La pálida realidad de los números preelectorales del gobierno de Urtubey ha obligado a sus merchandisers a echar mano del viejo recurso inventado por los conservadores argentinos de la década de los treinta del siglo pasado: la obra pública.
Suele pasar en tiempos de elecciones, pero este año es mucho más notable que en campañas anteriores.
Superada -en parte- la euforia desatada por los engañosos resultados de la avanzadilla de marketing político, que creyó por un momento haber colocado a Urtubey en la estratosfera, el Gobernador de la Provincia de Salta y quienes lo secundan en su loca aventura de poder han decidido «tirar la casa por la ventana», con la intención de transmitir al electorado el siguiente mensaje: «Oigan. Aquí estamos. Mejor que nosotros no lo hace nadie».
A menudo, los que diseñan estas impresentables operaciones intentan enmascarar los propósitos electoralistas (para que no parezcan tan descarados) con un argumento virtualmente irrebatible: «Son obras que le cambian la vida a la gente».
Perfecto. Pero ¿qué tanto cambian la vida de la gente? ¿A qué tipo de vida nos referimos? y, fundamentalmente, ¿de qué gente hablamos?
Vamos a dejar a un lado el tema de las viviendas públicas, no solo porque la gran mayoría de las que se construyen en territorio provincial se debe al dinero del gobierno nacional (al esfuerzo solidario de la sociedad argentina en su conjunto), sino porque una vivienda -así sean las que construye el gobierno de Salta, que son espantosamente feas- de algún modo supone un cambio de vida para quien la obtiene.
Por cierto, las casas que construye el gobierno de Urtubey no son más bonitas porque las entregue Isabel Macedo. Siguen siendo feas.
Y empezar por lo más básico: si las obras que acomete el gobierno de Urtubey realmente transformaran la realidad socioeconómica de los habitantes de la Provincia de Salta, ¿por qué esta transformación no se refleja en los números? ¿Por qué los indicadores objetivos de desarrollo humano siguen diciendo que una gran mayoría de salteños vive cada vez peor?
La respuesta es sencilla: si para Urtubey una obra de «infraestructura» es un cordón cuneta, pues lo mejor es apagar y marcharse.
Las obras que el gobierno de Salta afirma estar multiplicando por horas, vistas sin ninguna suspicacia, solo sirven para calmar la conciencia de los que gobiernan (incluidos los intendentes); para dar la apariencia de que el gobierno hace algo, que se mueve, que justifica el sueldo que ganan sus funcionarios. Ahora que vistas con suspicacia, se puede decir que sirven también para hinchar los bolsillos de pequeños contratistas del Estado (que nos venden auténticas basuras disfrazadas de decentes) y para financiar a ciertos políticos corruptos.
Un playón deportivo, una barrera en un paso a nivel, una conexión a las cloacas, la llegada del gas, la apertura de un centro infantil o la venta en cuotas de cocinitas eléctricas no cambia la vida del pobre ni lo hace menos pobre ni hace que su pobreza se note menos. Al contrario, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estas «bendiciones» no hacen sino que la pobreza se note cada vez más.
No son obras inútiles, por supuesto, pero sí obras que podrían haberse planificado y ejecutado mucho mejor de lo que lo han sido, con participación y control de los interesados, con mayor calidad, con una idea clara del futuro, con garantías de integración en el proyecto social, y, sobre todo, sin tener que pagar peajes políticos.
Las personas que sufren el drama de la pobreza lo que necesitan no son obras sino rentas, y llegado el caso, comida.
Si no hay trabajo, el deber del gobierno es pagarles una renta, para que puedan comer y vivir. 99 de cada cien salteños en situación de necesidad preferirían una prestación periódica en dinero a que se construya una plaza en el centro del pueblo.
Pero por sobre todo lo que necesita la «gente» son derechos. Es decir, auténticos derechos subjetivos garantizados por ley y protegidos por una acción judicial efectiva y expedita; esto es, sin abogados ni mediadores idóneos. La «gente» no necesita regalos ni ocurrencias que salen de la gracia del que gobierna, que puede revocarlos a voluntad.
Un buen número de salteños soportaría mejor la pobreza si al mismo tiempo disfrutara de derechos democráticos, que incluyen, primero y fundamentalmente, libertades públicas, y luego derechos económicos y sociales en una medida compatible con las posibilidades a nuestro alcance.
En Salta las obras que acomete el gobierno sirven para disimular la falta de derechos y libertades. Entre otras cosas, para eso se hacen: para que las personas no se den cuenta de que por tener una cancha de basket de cemento o un par de focos en las calles están renunciando a ser ciudadanos, con todo lo que ello implica.
La vida tiene muchas dimensiones: la dimensión cívica es una de ellas y probablemente una de las más importantes. El gobierno ignora, por conveniencia, que las personas necesitan sentirse ciudadanos y ciudadanas, como necesitan abrigo o alimento. Prefieren las ayudas puntuales y las obras huecas antes que fomentar la ciudadanía libre y crítica, porque hacer esto último pone en serio riesgo la posesión del poder.
La falta de una ciudadanía completa afecta no solo a las personas con menos recursos. Por eso, cuando el gobierno de Urtubey «hace» (o dice que hace) parece que solamente gobierna para aquellos que le van a dar los votos que necesita para mantenerse en el poder. La «otra gente», la que le vota menos, tampoco disfruta de derechos cívicos, no porque no supiesen cómo alcanzarlos sino porque les han sido expropiados, en nombre de las obras y del «buen gobernar».
Basta ya de obras inútiles y de gestos demagógicos. Comencemos por respetar a las personas y reconocerles su dignidad. Una sociedad de ciudadanos, y no una de súbditos como la que tenemos, podrá luego decidir en libertad cuál será su futuro y las obras que necesita para alcanzarlo. Al revés, la cosa no funciona ni funcionará nunca.
Y si no, que se lo pregunten al PNUD.