Si hace unas semanas fue Jean-Michel Bouvier quien definió a Juan Manuel Urtubey como un ser frío, incapaz de sentir empatía, ahora le ha tocado el turno a Urtubey de devolver gentilezas y ha dicho de Bouvier que actúa movido, no por un impulso justiciero, sino por el dolor que provoca la muerte de un hijo.
Para el francés, el Gobernador de Salta es una heladera andante, un témpano vestido de Prada; mientras que para el Gobernador, el padre doliente, es un desquiciado cuyas razones no deben ser atendidas.
Entre medio de las pullas lacanianas lanzadas de un lado y del otro, se atraviesa una cuestión que no es de ningún modo intrascendente: Urtubey defiende que la justicia de la provincia que gobierna goza de una independencia exquisita, al nivel quizá de los tribunales noruegos o quizá más alto aún.
Según el Gobernador, él nunca ha llamado a un juez para decirle lo que tiene que hacer. Si esa es su idea de la independencia del Poder Judicial, el señor Bouvier se debe estar agarrando la panza de la risa; sin contar con la cantidad de salteños que deben estar haciendo ahora lo mismo. Nadie que designe los jueces a su antojo y a las medidas de sus intereses necesita decirle a los jueces lo que tienen que hacer. Los jueces ya lo saben de antemano. Estas son las reglas del juego.
Urtubey controla todos los resortes del Poder Judicial y esto lo sabe Bouvier desde hace mucho. Sabe también que si hay dos personas que tienen la máxima responsabilidad en el naufragio de la investigación judicial del caso y en el encarcelamiento a perpetuidad de un presunto inocente esas personas son Juan Manuel Urtubey y el Procurador General, Pablo López Viñals.
Pero esto de no llamar a los jueces es otra mentira más de un Gobernador urgido por las encuestas, que no terminan de decirle de una vez que ha hecho pie donde él desea.
La misma noche del 29 de julio, cuando fueron hallados los cadáveres mutilados de las turistas francesas, Urtubey dijo en la rueda de prensa que se vio obligado a presidir por la súbita caída del ministro Kosiner, que inmediatamente iba a llamar al juez de instrucción para decirle qué es lo que tenía que hacer. El juez Martín Pérez -diestro golfista- ya venía de antes, del gobierno de Juan Carlos Romero, avalado por un dato curricular poco menos que irresistible: su parentesco con el capataz de la finca del exgobernador.
Si la justicia es independiente en Salta, que vuelvan a preguntárselo al doctor Carlos Héctor Pucheta, un magistrado jubilado de intachable trayectoria que conoce perfectamente cuántos dientes tiene el peine.
Según la interpretación de Urtubey, todo lo que está sucediendo alrededor de este asunto no es sino la manifestación del duelo postergado de Bouvier, de su incapacidad de pasar página, a pesar del tiempo transcurrido. Pero con tres ADN aún sin identificar y con un testigo indirecto que afirma haber visto a las víctimas en compañía de miembros del gobierno, nadie se quedaría de brazos cruzados esperando a que la justicia de Urtubey dicte su inapelable veredicto.
Bouvier no es un ser destrozado por el dolor que habla incoherencias y que pide imposibles. Sabe perfectamente el terreno que pisa y viene obrando en el asunto con una precisión de cirujano y una astucia parecida a la de Napoleón. A Urtubey lo que le molesta de Bouvier es que, sin quererlo, les dé a los salteños clases magistrales de ciudadanía, en cada una de sus cartas, en cada uno de sus viajes, en cada uno de sus contactos. Al Gobernador no le entusiasman particularmente los ciudadanos libres, especialmente si son extranjeros.
Quien debe responder ante Bouvier no son los tribunales sino Urtubey. Él representa a los tres poderes del Estado y no puede meter la cabeza en un agujero escudándose en la división de poderes. No tiene derecho a tratar a Bouvier como un ser atormentado, sin antes dar respuesta a todas las cuestiones que le han sido planteadas desde la lógica más racional que se conozca. La responsabilidad del Gobernador de la Provincia es, en este asunto, así como en muchos otros, ineludible e inexcusable.
Por respeto a la memoria de esas dos jóvenes muertas, Urtubey debió guardarse su diagnóstico y respetar el dolor del padre, sin recurrir a la bajeza de descalificar sus argumentos. Su deber como Gobernador de la Provincia de Salta es el de que los poderes públicos den una respuesta puntual y satisfactoria, a la altura de las expectativas internacionales, sobre un asunto oscuro en el que después de casi seis años aún no se ha podido desvincular al poder político de los hechos y de su posible encubrimiento.
Sería vergonzoso para Salta que fuese un tribunal nacional o una autoridad internacional la que impusiera la racionalidad en este asunto. Como dijo Bouvier en París en diciembre de 2015, los pasos en falso que está dando Urtubey en este asunto en particular le van a costar su carrera presidencial.