a la familia Raventós en su hermosa lengua y, como vecinos inquietos que éramos, intentamos participar con discreción en su vida cultural, que era rica y variada, en ideas, en libros, en música, en conocimientos y en inquietudes.

De hecho, si mis vecinos fuesen hoy independentistas y yo no hubiese jurado la Constitución de 1978, probablemente me pensaría muy bien de qué lado estar en esta disputa. No olviden por favor que soy hincha del Barça desde mucho antes de que Reixach firmara el primer contrato de Messi en una servilleta.

Si en España hoy existe una «grieta», como lo sugiere Felipe González, el primer impulso que tendría es el de no hacer «la gran Urtubey» y proclamarme por encima de ella. Al contrario, la «grieta» me ha pillado de este lado del Ebro, y aquí me quedaré hasta que soplen otros vientos. Hacer todo lo contrario a lo que hace Urtubey me garantiza el acierto.

Incongruencias jurídicas

Pero fuera parte del lío político, que es apasionante como muchos pueden darse cuenta, lo que me preocupa son las contradicciones jurídicas que observo en la estrategia independentista.

La más notable de todas es la desobediencia abierta a las resoluciones del Tribunal Constitucional y las del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que choca frontalmente con los recursos administrativos y judiciales con los que los independentistas pretenden frenar la ofensiva jurídica del Estado.

Entre estos recursos, sobresalen los interpuestos para la defensa de Josep María Jové, el exnúmero dos de la Vicepresidencia de la Generalitat, que fue detenido y posteriormente liberado, y la impugnación administrativa a la designación por el gobierno de España de Diego Pérez de los Cobos como coordinador en Cataluña de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y virtual jefe de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana.

Si la razón de ser del independentismo es la desobediencia pura y dura (a la Constitución, a las leyes y los tribunales españoles), no se entiende muy bien que los independentistas recurran a las mismas instituciones con las que quieren romper para dar su batalla. Salvando las distancias, se parecen al Indio Godoy, solo que en versión culta.

Pero puestos a pensar en la situación que estamos viviendo, hay que preguntarse a qué otros tribunales que no sean los españoles podrían recurrir hoy los independentistas, ya que Cataluña no los tiene propios; y por no tener, tampoco tiene leyes, moneda, ni fuentes de energía que le permitan afrontar con relativa tranquilidad los primeros momentos de su ansiada independencia. Pero por supuesto, va por delante el respeto al deseo e, incluso, al sentimiento independentista.

El mismo respeto merece, sin dudas, lo que está haciendo el gobierno de España, pues aunque se pueda discrepar de su orientación ideológica, no cabe dudas de que intenta que la ley que rige en este país sea respetada por todos, incluso por los que se quieren ir y todavía no se han ido.

Los límites de la democracia

Tengo que decir, para terminar, que este problema ha puesto sobre el tapete algo que con insistencia se viene insinuando en los países con democracias avanzadas y que se puede resumir del siguiente modo: ¿Hasta qué punto la voluntad de una mayoría coyuntural puede colocarse por encima de normas jurídicas que ha llevado siglos elaborar y que ha costado mucho hacer cumplir?

Votar y expresarse en las urnas es muy democrático y saludable, pero no es ni de lejos la única condición de la democracia, como durante décadas enteras se ha creído en la Argentina. Si la mayoría no cumple con las leyes que existen desde antes de que se conviertan en mayorías, si no se respeta la integridad de las minorías y se avasallan sus derechos, la democracia sencillamente no es posible. En estas circunstanciasm, las votaciones, cualquiera sea su resultado, terminan siendo una farsa.

El gobierno de España parece decidido a todo para impedir que se vote, pero aunque se votara (o alguien consiguiera votar) el resultado del referéndum está ya, y desde hace varias semanas (desde el 7 de septiembre, precisamente), herido de muerte. Porque no solamente nadie creerá en el resultado sino porque el propio proceso, más allá de su éxito o de su fracaso, resultará insuficiente para apuntalar una declaración unilateral de independencia.

Por esta razón, en buena medida, me parece un poco absurdo o exagerado que los fiscales hayan mandado a la Policía a precintar los lugares de votación. Si el referéndum ya está tocado, da casi igual que la gente acuda a votar o no, aunque lo hagan millones. Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, esto de precintar los locales, secuestrar las urnas y las papeletas me ha obligado a cambiar de opinión sobre un tema que creía yo tener bastante claro: la veda electoral (ese engendro que muchas veces critiqué por su imposibilidad lógica) al final resulta que es posible.

En la Argentina se llama «veda electoral» a la suma de las jornadas de reflexión y la propia jornada de votación (hasta las 18 horas), periodo en el cual no se puede hacer proselitismo público y quien viole las normas comete un delito electoral. Pero si de verdad hubiera una auténtica «veda electoral» (en sentido literal), el propio sufragio sería imposible. Con lo que está sucediendo estos días en Cataluña me animo a decir que aquí se ha logrado que no se logró jamás en la Argentina; esto es que se prohiban unas elecciones por ilegales. Lo que se llama una «veda», pero en serio.

Como ya he dicho en alguna ocasión anterior, a veces es necesario menos democracia para salvar a la democracia, y para permitir que todos la disfruten. Secuestrar la democracia para que de ella se sirva una mayoría, por muy iluminada que sea, es un mal asunto.