Según el gobierno provincial de Salta, «más de 2.700 vecinos aportaron información sobre narcotráfico en el sitio denuncias web».Probablemente, entre esos 2.700 «vecinos» buchones habría alguno que vive en un sitio un poco más lejano; pero ya se sabe: en Salta, desde Morillo hasta Tolar Grande, todos son «vecinos», «compinches» o «colegas».
Lo que no dice la información del gobierno es que los denunciados (cuyo número no se consigna) también son «vecinos» de los «vecinos» que los han denunciado. Así funciona esto de la «vecindad».
Dice además el gobierno en su información -difundida para más escarnio el Día del Periodista- que el sitio «denuncias web» (una página de buchoneo puro y duro, que puede acarrear graves consecuencias) fue creado «para fortalecer la lucha contra el narcotráfico».
Prueba de ello -afirma el gobierno provincial- es que durante el primer año de funcionamiento del artilugio se recibieron 2.700 denuncias, que aportaron información sobre vendedores de drogas en distintas localidades de Salta. Es decir, que en los hechos, la página gubernamental que fomenta la delación pública es una especie de Google Maps de uso restringido que en vez de informar en qué lugar venden pizzas, nos informa dónde conseguir «blanca».
Lo llamativo del dato es que a partir de las 2.700 denuncias se promovieron «más de mil» investigaciones, cifra que hace sospechar que al menos un tercio de las denuncias de los «vecinos» fueron falsas, ya que ni siquiera ameritaron la apertura de una investigación penal.
La cifra de denuncias falsas podría ser incluso menor, si se atiende a un párrafo contradictorio de la información gubernamental que dice que, en lo que va del año, «la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía trabajó en causas federales y provinciales, realizando más de mil procedimientos, muchos originados por el aporte de la gente en el sitio web».
Si de los mil procedimientos, «muchos» trajeron su causa de las denuncias web, quiere decir que no fueron «todos».
Prosigue la información del gobierno diciendo que entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2017, se secuestraron 674 kilos de droga, entre cocaína y marihuana, lo que equivale a más de 5.200.000 dosis de drogas «que no se distribuyeron en la Provincia». Lo que debe entenderse como que «no se distribuyeron entre los consumidores habituales». La información oficial no aclara exactamente si las dosis que mencionan fueron destruidas o si tuvieron otro destino.
Por último, la información oficial no puede ser más penosa en cuanto señala que «250 personas vinculadas al narcotráfico fueron puestas a disposición de la justicia. En tanto se trabaja en cientos de investigaciones abiertas en la provincia, dirigidas por distintos juzgados. También se desarticularon bandas de narcotraficantes con vinculaciones internacionales».
Veamos, si el número de procedimientos antidrogas llevados a cabo en la Provincia supera el millar y las investigaciones dirigidas por juzgados (se entiende por fiscales o por jueces) se cuentan por «cientos», solo cabe suponer que la Policía trabaja en un número importante de investigaciones «por las suyas y sin control judicial».
Decir, al pasar, que «también se desarticularon bandas de narcotraficantes con vinculaciones internacionales» supone que la lucha contra el narcotráfico que libra el gobierno provincial, en conexión con las autoridades federales competentes en la materia, está enfocada al pequeño traficante, al último eslabón de la cadena de distribución, y que la preocupación por meterle mano a las organizaciones criminales de mediana envergadura no forma parte de las preocupaciones de las autoridades salteñas, sino en una medida muy mínima.
Notitia criminis
Si el sitio web de denuncias que gestiona el gobierno (que alienta las denuncias anónimas) funciona sin problemas y da un buen trabajo a policías y a fiscales, cabe preguntarse por qué motivo no funcionan las denuncias que por vía web se repiten todos los días acerca de la existencia en Salta de asesinos que no han sido siquiera interrogados en relación con el sonado caso de las turistas francesas.Se preguntan los salteños también por qué una denuncia anónima efectuada en una web que las promueve puede tener más valor jurídico que una carta manuscrita en la que se señalan, con nombre y apellidos, hasta cinco personas que podrían haber tenido alguna responsabilidad en la violación y posterior asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Y cómo es posible que esta vía de investigación sea desechada de antemano por provenir de una fuente «anónima».
¿Es que en base al anonimato no se han desencadenado «más de mil» procedimientos antidroga? ¿A qué estamos jugando?