Cintia Pamela Calletti, qué duda cabe, podría haber brillado en el gobierno, si su jefe no le hubiera confiado la dirección de una cartera fantasma, desprovista de competencias sustanciales y carente en absoluto de historia. Las cualidades personales de la actual ministra seguramente han ayudado en alguna medida a que un ministerio, nacido de la nada, sin pasado y sin futuro, tenga cierta visibilidad en los medios de comunicación. Pero la verdad es que cuando la señora Calletti emprenda su marcha -algún día ello sucederá- detrás de ella no quedará nada. Habrá suerte si en la oficina que ocupa quedan los cuadros y las banderas de ceremonia. Su contribución a la identidad institucional de su ministerio ha sido más bien nula. Solo ha habido y sigue habiendo fuegos artificiales.
Bien haría el actual Gobernador o el que lo sustituya en clausurar esta oficina, que nada aporta a la gestión del gobierno y que, al contrario, sirve de escaparate permanente en el que exhibir su inercia, su perplejidad frente a las patologías sociales y su falta de capacidad para resolver los problemas.
Las competencias en materia de Justicia, que son mínimas, deberían volver al Ministerio de Gobierno, una cartera que no se sostiene ni se justifica ya con la publicación periódica del calendario de distribución de garrafas sociales.
En materia de Derechos Humanos, tal y como están las cosas, si quisiera el gobierno congraciarse con las minorías sexuales debería crear en el ámbito del Ministerio de Asuntos Sociales (o como se le llame) una Secretaría de la Diversidad, encargada de atender a una clientela cada vez más variada y exigente. Las mejores políticas de no discriminación hacia los colectivos desfavorecidos están ya resumidas en las leyes que nos rigen. El gobierno debería simplemente dedicarse a asegurar que se cumplan y no andar presumiendo de vanguardias que no ocupa en absoluto.
El principal derecho de las personas humanas, solo por debajo del derecho a la vida y el derecho a la libertad de conciencia, es la libertad de elegir. El gobierno provincial de Salta, que impone la educación religiosa en horarios y espacios curriculares de las escuelas públicas, y el que atenta contra el secreto y la seguridad del sufragio con su experimento de voto electrónico, es el enemigo número uno de los Derechos Humanos. ¿Por qué mantener entonces esta contradicción?
Antes que tener una cartera que lleve ese nombre, el gobierno provincial debería aprender a respetar los derechos y libertades fundamentales de la persona humana; empezando por reducir el número de agentes de policía y terminando por sancionar un régimen procesal penal y contravencional que otorgue el máximo de garantías a la libertad personal ambulatoria, y que no condene a los ciudadanos al peligro permanente de ser detenidos por no haberle caído bien al policía de la esquina.
Los salteños saltarían en una pata de alegría si el ministerio que hoy desempeña la señora Calletti, con acierto más que dudoso, se diluyera y se fragmentara en diez o doce oficinas, repartidas todas ellas en varios ministerios. En el ámbito del Ministerio de Gobierno se debería crear una Secretaría de Estado de Relaciones con el Poder Judicial y otra con el Poder Legislativo; entre otras cosas, para acabar de una vez con la mascarada de la «rígida» división de los poderes (que en Salta no existe, ni siquiera en la teoría constitucional) y para transparentar las comunicaciones que ahora y desde hace bastante tiempo se entablan por debajo de la mesa y de un modo espurio.
El gobierno no juzga (en eso consiste la separación de los poderes); pero su deber, en tanto que responsable de la dirección política del Estado, es asegurarse de que el Poder Judicial juzgue sin dilación los casos que más conmueven a la opinión pública. Así lo haría a la inversa el Poder Judicial cuando advirtiera que el Poder Ejecutivo se niega a gobernar. Y ello, sin mengua del principio de la separación de poderes.
Si se le pide al gobierno que reactive causas judiciales que no han sido resueltas, hay que saber que no se le está pidiendo que absuelva o que condene a nadie, pues pronunciamientos como estos no le competen; se le pide simplemente que cumpla con la responsabilidad política del Estado de perseguir las conductas criminales, y si el castigo de estas conductas depende de los fiscales y de los jueces, el gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que los magistrados cumplen con la misión que tienen asignada.
En suma, que más que pensar que la señora Calletti no ha honrado el cargo que desempeña, hay que pensar que este último no está a su altura ni a la altura de una persona con un mínimo de conocimientos en materia jurídica y política. Antes que tener ministerios inútiles y, para peor, mal gestionados, es preferible no tener nada.