La cantidad de periodistas anotados en la listas para las próximas elecciones en Salta ha despertado algunas sospechas y lógicas reservas en torno al verdadero estado de salud de la libertad de prensa en nuestra Provincia.
Entre aquellos periodistas/candidatos hay por lo menos tres a los que tranquilamente se podría etiquetar como «sicarios verbales»; es decir, como personas que con carácter habitual reciben encargos de terceros para injuriar o calumniar públicamente a otras personas, a cambio de ciertos favores.
Si estas personas resultaran electas, no hay ninguna norma jurídica que les impida seguir ejerciendo su oficio de periodistas/sicarios, ya que no se trata de actividades incompatibles.
El problema que plantea esta elección es que, una vez investidos del estado parlamentario, sus personas pasarán a ser jurídicamente inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus funciones.
Es archisabido que esta inviolabilidad no solo protege las opiniones vertidas dentro de los recintos legislativos, sino también las emitidas en cualquier otro ámbito, incluidos por supuesto los medios de comunicación.
La inviolabilidad tiene un alcance mucho mayor al de la inmunidad reconocida a los parlamentarios (todos sabemos que esta última cede en caso de delito flagrante) y se proyecta como una auténtica falta absoluta de responsabilidad por las votaciones o por las opiniones, impidiendo a los particulares y a las autoridades incluso «molestar» al parlamentario por sus expresiones.
No todo el mundo accede a un cargo parlamentario para abusar de su inviolabilidad de opinión, pero en el caso de los injuriadores profesionales, de los que se dedican a este innoble oficio desde antes de ser candidatos, existe la razonable sospecha de que su propósito de convertirse en diputados o senadores pueda perseguir la intención de ejercer su actividad habitual sin temor a censuras, represalias o persecuciones.
Por esta razón y porque la elección de estos personajes entraña un riesgo cierto para las instituciones del Estado, así como para los derechos y libertades de los ciudadanos, es que no debemos permitirnos la alegre irresponsabilidad de elegirlos. Debemos llevar al Congreso y a la Legislatura a personas que no estén sospechadas de haber cometido atentados contra el honor y la intimidad de sus semejantes, a quienes ofrezcan garantías de que no utilizarán sus privilegios para expandir su negocio o hacerlo más rentable, y a quienes prometan no instrumentalizar la función parlamentaria para dañar a placer a otros ciudadanos.