Menos democracia para salvar a la democracia

Esta mañana, la edición digital del diario El País publica un interesante artículo del profesor Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco y director de su Instituto de Gobernanza Democrática.

En este artículo, titulado Completar la democracia el autor describe con magistral concisión un problema que quien esto escribe viene desde hace años intentando plantear, con mucha insistencia pero también con una gran dispersión argumental y mucho menor acierto: el de la sobrevaloración de las elecciones y la difusión incontrolada del fundamentalismo democrático.

Escribe Innerarity: «Algo está pasando en nuestros sistemas políticos cuando la inminencia de una cita electoral es vista como una amenaza (o la ausencia de elecciones inmediatas se celebra como una oportunidad para llevar a cabo ciertas políticas) o, en el caso opuesto, se tiene una concepción descontextualizada e irrefutable de la voluntad popular, es decir, sin contrapesos, marco legal, información suficiente, espacio para la deliberación o protección de las minorías».

Esta sola aproximación al problema, sin necesidad de descender a su desarrollo, encaja ya como un guante en la realidad de la golpeada democracia de la Provincia de Salta, que es el espacio territorial al que he dedicado la mayor parte de mis reflexiones en los últimos veinte años. Para mí, las elecciones en Salta -puntuales, densas y cada vez más populosas y pasionales- han entrado en una peligrosa espiral de ineficacia política y democrática que nadie parece dispuesto a analizar y mucho menos a corregir.

Recuerdo que en un momento dado de mis precarias elucubraciones, llegué a pensar que sería necesario atajar el problema declarando una especie de tregua electoral duradera, para que la democracia pudiera cimentar sus instituciones y no dejar que las elecciones, las campañas, los líderes ansiosos y las visiones cortoplacistas, que tanto deslumbran a los salteños y tantas energías consumen, entorpecieran la construcción de un sistema de convivencia sólido y estable. Admito hoy que aquella era una idea un poco alocada.

Y lo reconozco ya convencido porque el profesor Innerarity, con sus ideas tan claras, me ha alumbrado el camino que conduce a encontrar la forma de salvar a la democracia -de hacerla mejor y más fuerte- sin tener que sacrificar a las elecciones.

Señala el eminente profesor vasco -quien en el año 2005 fue considerado por la revista Le Nouvel Observateur como uno de los 25 más grandes pensadores del mundo- que, antes que aborrecer las elecciones, es necesario fortalecer ciertas instituciones de control que son tan imprescindibles para la vida democrática como inapropiadas para ser colocadas en la órbita de esa gran trituradora de la estabilidad y la racionalidad políticas que son las elecciones populares.

Apunta Innerarity: «No se pueden suprimir las instituciones de la democracia electoral sin dañar la democracia, pero se la puede y debe completar con otro tipo de instituciones que defienden valores igualmente necesarios para la calidad de la vida democrática».

Pienso inmediatamente en la Corte de Justicia de Salta y en el disparatado proyecto de ley con que el Gobernador de la Provincia de Salta pretende saltarse la Constitución a la torera y darle a sus magistrados una estabilidad que convertiría a este tribunal en una descomunal usina de poder político sin controles democráticos. Y pienso al mismo tiempo que esta extravagante iniciativa se formula en nombre de la democracia. ¡Menuda ironía!

El artículo que comento dice en su parte más importante que «en todos los Estados democráticos hay previsiones constitucionales o cuasiconstitucionales que limitan el poder del 'demos' y configuran una serie de instituciones que no representan tanto a las personas sino a ciertos valores o bienes públicos». Y añade que este tipo de instituciones, «representan de algún modo la imparcialidad y defienden determinado bien común al margen e incluso por encima de los electores actuales».

Para Innerarity, «una característica de la gobernanza de todas las democracias contemporáneas es la delegación de poderes significativos en instituciones que no rinden cuentas directamente ante los votantes o los representantes electos: tribunales, bancos centrales independientes, autoridades regulatorias de supervisión y regulación, comisiones de la competencia y tribunales de cuentas se hacen cargo cada vez de más ámbitos de la vida política y económica».

Desplazamiento del poder

El autor piensa que asistimos a un fenómeno que se puede describir como el desplazamiento del poder hacia lugares menos sometidos al escrutinio y control públicos, y entiende que esa derivación no siempre está motivada por intenciones perversas sino también por necesidades funcionales que es necesario entender y legitimar.

Salta, por supuesto, no es la excepción a la regla general; solo que nuestra Provincia encaja perfectamente en la ventana del «no siempre», que prudentemente ha dejado entreabierta nuestro autor para permitir valorar con amplitud las motivaciones. Quiero decir con esto que, verificándose en Salta tal desplazamiento de poder, este movimiento sí que está motivado en nuestra Provincia por intenciones perversas y no por necesidades funcionales.

Baste pensar en el control directo y casi omnímodo que ejerce el Gobernador de Salta sobre instituciones como la Auditoría General de la Provincia, el Consejo Económico y Social, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público Fiscal y, por supuesto, la Corte de Justicia provincial.

Esto se advierte mejor si lo sometemos a la prueba del algodón: probemos con frotar un poco la superficie de los instrumentos y mecanismos ideados por el Gobernador para diseñar todas estas instituciones y veremos que por encima y por debajo de las formalidades bulle un discurso de afirmación democrática y de mejora de la calidad de vida institucional. Pero si le damos con una lija gorda, descubriremos que más abajo aún subyace el capricho del mandatario, que sirve como elemento único de legitimación política y democrática, así como hilo invisible que une en un solo haz de poder lo que deberían ser instancias de control del poder temporal y funcionalmente limitado.

«Democracia es solo lo que yo digo y lo que hago; da igual en interés de quien lo diga o lo haga». Así piensa el Gobernador de Salta, que cree que los votos que lo han aupado al gobierno le otorgan el control más absoluto del poder de todas las instituciones del Estado, creencia que, por supuesto, por más que lo intente, no consigue disimular.

El Gobernador de Salta mantiene prisionera a la legalidad y ha llegado a instalar en el inconsciente colectivo la idea de que la ley es un instrumento del gobierno, al servicio de este, y no un producto de la voluntad general, cuya finalidad es la de servir a los ciudadanos para realizar sus ideales de libertad y de justicia. Las leyes en sentido formal -aun las defectuosas, las injustas y las alocadas- son manifestaciones de la soberanía popular, pensadas para expandir el horizonte de las libertades y no para crear «zonas jurídicas liberadas» al capricho personal o a la arbitrariedad de los gobernantes.

Siempre recuerdo cuando el actual Secretario General de la Gobernación salió a descalificar públicamente a un ingeniero informático que había cometido la osadía de opinar sobre la Constitución de Salta. Para el gobierno, solo podían hablar de la Constitución los abogados, no así los ingenieros (y no digamos ya los veterinarios). Si además esos abogados pertenecen al gobierno, su particular interpretación de las normas constitucionales debe además imponerse a todas las demás. Se trata, sin dudas, de una visión muy sectaria del papel que desempeña la ley en nuestro entramado institucional.

Defender a la democracia

En las sociedades políticas no todo puede ser reducido a y resuelto por el principio democrático. La democracia está muy bien (especialmente como discurso) pero tiene unos límites que no conviene traspasar; pero no para proteger la arbitrariedad o la intangibilidad de los espacios autocráticos, sino para defender a la propia democracia, amenazada -desde los griegos en adelante- por su bien conocida propensión a degenerar.

Salta y su Gobernador se llenan la boca hablando de democracia, un día sí y otro también. Si repasamos sus discursos veremos que en nuestra Provincia se han democratizado (o dicen que se han democratizado) hasta los aspectos más minúsculos de la vida social. Pero, a mi entender, y para usar palabras de Innerarity- Salta es una mera democracia electoral, en donde el poder del demos ha sido sustituido de facto por el de un solo hombre, una anomalía que la mayoría ve con alegres ojos democráticos, solo porque ese poder asfixiante y disfuncional nace de elecciones populares periódicas y supuestamente intachables.

Pero el Gobernador de Salta no está dispuesto a compartir el poder con nadie, aunque él -por su formación y tal vez por su carácter- pueda ser consciente de que la delegación de ciertos «momentos de soberanía» no debilitará sino que fortalecerá a la democracia. Y no lo está sencillamente porque entiende -y así se lo hace saber su entorno- que la democracia es más fuerte solo si él a su vez lo es. Una vez más: la democracia soy yo.

Bien dice Innerarity que la democracia no solo es la formalidad de saber quién toma las decisiones y mediante qué procedimientos sino la capacidad de proporcionar determinados bienes públicos, que -desde ya adelanto- no son viviendas, anteojos, dentaduras postizas, sillas de ruedas o subsidios para clubes de rugby. Las dictaduras son inmejorables para distribuir este tipo de bienes: la democracia siempre lo hace peor, pero su «genio» consiste en proporcionar a los ciudadanos aquellos bienes públicos que las dictaduras se empeñan en negarles sistemáticamente: la libertad, los derechos cívicos y la justicia, entre otros.

A modo de conclusión

Para resumir un poco, y echando mano otra vez de las palabras del filósofo vasco, diré que «uno de los problemas de las actuales democracias es su inconsistencia temporal, el hecho de que sacrifiquen los proyectos de largo alcance ante el altar de los beneficios electorales inmediatos. Todo lo que tiene que ver con la protección de las minorías, la justicia intergeneracional o ciertos compromisos medioambientales (es decir, con los intereses que por definición están escasamente presentes en nuestros procedimientos de decisión) requieren algún tipo de justificación que no depende de la voluntad de los electorados realmente existentes».

De lo que se trata, pues, es de pensar que hay ciertos elementos críticos de la convivencia entre hombres y mujeres libres que solo pueden ser protegidos del tironeo electoral cuando una parte de la soberanía es transferida a un nivel menos «electoralmente democrático», para que la lucha circunstancial por el poder y sus rituales no afecten a una cierta clase de instituciones que en buena lógica deberían ser inmunes a las presiones inmediatas.

No quisiera finalizar sin decir que la eternización de los jueces de la Corte de Justicia propuesta pomposamente por el Gobernador de Salta (pocas veces se le ha visto tan circunspecto) puede ser presentada como un intento de alcanzar este objetivo, pero la inamovilidad de estos magistrados estaría únicamente justificada si el tribunal que conforman solo se dedicara a impartir justicia (a ejercer la «jurisdicción», a resolver las controversias jurídicas) y no a otros cometidos como la tutela en última instancia de los derechos y libertades fundamentales, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes o el gobierno total del Poder Judicial.

Dicho en otras palabras, que para una democracia madura y eficiente resulta completamente inapropiado pensar en un tribunal que ejerza abundantes y críticas competencias políticas sin estar sometido a controles por parte del soberano. La inmunidad a la democracia electoral que propugna Innerarity solo es útil para aquellos órganos que ejercen funciones de control puras, y la Corte de Justicia de Salta está muy lejos de dar este perfil institucional.

En breve síntesis, que en algunas instituciones muy concretas (entre las que no se encuentra la Corte) necesitamos menos democracia electoral, más consistencia temporal y más eficacia política. Y que, en este punto así como en otros, el Gobernador de Salta está transitando el camino equivocado, no por falta de conocimientos sino porque su ambición de poder lo ciega.