Desde que Juan Manuel Urtubey gobierna la Provincia de Salta, el número de policías se ha duplicado, prácticamente. Este aumento no guarda relación ni con el crecimienti de la población ni con el incremento de la criminalidad, aunque frecuentemente es justificado por el gobierno con el argumento polivalente de las «necesidades operativas».
Hoy mismo se ha sabido que una jueza de Salta, la señora María Victoria Montoya Quiroga ha condenado a dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional a un hombre a quien halló culpable de amenazar varias veces y causar lesiones leves su expareja.
A este hombre la jueza le ha impuesto una serie de reglas de conductas, entre ellas el alejamiento de la víctima.
Para esta última, sin embargo, la jueza ha dispuesto una «consigna policial fija» en su domicilio, una medida que plantea una serie de interrogantes. El primero, si lo que cuesta mantener a un policía con carácter permanente en el domicilio de una persona o en sus inmediaciones ha de ser pagado por el Estado provincial, habiéndose señalado con claridad al responsable de que esta consigna se establezca.
Dicho en otras palabras, que la señora Montoya Quiroga no ha dicho en su sentencia que lo que cueste mantener a un policía en el domicilio de la víctima haya de ser pagado por el condenado, lo cual sería más que lógico, ya que se trata de proteger a una persona no de un peligro indeterminado, sino de la posible irrupción de una persona cuya responsabilidad ya ha sido establecida mediante sentencia judicial.
El otro interrogante que plantea esta medida es ¿para qué sirven entonces los botones antipánico y los brazaletes electrónicos y las cámaras de vigilancia de que dispone el gobierno para casos como este?
Parece que en Salta, o bien sobran policías, o bien el gobierno ha comprado dispositivos electrónicos inútiles (o escasos), o los jueces confían más en la disuasión humana que en la delación tecnológica.
Por otro lado, si la protección acordada por la jueza Montoya Quiroga está limitada al domicilio de la víctima, ¿cuando esta salga a la calle, a trabajar, a hacer las compras, a visitar a sus familiares, carecerá de protección? Si el policía solo se limita a cuidar el domicilio, ¿no supone la sentencia una especie de condena de asignación de residencia para la víctima?
De lo que no hay dudas es de que si el gobernador Urtubey no hubiera duplicado a la Policía, los jueces no se estarían inclinados a conceder este tipo de medidas e intentarían proteger a las víctimas con recursos un poco más sofisticados y efectivos que la presencia de un policía en la casa de la víctima, que, como todo el mundo sabe, tiene efectos estigmatizantes, aun que el policía vista de civil o se disfrace de jirafa.